En lo que va del corto trayecto de la actual campaña electoral por la sucesión de Néstor Kirchner, la candidata por el oficialismo ha reiterado en más de una oportunidad cuál sería uno de los ejes centrales de su gestión ante un eventual triunfo en las urnas. Acuerdo, Pacto o Diálogo social definió Cristina Fernández de Kirchner, con cada una de esas tres acepciones en diferentes tribunas, su proyecto de administración de las tensiones inherentes en la esfera de la economía. Esa propuesta fue presentada en el acto de su lanzamiento a la carrera presidencial, para luego repetirla frente a variados auditorios, siendo el último el conformado por el establishment agrupado en IDEA. Como referencia, resulta relevante un textual de Cristina, pronunciado en el Teatro Argentino, en La Plata: “... proponer un acuerdo: el Diálogo Social en la Argentina, en el cual tenemos una rica historia empresarios, trabajadores y la pata del Estado que redirecciona y garantiza las condiciones macroeconómicas de no endeudamiento, de superávit fiscal primario, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de reservas suficientes para evitar cualquier cimbronazo. Esas condiciones macroeconómicas no pueden ser solamente de un gobierno o de un presidente de turno, tienen que ser patrimonio de todos los argentinos, y tiene que ser institucionalizado”.

Los antecedentes más importantes de este tipo de acuerdos en la Argentina se remontan al Congreso de la Productividad, convocado en 1955, por el gobierno de Perón, y el Pacto Social, firmado el 8 de junio de 1973. Hubo a lo largo de la historia otros intentos en ese sentido, aunque menos notables que los mencionados, como el Consejo Económico Social, de 1946, o el Gran Acuerdo Nacional, del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. También se concretaron Acuerdos Marco de la CGT y UIA durante el gobierno de Carlos Menem, de flexibilización laboral y privatización de la seguridad social. Los resultados de esas experiencias no fueron muy alentadores.

La iniciativa en el último año del segundo gobierno de Perón fracasó por la pretensión de los empresarios de limitar los derechos de los trabajadores, a la vez la CGT impulsó aumentos salariales por encima del previsto. En tanto, el Pacto Social de José Ber Gelbard (gobierno), José Ignacio Rucci (CGT) y Julio Bronner (CGE) fue el más complejo, al ensayar el objetivo de constituir un programa económico y social integral, que incluía varios proyectos legislativos, como el impuesto a la renta potencial de la tierra, entre otros. Se estableció un compromiso que incluía el congelamiento de precios y un alza general de los sueldos en 200 pesos mensuales, tras lo cual se suspendían las negociaciones colectivas salariales por el lapso de dos años. Esas dos obligaciones fueron resistidas por las bases empresarias y sindicales: las primeras, con desabastecimiento; las segundas, intensificando el conflicto con reclamos de más aumentos de salarios y desbordando el liderazgo de las conducciones tradicionales.

El desafío no menor de Cristina Fernández de Kirchner, en caso de ganar las elecciones y en base a esas experiencias, es hacer viable el Pacto que propone. Más aún teniendo en cuenta las actuales particularidades de los protagonistas invitados. La convocatoria, tal como la ha expresado la candidata, no invita al debate ni a la propuesta de ideas sino a rubricar un contrato de adhesión de la actual política económica. La discusión de precios y salarios es un capítulo más y no el principal de ese acuerdo. La debilidad o la fortaleza, según como se evalúe, que tiene Cristina con su propuesta es la difusa representatividad de los principales actores (sindicatos y empresarios). La crisis 2001 no sólo hizo estallar por los aires a las estructuras políticas tradicionales. También afectó con intensidad a las organizaciones gremiales y patronales. Estas ya no son instituciones legitimadas en sus bases, además de existir una dispersión de su poder en otras entidades. En el ámbito gremial, la irrupción de la CTA y comisiones de delegados independientes enfrentadas a las cúpulas, por ejemplo, en subtes. En el empresario, además de la UIA, el establishment se congrega en IDEA y AEA, la banca en ABA y Adeba, y en el campo conviven desde la conservadora Sociedad Rural hasta la Federación Agraria que defiende los intereses de pequeños y medianos productores.

Las condiciones socioeconómicas también son sustancialmente diferentes a las que predominaron en esas experiencias pasadas. El mercado laboral se ha fragmentado y registra una marcada heterogeneidad, lo que implica una mayor complejidad en el objetivo de involucrar a la mayoría de ese universo en un pacto social. A la vez, la economía ha mudado a una elevada transnacionalización, con amplios sectores que han quedado en manos de compañías extranjeras, cuyo deseo de asumir compromisos en el marco de un Diálogo Social resulta de escaso a nulo.

En ese cuadro de situación, si Cristina no le adiciona a su iniciativa proyectos para la consolidación de un modelo de inclusión social, que implica no sólo el reclamo de un sello de respaldo a lineamientos generales de la economía sino el debate de reformas (por caso, del mercado financiero para atender un proceso de desarrollo, o la reformulación de los planes sociales, o el sistema de salud, o la administración de la renta energética), quedará como un pacto simbólico. O, en el mejor de los casos, como un instrumento para canalizar/disciplinar la discusión salarios-precios en un escenario que se presenta con un horizonte complicado.

Las expectativas inflacionarias se han acelerado más por torpeza del Gobierno que por los concretos motores de presión al alza de los precios. En la crisis del Indec no se discuten hoy metodologías, como Cristina Fernández de Kirchner expuso ante los empresarios de IDEA, sino la intervención grosera y poco profesional de la institución. Los intereses financieros, con su respectivo lobby, son evidentes, pero eso no habilita a destruir el Indec. Cuando una conducción está deslegitimada, como la actual del Instituto, cualquier iniciativa para reordenar el organismo, así como también para realizar la necesaria revisión de las respectivas metodologías de índices estadísticos, queda sin fuerza.

Si el objetivo de Cristina es empezar su eventual gobierno con la invitación a un Acuerdo Social, la actual administración Kirchner debería apurar la reconstrucción del Indec para que los indicadores recuperen rápida credibilidad. En caso contrario, cuando se reúnan gremios y empresas a esa mesa de diálogo, no habrá índices de referencia para ordenar la discusión salarial y la de precios. Si así sucediera, el Pacto Social correría el riesgo del naufragio o de constituirse en una cáscara vacía.

[email protected]