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Cuando se habla de la violencia política en Colombia, lo más visible son los secuestros, y un rostro: el de su figura insigne, Ingrid Betancourt. Pero hay una consecuencia mucho más desoladora y colectiva de esa violencia, un dolor que se multiplica en cientos de miles de cuerpos, y son las poblaciones desplazadas de los territorios ocupados por los distintos grupos armados del país. A Bogotá cada día llegan 45 familias corridas de su lugar de residencia. “Allí se genera una situación muy grave, cuyas principales víctimas son mujeres y menores de edad. Además, porque hay sobre todo mujeres negras e indígenas. Llegan a las ciudades, que es un medio absolutamente diferente, no saben escribir. Eso hace que sea muchísimo más crítica la violencia ciudadana que sufren”, detalla Marta Sánchez, secretaria de Mujer y Género del Ayuntamiento de Bogotá. La funcionaria colombiana estuvo en Rosario para el seminario internacional Espacios Públicos, Convivencia Ciudadana y Seguridad, donde expuso la experiencia que se desarrolla en uno de los municipios en que se divide la capital, llamado Suba, de alrededor de un millón de habitantes, la séptima parte de la población total de la ciudad.

¿Por qué la mayor preocupación pública sobre la violencia en su país está puesta sobre los secuestros, en lugar de enfocar a las poblaciones desplazadas? La respuesta de Sánchez no deja lugar a dudas. “Es un problema de los medios de comunicación, tú sabes cómo mueven las opiniones”, indica, pero también señala una “paradoja muy particular que se genera con las mujeres que pertenecen a esas poblaciones desplazadas. Como vienen de medios rurales, nunca han escuchado hablar de derechos. Vienen víctimas de desplazamiento pero llegan a escuchar por primera vez que tienen derechos, porque siempre han sido absolutamente vulneradas y desconocidas en el medio rural, donde es mucho más fuerte la discriminación de género”, cuenta sobre la experiencia que desarrollan con estas poblaciones.

Bogotá tiene un plan de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, elaborado en 2004, que abarca hasta 2016, pero en este momento está siendo reformulado, y justamente uno de los aspectos que se reforzará será el trabajo con estas poblaciones desplazadas. “Este tema tiene que quedar muchísimo más visible. Precisamente, porque nosotros sabemos que siempre en todos los sectores donde hay conflicto se exacerban las violencias contra las mujeres, que son tomadas como armas de guerra. Es una realidad que estamos viviendo, que no tiene visos de acabarse muy pronto y que el distrito debe atender desde la política publica”, señala Sánchez. “A ti te desplazan y es lo mismo que los exiliados. Pierdes absolutamente todo. Tienes tu familia, tus raíces, tu red social, tus propiedades. Te dejan sin nada. Llegas con lo que llevas puesto. Entonces, es una situación muy complicada”, agrega para dar una idea del drama social que significan los desplazamientos.

Y claro, vulnerables significa más expuestas a las peores situaciones. “Hay un índice mucho mayor de violencia contra las mujeres en situación de desplazamiento, que se puede dar por el hacinamiento, con una afectación particular de las mujeres, tanto a la violencia sexual como a la violencia intrafamiliar. Y también en el espacio público, porque viven en zonas muy marginales donde el tema de seguridad es bastante delicado.”

Sánchez llegó a Rosario a contar sobre la marcha de la experiencia del programa regional “Ciudades Sin Violencia Hacia Las Mujeres:

Ciudades Seguras para Tod@s”, que desarrollan el Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de Naciones Unidas, Unifem, la Red Mujer y Hábitat y Aecid en tres ciudades de América latina: Bogotá, Santiago de Chile y Rosario. En las tres localidades se realiza con el gobierno local. “El programa en la localidad de Suba incluye formar social y políticamente a un grupo de liderezas, identificar lugares inseguros por las mujeres, hacer diferentes recorridos, mapeos y desarrollar acciones con autoridades del nivel local para intervenir. Pero en el nivel distrital también tiene otros componentes de incidencia política, lo hemos trabajado directamente con la Secretaría de Gobierno, lo que tiene que ver con la autoridad, el sistema de seguridad y convivencia, las estadísticas para que todos los temas de violencias contra las mujeres se registren y se les haga suficiente seguimiento. Ese es uno de los derechos que está dentro del plan de igualdad de oportunidades”, detalla la funcionaria colombiana.

