El Gobierno sostiene que el salario mínimo es un eficaz instrumento para influir en el ingreso de los trabajadores. Esto es falso e ignora la realidad laboral argentina. Sobre una fuerza de trabajo urbana de 15.835.436 personas, el 60,2 por ciento revela distintos niveles de precarización. Así, 4.847.252 son asalariados no registrados, 2.652.440 son cuentapropistas de subsistencia y 1.872.486 son desocupados. Por lo tanto, la estrategia de fijar el salario mínimo impacta sobre el universo de los asalariados registrados (38,5 por ciento del total). Sin embargo, el Gobierno insiste en su obcecada tesis y dice que la fijación del mínimo salarial es referencia para los trabajadores que están en negro. Los datos no le dan la razón.

En 10/2001 los no registrados percibían un salario que representaba el 45,9 por ciento del de los registrados. En 5/2003, previo a los aumentos del salario mínimo y en el contexto de crecimiento del empleo, la relación mejora y los no registrados perciben el 48,5% del ingreso de los registrados. Luego, en el 2º trimestre del 2004, la relación se deteriora (representan el 42,2%) e incluso esto se profundiza en el 2005 y en el 1º trimestre del 2006. Momento en que el salario de los no registrados se ubica en un 36,8%. Es decir, la relación mejoró cuando no había política de salario mínimo y empeoró luego de su aplicación.

Si vemos la evolución de los salarios desde 10/2001 para acá, mientras el promedio de los registrados creció un 80,7%, el de los no registrados lo hizo un 44,7%. Si tomamos 5/2003, los porcentajes son 77,9% para los que están en blanco y 35% para los que están en negro. Es decir, la brecha entre unos y otros se amplió entre un 24,8% y un 31,8%. Es más, las tendencias descriptas nada tienen que ver con el incremento del 215 por ciento que el salario mínimo exhibe desde el 2003 hasta el 2005. Situación que ratifica que la evolución de los salarios (blancos y negros) está gobernada por la recuperación de la actividad económica, y no por la política oficial de salario mínimo.

Asimismo, la información disponible permite saber que del total de ocupados, 7.291.163 (el 49,7% del total) ganan menos que el mínimo y que de ellos, 5.213.032 son asalariados. Por lo tanto, si definimos salario mínimo como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo”, queda claro que la citada institución aparece brutalmente vulnerada.

Lo expuesto no implica cuestionar el uso de la política de salario mínimo. Sólo señala que es insuficiente y que debe inscribirse en una política general de ingresos, que privilegie acciones públicas de alcance universal para todos de los trabajadores. Sólo así tendremos una efectiva política de redistribución progresiva y dejaremos de convalidar el patrón de desigualdad que se construyera durante la crisis del 2001-2002, y que hasta hoy se mantiene como fundamento del régimen económico. En concreto, luego de tres años de recuperación a tasas del 9% anual, los ingresos populares representan el 26,7 por ciento del total del producto cuando en el 2001 eran el 32,5 por ciento. Para colmo, en la última definición sobre salario mínimo, el Gobierno, en abierto acuerdo con los grandes empresarios, “esterilizó” el impacto que este podría tener induciendo el alza de los convenios colectivos de trabajo. Como las categorías más bajas del conjunto de los convenios ya cerrados se ubicaban en 803 pesos, el salario mínimo, en noviembre, apenas será de 800 pesos.

* Economista y diputado nacional