[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Según médicos uruguayos, el misoprostol, un abortivo autogestivo, barato y eficiente, “es una revolución tecnológica que baja las complicaciones y muertes por aborto en todo el mundo, porque permite que las mujeres puedan hacerse en sus casas por sí mismas un aborto seguro durante el primer trimestre del embarazo”.

En Uruguay, la tasa de mortalidad y complicaciones causadas por abortos inseguros bajó prácticamente a cero en 2 años a partir de que el Poder Ejecutivo escaló a nivel nacional una política sanitaria implementada en el Hospital Pereyra Rossel de Montevideo: brindar atención de calidad e información sobre misoprostol a las mujeres antes del aborto y atención durante y después. De esta manera se logró además erradicar las clínicas clandestinas de aborto y métodos caseros inseguros. A pedido de los diputados Horacio Alcuaz (GEN), Liliana Parada (Movimiento Proyecto Sur), Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur), el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa sobre justicia social, mortalidad materna y aborto con misoprostol basada en la experiencia del hermano país.

La Comisión de Legislación Penal es el que tiene el puntapié inicial del trámite parlamentario sobre los proyectos para legalizar el aborto: antes de poder ser tratados por otras comisiones y por la Cámara en pleno, deberá contar con un dictamen favorable de legislación penal. Por ese motivo, los expertos internacionales Rodolfo Gómez Ponce de León (médico ginecólogo, doctor en Medicina y master en Salud Materno-Infantil), Hugo Rodríguez Almada (médico especialista en medicina legal, profesor de la

Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Uruguay, ex miembro de Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo) y Rafael Sanseviero (investigador, ex diputado nacional del Uruguay, ex coordinador de programas médicos de reducción de riesgos y daños por aborto inseguro, integrante de la Red Uruguaya de Autonomías - RUDA) mantuvieron un diálogo con Las 12 y explicaron la experiencia oriental.

¿Cómo logró Uruguay bajar casi a cero la mortalidad causada por abortos inseguros?

–Es parte de un proceso. Quienes investigamos las causas sociales inmediatas de la muerte por sepsis post-aborto de algunas de las mujeres que fallecieron, encontramos en todos los casos los mismos episodios de violencias, soledades y abusos que caracterizan las trayectorias de otros miles de mujeres que abortan y sin embargo no mueren. Un rasgo común hasta 2001 a todas las situaciones de ese tipo, sea que derivaran en muertes o problemas graves de salud, o quedaran como una inscripción dolorosa en la experiencia vital de las mujeres, era el alto nivel de violencia institucional hacia las mujeres en situación de aborto que se desplegaba desde la agencia de la medicina (estigmatización, cultura institucional de rechazo, atención basada en el maltrato y la culpabilización y/o prescindencia del médico tratante, por resumir apretadamente tres niveles clave). El gran cambio que se produjo a partir de 2001 fue que a la sociedad civil y a los actores políticos que demandaban una revisión legal (despenalizar el aborto) se sumó formalmente el discurso de conjunto de agencias clave de la medicina (Facultad de Medicina, Sindicato Médico, Sociedad Ginecotológica). En conjunto formularon una propuesta asistencial que legitimó a la mujer que había abortado o necesitaba hacerlo. Eso se plasmó en una Ordenanza del Ministerio de Salud Pública (en 2004) y luego en una Ley Nacional (en 2008) que establece la obligación de brindar atención e informar sobre los métodos menos inseguros para practicarse un aborto. Explícitamente se menciona el misoprostol entre los métodos “seguros” sobre los que debe informarse, y también explícitamente se prohíbe prescribirlo y, más aún, administrarlo.

Las preguntas inmediatas son: ¿se cumple esa ley? ¿Influye de alguna manera en la práctica concreta del aborto? ¿Se puede atribuir a estas normas una incidencia directa en la no ocurrencia de muertes por esa causa?

–A la primera y tercera preguntas diría que no: la consulta de asesoramiento no se cumple en la mayoría de los centros de atención del país y, de acuerdo con diferentes investigaciones, el conocimiento que tienen las mujeres que concurren a los centros de atención de salud sobre la existencia de esos servicios es prácticamente inexistente. No lo conocen ni utilizan, salvo en una proporción mínima. Los promotores y animadores de esa propuesta (Iniciativas Sanitarias) informan sobre la existencia de alrededor de 2 mil consultas anuales, lo cual representaría alrededor de 6 por ciento de las mujeres que abortarían anualmente, en caso de mantenerse los valores estimados por nosotros para el año 2000 (33 mil). Sin embargo, hay evidencia de la importancia que ha tenido este conjunto de normas sanitarias, y especialmente los discursos que las fundamentaron, en la generación de un escenario público y privado más amigable y habilitante para la gestión de los abortos por parte de las propias mujeres. Hay evidencia (surgida de la investigación) del efecto multiplicador que tienen las redes femeninas (informales e inestables) donde circula la información sobre cómo abortar, tomando como base los discursos públicos que tienen como centro el misoprostol, ya sea para legitimarlo o para informar sobre el modo de su uso. Es muy frecuente que cada mujer que concurre a un centro de atención de salud sea replicadora de una experiencia exitosa (en caso de haberla tenido).

