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El 28 de septiembre fue el día por la despenalización del aborto en América latina. Y desde la Fundación Estudios e Investigación de las Mujeres (FEIM) insistimos en que mejorar la salud de las mujeres implica debatir la despenalización del aborto.

La Argentina está aún lejos de lograr la meta de mejorar la salud materna, uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que en el año 2000 los países se responsabilizaron a cumplir en 2015 y que fueron evaluados, la semana pasada, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El compromiso asumido por el país en este tema fue concretamente reducir en 75 por ciento la cantidad de mujeres que mueren por causas vinculadas con el embarazo, parto o puerperio. Pero, en los últimos diez años, el país no sólo no disminuyó la tasa de mortalidad materna sino que la aumentó y las proyecciones indican que, si no ocurren cambios, en el año 2015 será igual a la de 2010 (38,2 por cada 100 mil nacidos vivos), cuando debería ser de 13.

Lo más grave es que estas muertes en su gran mayoría son evitables. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte por gestación en la Argentina desde hace 20 años, sobre todo entre las mujeres más pobres.

Es imprescindible asegurar la educación sexual integral en todas las escuelas, garantizar el pleno funcionamiento de los programas de salud sexual y procreación responsable, y atender los abortos permitidos por el Código Penal (artículo 86) y avalados por la guía técnica sobre abortos no punibles, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación. Pero también es necesario avanzar en la no criminalización de las mujeres que se ven obligadas a interrumpir un embarazo no planeado.

La penalización del aborto no impide a estas mujeres realizarse el aborto, aunque sí pone en riesgo su vida. Unas 500 mil mujeres interrumpen un embarazo al año, según las estimaciones existentes. Y, por lo tanto, se exponen a hacerlo en la clandestinidad ante la imposibilidad de continuar el embarazo. Aquellas que pueden, pagan intervenciones seguras, mientras que las que no tienen el dinero, ponen en riesgo su salud y su vida con métodos precarios.

Por eso, la penalización del aborto es, además de una violación a los derechos de las mujeres, una injusticia social porque pagan las más pobres.

La sociedad lo acepta y personalidades de la Justicia, la política, la academia y la sociedad civil ya se han expresado a favor de habilitar el debate sobre la despenalización del aborto.

Ahora es tiempo de que legisladoras y legisladores tengan el coraje de abrir el debate en el Congreso nacional para que la democracia permita iguales derechos a todas las mujeres.

* Médica y presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
Más información: FEIM. Tel.: 4372-2763, [email protected] - www.feim.org.ar