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El viraje discursivo de Macri, motivado por las encuestas que buscan la simpatía momentánea de un sector del electorado, no logran ocultar los objetivos del PRO como partido de la derecha argentina y del pensamiento políticoeconómico del establishment local. Los cuestionamientos económicos del PRO (al “cepo”, al excesivo gasto público, a la inflación) encuentran un denominador común en “... esta locura hiperreguladora en que nos ha metido el kirchnerismo” que se expresa en una queja recurrente: el problema es la intervención estatal en la economía. Macri es parte de la clase que se ve perjudicada por el actual rol del Estado que, desde una lectura gramsciana, posee el predominio económico en la estructura, pero no la conducción política del proceso.

Para Macri esta intervención se refleja en el desaliento de la inversión y se soluciona con un Estado que deje de arbitrar el “partido económico” y permita que los capitales y los bienes fluyan libremente. De ese modo, habrá inversión, empleo y crecimiento. Pareciera una obviedad pero debe decirse: el Estado que “desregula” también interviene. Fue clara la intervención, en el marco de la desregulación, de un Estado garante del negocio privado en los 90, el cual impulsó el fraude de las AFJP, las privatizaciones y las bruscas devaluaciones, y que por ende confronta con el actual Estado regulador del desempeño económico, partícipe en el desarrollo, activo en la inversión pública y en el subsidio al consumo masivo.

El reiterado debate sobre “el rol del Estado”, sin precisiones sobre la actualidad económica argentina, puede parecer etéreo y no dimensionar la profundidad de esta cuestión. ¿Qué alcances tiene hoy la intervención del Estado en la economía? ¿Qué significaría hoy desregular? Resulta oportuno mencionar algunos ejes.

- Directores estatales en empresas. En el marco del conflicto del gobierno con Techint por su resistencia a incorporar a Kicillof como director estatal en la firma, el Jefe de Gobierno de la Ciudad dijo, en abril de 2011: “Si hay una ley que dice que no vas a ejercer más votos, que es del 5 por ciento, ¿por qué el DNU? En definitiva, [porque] se permite la injerencia política en la vida de las empresas”. Y agregó que “es el peor momento de la democracia”, “Argentina es imprevisible, no genera confianza y ahuyenta posibilidades de inversión”. Asimismo, a colación del reciente proyecto de ley que estipula que para la venta de acciones deben alcanzarse los dos tercios de los votos del congreso, el diputado nacional por el PRO Federico Pinedo, indicó “no se puede ser tan ridículo y tan antidemocrático”.

La mirada del PRO sobre esta cuestión subordina los intereses económicos de los trabajadores expresados en su participación accionaria a través de Anses al negocio privado financiero (con el riesgo de recrear un escenario de privatización ya experimentado en nuestro país en el decenio de 1990). Asimismo, el rechazo a la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE), condiciona la incidencia del Estado en la toma de decisiones en materia de planes de inversión, reinversión, remisión de utilidades, fijación de precios y conductas distorsivas de la competencia como fusiones y adquisiciones, variables altamente sensibles a las volátiles expectativas empresariales según el contexto local y con fuertes impactos en las cuentas externas de la economía.

- Anses vs. Pensiones Privadas. “Yo propongo subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en pedazos, para que entren fondos de pensión del exterior”, sostuvo el Ministro de Desarrollo Económico de Macri y ex gerente de Máxima de las AFJP, Francisco Cabrera, elogiando los modelos de pensiones privadas de México, Chile o Colombia. “La idea consistiría en vender en bloque las acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías. El dinero en efectivo para el FGS significaría un ingreso de divisas y se podría reinvertir con una estrategia de renta fija, ya sea deuda corporativa, papeles comerciales o hasta un bono de infraestructura”, propuso en octubre del año pasado en el Coloquio Anual de IDEA.

Se trata, en suma, de otro debate que gira en torno a la propiedad estatal de la Anses, y que tiene que ver con el rechazo al manejo público de los fondos de pensiones (que muchos reducen a la “plata de los jubilados”). Aquí están en juego planes fundamentales como Procrear que, en un contexto de recesión internacional, redireccionan los recursos desde la timba financiera hacia el apalancamiento de la economía; y como el Progresar y AUH, que garantizan derechos esenciales y fomentan el consumo.

- Ley de Regulación de las Relaciones de la Producción y Consumo. Macri indicó que “para generar empleo hay que generar confianza para que haya inversiones. Si hacemos leyes que no existen en ninguna parte, en países hermanos con los que competimos, lo que vamos a lograr con leyes que no son las habituales y asustan es que no haya inversiones, que haya más desempleo”. Describió además a la ley como “un mamarracho absoluto” e indicó “la vamos a derogar”.

Desandar esta ley implicaría desmantelar el Fuero del Consumidor, que postula el principio de protección al consumidor y el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, donde el consumidor puede lograr una audiencia con la empresa de cumplimiento obligatorio y permite además a la Secretaria de Comercio multar en caso de incumplimiento. Pero sobre todo, significaría terminar con la tarea del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios, que pugna por reconstruir los costos de la cadena de valor, identificando ganadores y perdedores para regular en favor de los últimos.

- Precios cuidados. En marzo de 2014 Hernán Lacunza, Gerente General del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que el programa Precios Cuidados “no sirve para nada”. Con efectos similares que una hipotética derogación de la “Ley de Abastecimiento”, la eliminación del programa implicaría terminar con la política de acuerdos de precios que ofician de “precios de referencia” para el resto de los productos, condicionar el accionar de la Secretaria de Comercio en los conflictos y limitar la posibilidad de modificar pautas de consumo a partir de información transparente.