Como la construcción de la opinión pública es compleja, también cuando se habla de violencias, lo primero que aparece es aquélla ejercida en el espacio público y es mucho más arduo hacer visible la otra violencia, la que se desarrolla puertas adentro, que las mujeres tienen posibilidades mucho más ciertas de sufrir. “Uno de los principales temas es poner la violencia de género como un asunto de agenda pública. Así como los gobiernos se preocupan por disminuir las violencias de alto impacto que son las que más sienten las ciudadanías, el robo de carros (autos), los atracos; nosotras trabajamos para que también se registre diariamente lo que está sucediendo tanto en el espacio público como el privado”, señala como uno de sus desafíos de gestión, el mismo que atraviesan todas las funcionarias de las Areas de la Mujer en América latina. Sin embargo, evalúa que existe una mayor conciencia, siempre sesgada. “En el espacio privado se le da un énfasis muy fuerte a la violencia intrafamiliar, pero no tanto a la violencia sexual que sucede al interior de los hogares y mucho menos a la que sucede por fuera. Entonces, lo que se ha hecho a través del programa, pero también en otras acciones, fue poner en evidencia estos diferentes temas, hacer la identificación, trabajar directamente con las autoridades”, relata, y cuenta: “Tenemos un programa que es muy importante, que es el de justicia de género, que es para realmente darle acceso a la Justicia a las mujeres, porque consideramos que no solamente se llega con denunciar, sino que tiene que haber un acompañamiento para que no haya impunidad frente a los diferentes temas que tienen que ver con las violencias, tanto en el espacio público como en el privado”.

Las acciones contra la violencia fueron impulsadas antes por la sociedad civil que por el Estado en toda América latina. Y también en Bogotá. Sánchez reconoce que las organizaciones del Movimiento de Mujeres son esenciales para poner el tema en la agenda. Una de las estrategias más efectivas fue el silbatazo. “A determinada hora, que generalmente es el mediodía, se sale a una jornada de silbatina alrededor de las alcaldías municipales y en el centro de la ciudad, a pitar, diciendo que no te calles ni en la casa ni en la calle, que nada justifique la violencia contra las mujeres. Fue un símbolo que empezamos a mover para que las mujeres cuando están siendo víctimas de un hecho de violencia silben. Uno muchas veces no puede gritar, no puede hacer, pero si tienes tu pito, en una calle oscura... en algún sitio, empiezas a pitar, que eso da el alerta inmediatamente a las otras mujeres, de que algo está sucediendo. Es una de las campañas que tienen mayor recordación en las mujeres, y que es un instrumento. Hemos repartido muchísimos pitos, y digamos que ha sido utilizada por las mujeres de muchísimos barrios, sobre todo de los barrios populares”, relata sobre esta herramienta de alerta frente a la violencia callejera. De hecho, las denuncias aumentaron, aunque Sánchez admite que –como en toda América latina– “no se sabe si es porque han aumentado las denuncias o ha aumentado la violencia”.

El aumento de las denuncias significaría, también, una mayor visibilidad. Y a eso apunta Sánchez, a permear todas las acciones públicas de la alcaldía de Bogotá de una mirada de género. Luego de una larga pelea, su secretaría pasó a depender de Planeación, donde se definen las políticas para la ciudad. Era la manera de tener una influencia transversal en todos los programas gubernamentales. De hecho, la perspectiva de género se incluirá en el sistema integrado de transporte público que se está diseñando en Bogotá. En ese sentido, la funcionaria reconoce los avances que se lograron en la actual gestión del alcalde Samuel Moreno Rojas, del Polo Democrático Alternativo, un gobierno de continuidad con el alcalde anterior, y de un signo político bien diferente al del presidente Alvaro Uribe, quien hizo campaña en contra del actual alcalde para las elecciones de 2007.

Aunque subraya que se trata de un gobierno distrital que atiende los derechos humanos, Sánchez también admite que es complicado incidir en los presupuestos. “Sigue habiendo una presunción de neutralidad en todos los temas. En el tema de seguridad y convivencia hemos tenido un avance muy significativo porque la secretaria de Gobierno, Clara López Obregón, se ha comprometido mucho con nosotras. Es significativo pero no quiere decir que sea el desembolso de los recursos suficientes para atender una problemática de este tipo. No sé, sueñas con campañas gigantescas, con acciones realmente inmediatas, pero desafortunadamente es un proceso. Estamos en ello, pero los avances no son tan acelerados.”