La estructura productiva desindustrializada y trasnacionalizada que fue el legado del período neoliberal –iniciado en la última dictadura y clausurado en las postrimerías de la crisis de 2001– consolidó como núcleos de crecimiento al sector financiero, a sectores agrarios concentrados y extractivos trasnacionalizados y a industrias intensivas en el uso de recursos naturales.

Para impulsar la reindustrialización de la economía argentina, desde 2003 las políticas públicas intentaron avanzar sobre la reconfiguración del mapa de poder económico. En este escenario, la megaminería integra un conjunto de sectores de difícil compatibilización con los objetivos de incorporar valor agregado y generar trabajo calificado.

Una interpretación es que atravesamos un momento de transición. Recién cuando la correlación de fuerzas y la capacidad económica generen las condiciones de posibilidad será posible promover la intervención de capitales nacionales –estatales y privados–, tanto en el impulso de los emprendimientos mineros como en la modificación de su paradigma extractivo.

Mientras tanto, profundizar el modelo de desarrollo actual debe pagar el precio de una herencia de un cuarto de siglo de políticas neoliberales. De esta forma, si la Argentina pone en manos de empresas trasnacionales canadienses, australianas y británicas la explotación de oro, plata, litio o potasio, no es porque se trata de un buen negocio para el país, sino porque se acepta que todavía no hay mejores alternativas. El futuro de los que acompañamos este proyecto es la apuesta perentoria a acortar el todavía.

La capacidad de nuestra industria de producir valor agregado, de exportar microelectrónica, satélites, materiales avanzados o biotecnología todavía no es la necesaria para transformar la matriz productiva. El esfuerzo hoy pasa por la generación local de tecnología para la sustitución de importaciones, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, al plan espacial, a los sectores nuclear y de telecomunicaciones, a emprendimientos como Y-Tec, al sector de la ciencia académica –en las universidades y el Conicet– que históricamente asumía una concepción universalista de la ciencia y que hoy comienza a reorientarse hacia la resolución de problemas sociales y económicos locales.

Por esta razón, hablar de explotación megaminera en la Argentina es un tema arduo. Requiere cautela, discusión y análisis de los marcos regulatarios, necesita estimar con todo el rigor posible la proyección de su impacto ambiental y social en el mediano plazo, así como evaluar la escasa potencialidad del actual modelo extractivo para generar encadenamientos productivos. También debe aceptarse que la modalidad de negociación del Estado con las trasnacionales mineras es muy perfectible y que hace falta una apertura del tema a la discusión social amplia.

Todo esto es lo que creemos que falta en el artículo publicado en este mismo suplemento el domingo pasado (“Riqueza minera”) por Luis Manuel Alvarez. Allí se detallan cinco proyectos mineros, de los cuales cuatro se pondrán en marcha el año que viene y “representan una inversión estimada de 9235 millones de dólares”, “cuantiosas inversiones” que se ejecutarán en cuatro años (2011/2014). El supuesto que parece implícito en este texto es la teoría del derrame. “Con la puesta en marcha y maduración de los proyectos mencionados, las exportaciones mineras están en condiciones de duplicarse en los próximos cuatro años, lo que redundará en cuantiosas divisas para el país.”

Al margen del sentido equívoco de la noción de “exportaciones” cuando se habla de recursos naturales sin elaboración que son canalizados por empresas trasnacionales que operan con la lógica de enclave –el nivel de explotación más elemental que caracterizó a las colonias europeas desde el siglo XVI–, parece claro que el único resultado final sean megacifras de inversiones extranjeras directas (IED).

Sólo digamos al respecto que el informe de la Cepal de 2011, “La inversión extranjera directa en América latina y el Caribe”, alertando sobre la primarización que está produciendo la IED en las economías de la región, sostiene que la IED no es un flujo unidireccional, que la renta que beneficia a los inversores –flujo saliente que el Gobierno se esfuerza por retener en el circuito económico local– es elevada. Este informe sugiere que “la región debe también privilegiar una IED con contenido tecnológico directamente asociada a potenciales beneficios en materia de diversificación productiva, transferencias de tecnología, innovación, creación de nuevas capacidades y ampliación de posibilidades de integración en cadenas de producción global”.

La precisión cuantitativa de Alvarez –presidente de la Cámara Minera de Catamarca– cuando se explaya en las inversiones extranjeras mineras se vuelve niebla al ensayar un nexo entre la masiva catarata de dólares y el actual proyecto de país. El saldo favorable de la balanza comercial, sostiene, “se verá acrecentado por la política de sustitución de importaciones implementada por la Secretaría de Minería de la Nación desde 2011 con resultados positivos”. ¿Cuáles? Precisión para la IED y vaguedad para la sustitución de importaciones es una elocuente jerarquización ideológica.

El sector minero debería mejorar la calidad de interlocución, dar señales nítidas de que se está esforzando por dejar de pensar como si estuviéramos en la década de los noventa y ofrecer algo más que flujos opacos de IED. Si la historia es la única fuente fidedigna de aprendizaje social, cabe la pregunta: ¿por qué razón esta vez va a ser diferente? Por ejemplo, los portavoces del lobby minero deberían explicar de qué manera el actual paradigma extractivo espera aportar al valor agregado de las exportaciones, a la construcción de cadenas de valor –con transparencia jurídica–, a la calidad de los puestos de trabajo, cuál es su aporte a un modelo de país sustentable.

Los procesos de desarrollo social y económico que intentan construir equidad y profundización democrática son multidimensionales y sistémicos. Así, como si el problema no fuera poco complejo, los límites a la posibilidad de una discusión social amplia de la cuestión minera no están desvinculados de la ausencia de una oposición política que no se preocupa por el tema, ni de los medios de prensa monopólicos y su política de distorsión de la información.

Indudablemente la minería es necesaria. No menos necesaria es la definición de su función social y económica, sus márgenes de ganancia, su escala y las tecnologías involucradas. Como dice Paul Ricoeur, “una democracia no es un régimen político sin conflictos sino un régimen en el que los conflictos son abiertos y son, además, negociables”. Hay que abrir al debate y negociar una minería compatible con el actual proceso de construcción de un modelo de desarrollo para las próximas décadas

* Secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología-Unsam