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“La sociedad reclama que se debata la interrupción voluntaria del embarazo”, opinó la diputada nacional Cecilia Merchán. En el sitio de Internet de Clarín.com se preguntó “¿Piensa que debe iniciarse un debate para legalizar el aborto?” y la respuesta fue contundentemente positiva, aunque –llamativamente– no se publicó en la edición en papel. “Si bien hay que tomar con pinzas las encuestas digitales, el hecho de que un 71 por ciento, entre más de 15.000 votantes, apruebe la necesidad de debatir la legalización del aborto muestra a las claras que la sociedad no solo está lista para discutir este tema, sino que además lo está reclamando”, analizó Merchán.

Mientras que en su visita a la Argentina, el médico, ginecólogo y obstetra chileno Aníbal Faúndes expresó: “Penalizar el aborto no resulta eficaz para disminuir su incidencia y es socialmente injusto. Castiga a las más vulnerables”. El experto disertó durante el debate “Hacia una nueva legislación sobre aborto”, realizado en el Congreso de la Nación, el 24 de agosto, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, una articulación de más de 280 organizaciones sociales que presentó, el 16 de marzo de 2010, un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que cuenta ya con el aval de 47 diputadas/os de diferentes partidos.

“De hecho, la restricción existente no ha servido para disminuir la cantidad de abortos ilegales y los daños consecuentes en la salud de la mujer”, puntualizó el médico. Además dio cifras concretas de cómo la legalización de la interrupción del embarazo no aumenta los abortos sino que los disminuye. Para refrendar esta afirmación comparó la tasa de abortos, por cada mil mujeres en edad fértil, en países que sí lo permiten como Holanda (6,5), Bélgica (6,8) y Alemania (7,6), contra tres situaciones restrictivas en Latinoamérica, Colombia (36,3), Venezuela (40,8) y Chile (50).

Pero, por supuesto, la clandestinidad del aborto marca la inequidad en el cuerpo de quienes se desesperan y tienen que recurrir a prácticas riesgosas. “Sólo acceden a prácticas médicas seguras aquellas mujeres que pueden pagarlas. De esta manera, la mujer de bajos recursos no tiene a su alcance métodos anticonceptivos, y está expuesta a tratamientos riesgosos de interrupción del embarazo. Si el aborto fuera legal se reducirían drásticamente los daños graves y fallecimientos frecuentes que derivan de esta situación, y se la podría asesorar para que no repita la situación”, remarcó.

Mientras que en América latina y Africa la tasa de aborto inseguro es de 29 por cada 1000 mujeres fértiles, en Europa oriental, donde no está penado, es 6 y en Asia, 11. “Esto determina que el aborto inducido deba ser encarado como una problemática de la salud pública –apuntó–. Ya que entre el 13 y el 30 por ciento de las muertes maternas, en Latinoamérica, son causadas por abortos inseguros.”

Faúndes explicó la disparidad de géneros que provoca el riesgo del aborto clandestino cuando las mujeres se embarazan por causas que ellas no pueden manejar como “violaciones, falla de los métodos anticonceptivos, desinformación, razones económicas, etc. Y mientras ellas son penalizadas, procesadas y hasta enviadas a prisión, por la interrupción del embarazo, los hombres necesariamente implicados no tienen castigo en la mayoría de los casos, tampoco exponen su salud a situaciones riesgosas, ni son excomulgados”.