[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Ella está “e-na-mo-ra-da”, como dice la canción y ya se sabe que en una sociedad patriarcal, a una mujer enamorada se le debería perdonar todo. O mejor dicho, que cuando el machismo arrecia, ser una tonta por amor es entrar en el estereotipo. Aun así, esta vez, derrapó feo, al hacer justamente lo contrario de lo que debería. Es que la notoriedad de Laura Alonso se forjó cuando era presidenta de Poder Ciudadano, una ONG que lleva “25 años promoviendo la participación ciudadana contra la corrupción”. Pronto comenzó a militar en el PRO pero siempre el eje de su presencia pública estuvo relacionada con revelar trapisondas de funcionarios del gobierno anterior. Algunas de sus denuncias estaban flojitas de papeles, como la que hizo por espionaje a personajes públicos pocos días antes de las elecciones.

La identificación de Laura Alonso con la lucha contra la corrupción hizo que el gobierno de Mauricio Macri modificara los requisitos para ocupar el cargo ya que ella, que es licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad de Buenos Aires, no estaba en condiciones de asumir porque hacía falta ser abogada.

Y así, Laura Alonso construyó laboriosamente su perfil de adalid de la transparencia en el Estado. Claro que una cosa es ir a los canales de televisión, como opositora, y defenestrar a funcionarios y allegados. Otra es creer en esos valores, sea quien sea el que los burle. De las pruebas, claro –entonces y ahora–, deben encargarse funcionarios judiciales.

El doble estándar para evaluar conductas públicas tiene millones de cultores en la Argentina. Que la titular de la Oficina Anticorrupción sea una de las principales voceras de ese mecanismo que cuestiona en unos lo que justifica en otros significa, al menos, una fuente de inseguridad para buena parte de los argentinos que no ponen, como ella declaró hace un par de años, “las manos en el fuego” por el presidente, uno de los 12 jefes de Estado del mundo denunciados en la investigación global Panamá Papers por cuentas off shore.

Ella se apresuró a defenderlo: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”, salió a decir raudamente por twitter la funcionaria que debería investigar por qué, y cómo, Macri es director de esas empresas. Los cuestionamientos llovieron desde el propio Cambiemos y el Frente para la Victoria denunció penalmente a la funcionaria. Y si bien la operación de desligitimación pública de cualquier persona que haya formado parte del o simpatizado con el gobierno anterior es feroz, también resulta difícil que Laura Alonso pueda sostenerse en el puesto.

Es que a ella le importa la corrupción, pero más le importa Mauricio Macri. En la misma entrevista de la revista Noticias, en febrero de 2013, Alonso confesaba que “se enamoraría” del actual presidente, si no fuera porque él estaba casado y ella en concubinato. Y aunque el amor es una cosa de ella, por supuesto, es curioso que quien ahora debe representar los intereses de la sociedad dijera hace tres años que “el caso de Fino Palacios (las escuchas ilegales por las que fue procesado Macri cuando era jefe de gobierno) no tiene que ver con corrupción”. Así, sin ruborizarse, circunscribió lo público al dinero. “Cuando hablo de honestidad e integridad me refiero a cómo uno se maneja en la función pública. La definición de corrupción está muy clara en Transparencia Internacional, es ‘utilizar lo público en beneficio privado o en beneficio propio’”.

Y después de que ella defendió a su jefe político, Poder Ciudadano le marcó claramente la cancha: “Señalamos la necesidad de que los organismos de control se circunscriban a llevar adelante sus funciones con objetividad e imparcialidad. Entendemos que este debe ser el objetivo del nuevo gobierno y los actuales funcionarios de estos organismos”, expresó la ONG.

Es que el concepto de corrupción de Alonso está sesgado. No ve, por ejemplo, contradicción entre ser diputada nacional y recibir fondos de organizaciones vinculadas con Paul Singer, ni le molesta que las directrices públicas de las políticas se definan en Estados Unidos. Eso sí, cuando New York Times habla de la gravedad de la acusación contra el presidente argentino, prefiere mirar para otro lado.