- Leyes laborales. “Hemos creado tantas reglas y regulaciones en contra de la generación de trabajo que sometemos a aquel que quiera trabajar a que tenga que aceptar condiciones leoninas como el trabajo informal”, dijo el Jefe de Gobierno porteño en diciembre de 2014 en relación al proyecto de reforma de la ley de Contrato de Trabajo que proponía el kirchnerismo. Para Mauricio Macri los derechos de los trabajadores constituyen un obstáculo para la evolución de la economía: al “encarecer” el empleo inducen a la informalidad. El cuestionamiento pone en tela de juicio las casi 50 leyes laborales votadas en los últimos doce años, entre las que se incluyen la de Promoción del Trabajo Registrado, el Régimen Nacional de Trabajo Agrario y el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, entre otras. Además, un conjunto significativo de políticas como los Repro, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

- Paritaria. “Hay que reducir los costos, y los salarios son un costo más” clarificó Mauricio Macri, agregando “que cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace” porque de esa manera crecería la economía argentina. Por su parte, Rogelio Frigerio, asesor económico del PRO, subrayó que existe un cepo que evita que haya “negociaciones libres” en el ámbito laboral y que en caso de alcanzar la Presidencia de la Nación, la política del PRO respecto a las paritarias será dejar que se desarrollen sin la intervención estatal. El corrimiento del Estado supone garantizar que a la hora de la negociación “ganen” los que tengan más poder, es decir, los empresarios, eliminando el rol del Estado en la negociación tripartita: ser garante de los intereses del más débil. El razonamiento detrás de estas propuestas indica que la mano de obra debe ser barata (mínima medida en dólares), como un costo más en el proceso productivo. De este modo, la competitividad de las empresas no reside en su necesaria inversión en nuevos procesos, salto tecnológico o nuevos nichos de mercado, sino que la vía de generación del margen de ganancia es el ajuste del costo laboral.

- Política energética. Macri sumó a sus filas al ex secretario de Energía y ex ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, funcionario que acompañó a Domingo Cavallo en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Pero además incorporó al ex presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren, a quien señaló como “una persona valiosa y de esa calidad de personas vamos a armar nuestro gabinete, con gente que tenga trayectoria y prestigio. Eso nos va a ayudar resolver la pobreza en nuestro país”. El ex CEO fue denunciado por el gobierno nacional por desabastecer de gasoil como respuesta a la regulación de precios. Pero el hecho más claro fue su compra de dólares a 8,70 pesos en enero de 2014 cuando el valor de la divisa estadounidense era 7,30 pesos, como operación primaria de varias operaciones de compraventa de divisas por encima de los valores que en esos momentos regían en el mercado, con la evidente intención de subir la cotización.

En lo que respecta a la energía, se pone en juego el deseo privado de un negocio millonario. Desde esta óptica, la recuperación de YPF significó una herejía para los sectores del establishment económico local no sólo por la estatización en sí misma, sino también porque vino acompañada de la declaración del petróleo como bien público (ya no como commodity). Es decir, las reglas del mercado para este producto ahora están subordinadas al interés del conjunto de los argentinos.

- Control de divisas. Macri indicó: “A partir del 11 de diciembre no hay más cepo” y agregó “yo dejo flotar libremente el dólar. Van a sobrar dólares en la Argentina a partir de diciembre”. La idea de eliminar la regulación vinculada a la compra de divisas pone en juego dos cuestiones. Por un lado, refleja la inclinación constante de Macri por favorecer al sector históricamente fugador de divisas, al cual financiará con la “lluvia” de dólares resultante de la apertura (nada se menciona sobre los dólares fugados, que en las estimaciones más conservadoras, superan los 100 mil millones desde 2003 a la fecha). En segundo lugar, ya ha sido mencionado en distintas oportunidades que el “fin del cepo” implicaría una brusca devaluación en conjunción con medidas de apertura: “No podemos permitir la animalada de restringir importaciones”, complementa el líder del PRO. En este sentido, los “industriales” que ven con buenos ojos estas medidas deberían registrar que la liberalización del mercado de cambios no constituye un beneficio a la industria sino su directo perjuicio. La inmediata vía fácil para obtener competitividad como la alteración del tipo de cambio, encontraría certeros límites con una apertura indiscriminada, en claro favorecimiento al capital financiero.

- Modificación de la carta orgánica del BCRA. Afirmó Macri que “el presidente del Banco Central tendría que tener la dignidad de presentar su renuncia porque no reúne los requisitos profesionales para ese cargo. Es un militante”. También anunció una reforma de la carta orgánica de la entidad: “Vamos a tener un Banco Central independiente y todos vamos a volver a invertir en nuestra moneda”. Lo que sucede es que la modificación de la Carta Orgánica del BCRA en marzo del 2012, incluyó en su seno rupturas claves con el modelo de banca central anterior. Entre las atribuciones recuperadas se encuentra la posibilidad de orientar el crédito productivo y fomentar el crecimiento del empleo; la fijación de tasas de interés, comisiones y cargos de los préstamos, reduciendo el spread o ganancia por intermediación de los bancos; la potenciación de la capacidad de financiamiento hacia el Tesoro; y la habilitación del uso de reservas de ‘libre disponibilidad’, medida clave para garantizar el pago de los vencimientos de deuda, sin endeudamiento externo o ajuste fiscal. Las posibilidades derivadas de la reforma de la Carta Orgánica han permitido la implementación de políticas que protegen al ahorrista y promocionan el crédito productivo.

En síntesis, como indicó Carlos Melconian, principal asesor económico del macrismo: “Vamos a ser un Estado que no jode. Un estado facilitador, y la responsabilidad del crecimiento es del sector privado”. Un Estado que no jode significa desandar, entre otras, las medidas mencionadas. Esa es la magnitud del retroceso, que requiere de un corrimiento del Estado en la regulación económica

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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