Sabemos que el miedo a veces es el mayor escollo. ¿Puede usarse el misoprostol sin asesoría médica?

–Las mujeres lo usan sin asesoría médica directa y obtienen buenos resultados. ¿Es esto lo ideal? Supongo que no. Pero el problema hoy por hoy no es la falta de asesoría que se puede obtener entre pares, de Internet, de líneas telefónicas como las que hay en la Argentina o, en el caso óptimo, en los servicios adecuados en los centros de salud; el problema es el acceso en forma oportuna. Y ésta es la gran limitación que se mantiene en Uruguay, ya que los servicios de salud, aun los más comprometidos con este tema, mantienen una conducta estrictamente apegada a la letra de la norma: no prescriben, ni mucho menos recetan, algunas veces informan acerca de dónde puede obtenerse el fármaco (en circuitos marginales) y no pocas veces han denunciado a las y los proveedores de esos circuitos... Por eso hablamos de un proceso, tampoco es que tengamos nada totalmente resuelto.

¿Hay alguna idea de poner, sin intermediarios, esa información al alcance de las mujeres que la necesitan?

–Conozco algunas prácticas de grupos muy informales, pero eficientes... naturalmente con alcances limitados y un margen de riesgo para quienes lo integran bastante desproporcionado a los resultados. No conozco otras iniciativas de mayor proyección. Es una lástima, porque el nivel de legitimidad que adquirió este asunto habilitaría ser más audaces. Creo que nos juega en contra ser una sociedad muy amortiguadora de los conflictos... Obvio que siempre sobre el pellejo de quien tiene menos poder; en este caso, la mujer en situación de aborto.

¿Qué pasa con la venta clandestina, por ejemplo por Internet? ¿Qué riesgos existen?

–Supongo que el riesgo de estafa es el más importante. Que conlleva un riesgo de salud, para el caso de que el fármaco estuviera adulterado... No conozco casos y creo que no son muy probables, ya que la Internet constituye esencialmente un sistema de confianzas mutuas que, si se rompe, rápidamente se producen los efectos de castigo. En cualquier caso, el aborto clandestino siempre es una situación de riesgo para la mujer, y las mujeres administran esos riesgos, que están en conflicto con el otro gran riesgo... ser madres forzadas, si no pueden abortar.

¿Cómo se encuadra el uso de misoprostol dentro la legislación uruguaya?

–Es un medicamento cuyo uso está limitado. A nivel intrahospitalario para uso obstétrico, hay un protocolo muy exigente de responsabilidades funcionales. A nivel comunitario, sólo se puede entregar con receta. Pero se consigue y funciona.

DE ESTE LADO DEL CHARCO

Además de la puesta en conjunto de las experiencias uruguayas, el grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto de la Argentina, por intermedio de la vocera Verónica Marzano, recordó que las claves para que sea seguro el uso de misoprostol en casa para abortar son: 1) Que sólo es seguro para un aborto fuera del hospital durante el primer trimestre de embarazo; luego, la mujer debe estar internada para que el aborto sea seguro. 2) Que tenga acceso a tiempo al medicamento. “Las restricciones para el acceso al medicamento en la Argentina pasan por su alto precio y su no disponibilidad en los programas estatales de medicamentos gratuitos. Si una mujer quiere abortar desde la semana 9 de embarazo en adelante, cada semana que pasa aumentan los riesgos para su salud. Mejorar el acceso al misoprostol para que las mujeres accedamos a tiempo es una gran deuda en la política pública de acceso a la salud de las mujeres.” En cuanto a la atención post-aborto, se recomienda una consulta médica simple para confirmar que todo esté bien, y que haya amplia disponibilidad de servicios de urgencia por si se presentan complicaciones.

“Es indispensable implementar el enfoque de derechos humanos en la atención de salud de las mujeres, dar una respuesta de salud adecuada al hecho de que las mujeres abortamos de manera clandestina por lo menos dos veces a lo largo de nuestra vida. Esta es al principal conclusión de una encuesta respondida desde febrero hasta abril de este año por 291 médicas/os de atención primaria de la salud de 19 provincias. A partir de esto se creó la Red Contra el Aborto Inseguro en la Argentina, que trabaja para garantizar la confidencialidad de la consulta médica y la calidad de la atención, pero también y fundamentalmente para que la consulta por aborto sea oportuna”, remarcó Marzano a este medio y subrayó que, en varios sectores de atención pública, la confidencialidad no existe y que, por lo tanto, “afecta principal y desproporcionadamente a las mujeres indigentes y pobres”. Sin embargo, en la región, alrededor del 90 por ciento de las denuncias contra mujeres que abortan de manera ilegal son hechas por médicos de hospitales públicos que violan el secreto profesional.