Desde la década del ’50 cuatro entidades gremiales se consolidaron conjuntamente como representantes del heterogéneo colectivo denominado “el campo”. Ellas son la Sociedad Rural Argentina (SRA), fundada en 1866 por grandes ganaderos pampeanos que luego se diversificaron a la agricultura, los servicios y las finanzas. La Federación Agraria Argentina (FAA), nacida en 1912 como emergente de las demandas de pequeños y medianos propietarios y arrendatarios (Grito de Alcorta). Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que desde 1942 reúne a un conjunto de federaciones regionales y sociedades locales, en su mayoría medianos o grandes productores, cuyo principal integrante es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Y por último, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), creada en 1958 para representar los intereses del cooperativismo agrario, que por su naturaleza representa un amplio espectro regional y productivo integrado mayoritariamente por pequeños y medianos productores.

Luego de las profundas transformaciones atravesadas por la organización de la producción agropecuaria desde fines de los ’70 la pregunta es en qué medida estas “4 entidades” pueden seguir siendo interlocutoras de las políticas públicas. Sin duda su etapa de mayor peso fue durante el auge de la industrialización sustitutiva y continuó hasta avanzados los ’80, pero la década del ’90 cambió la situación. Con la retirada del sector público y la desregulación económica, el antagonismo campo-Estado perdió relevancia. Los que fueron los ejes de la disputa por la rentabilidad sectorial durante medio siglo –principalmente las retenciones a las exportaciones, el nivel del tipo de cambio y los precios sostén– dejaron de existir o de formar parte de la agenda pública.

A ello se sumó otra transformación sustancial. Lo que el sociólogo Guillermo Neiman sintetiza como pérdida del “triple rol estratégico” del campo: como proveedor de divisas, de recursos fiscales y de bienes salario. En consecuencia, las 4 entidades dejaron de estar en el centro del debate económico, a la vez que oficinas públicas como la de Agricultura declinaron en el organigrama estatal.

Pero mientras las organizaciones gremiales empresarias perdían peso, el campo vivía una transformación revolucionaria. Durante la pasada década producción y exportaciones se duplicaron potenciando la demanda de insumos y maquinaria. La clave fue el cambio tecnológico y la concomitante concentración económica. La generación y distribución del excedente agropecuario cambió radicalmente y la inflación y las devaluaciones dejaron de cubrir algunos retrasos organizacionales en las explotaciones. Las entidades existentes debieron reestructurarse, en particular las de origen cooperativo que asistieron a la virtual desaparición de parte de sus bases. Al mismo tiempo surgieron o se consolidaron nuevas entidades más específicas identificadas con la búsqueda de una mayor eficiencia microeconómica, como puede ser el caso de Aapresid, o los grupos CREA. O bien, del otro lado del espectro, con evitar quedar afuera del sistema, como fue el caso del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha.

Pero la devaluación de 2002 generó las condiciones para que el antagonismo Estado-corporaciones agrarias regrese al centro de la escena. Según sostiene Neiman, “discursos y acciones que se daban por perdidos en el tiempo de la historia” volvieron a presentarse con “una frescura inusitada”. La pregunta es si el regreso es sólo coyuntural o llegó para quedarse. Cualquiera sea el caso, los cambios sucedidos en la producción son estructurales y será difícil reproducir en el presente las viejas prácticas de representación.

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