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Un hombre y una mujer deciden tener un hijo. Quieren tener un hijo o una hija que no llega a pesar de los intentos, de controlar los días fértiles, de tener sexo a la hora programada y en las posiciones más aptas para allanarles el camino a los espermatozoides. Quieren tener un hijo o una hija que se geste en el cuerpo de ella, que reciba la herencia genética de los dos. Sueñan con el día en que se vean reflejados en un color de ojos, un hoyito particular al sonreír, ese lunar tan singular en la espalda. Pero los meses, o mejor, los ciclos menstruales, pasan y siguen, sin una sola falta. Cuando deciden pedir ayuda, ya están agotados. Pero todavía falta: les recomiendan la fertilización in vitro, que implica fecundar el óvulo fuera del cuerpo de la mujer para después implantárselo tras haber inyectado las hormonas suficientes para que ese cuerpo pueda gestarlo. El procedimiento es certero, pero invasivo y doloroso para la mujer. No importa, tienen la voluntad de procrear, tienen el deseo claro y tienen la chance que les da la ciencia. En conjunto con quienes atienden a la pareja deciden fecundar más de un óvulo para no repetir operaciones dolorosas inútilmente, firman de común acuerdo un consentimiento que habla de congelar esos embriones, de decidir en conjunto su destino una vez conseguido el embarazo que finalmente se produce. El final parece feliz, el deseo y la concreción tiene sonido de llantos y risas infantiles. Pero la pareja se separa apenas el niño empieza a dormir toda la noche de un tirón. Cinco años después del divorcio, la mujer quiere otro hijo y recurre a los embriones congelados; el ex marido dice que no quiere tener otro hijo con ella, el entuerto lo dirime la Justicia y autoriza a la mujer a buscar un nuevo embarazo del hombre que será padre aunque no quiera porque todavía, para la Justicia argentina, el vínculo biológico es lo que convierte a un hombre en padre.

En el caso de las mujeres es distinto: no sólo porque a nadie llama la atención que se las pretenda forzar a convertirse en madres más allá de su deseo –que de eso se trata la criminalización del aborto–, sino porque, paradójicamente, para la ley argentina no se necesita vínculo genético con el hijo o hija sino sencillamente haberlo parido. Y es más, después de la modificación de la ley de matrimonio, madre también es quien esté casada con la mujer que ha parido, porque el sagrado matrimonio consagra per se la voluntad procreacional de las dos, aun cuando este histórico reconocimiento de esa voluntad procreacional no tenga efectos para los hijos e hijas nacidos antes de esa modificación ni tampoco para quienes vivan en pareja y nombren y filien a sus hijos o hijas en conjunto pero no quieran suscribir el acta de matrimonio. Se trata de mujeres, sí, porque las parejas de varones no pueden tener hijos biológicos sin que una mujer ponga el cuerpo y a ese cuerpo no se lo puede “alquilar”, como sí sucede en otros países donde la firma de acuerdo o contrato tiene el poder de borrar a quien gesta durante nueve meses y sólo serán padres o madres quienes hayan tenido la voluntad de que ese embarazo se produzca –países, por otra parte, que no contemplan el matrimonio igualitario.

Entonces, ¿quién es madre o padre? ¿Cuánto pesa lo biológico en la identidad? ¿Se puede insistir en el vínculo genético como sinónimo de vínculo filial? ¿De qué se trata tener un hijo o hija? Estas preguntas que la vida cotidiana contesta a diario a través del compromiso de acompañar a crecer, de proteger, de nombrar, de maternar o paternar; la ley argentina todavía las esquiva o las contesta con herramientas –tanto morales como legales– del siglo pasado. La pregunta que sigue será entonces, ¿cuánto de todo esto podría contestarse si finalmente llega a debate parlamentario una ley que regule las técnicas de reproducción asistida y los dilemas éticos que aparecen con ellas?

Ante la ley

La reproducción asistida se está discutiendo en el Congreso mediante un proyecto de ley que circula en las comisiones del Senado (hace dos semanas se discutió en la Comisión de Trabajo y se fijó una nueva –y extraña– fecha para su tratamiento: el 25 de octubre, dos días después de las elecciones), pero la cercanía con el cambio de autoridades pone en riesgo el carácter parlamentario del proyecto, que viene circulando desde 2009 pero que se empezó a gestar mucho antes, de la mano de padres y madres que pensaron primero en la posibilidad de que el Estado se ocupe de afrontar los altos costos de estos tratamientos y después subieron la apuesta para intentar conseguir un registro de donantes o una consideración universal –igualitaria– para quienes soliciten este derecho. Pasó mucho tiempo hasta que legisladores como Miguel Bonasso o Silvia Augsburger concentraron fuerzas y delinearan los primeros bocetos, que recién ahora tienen un trabajo fino de cada especificidad. Hay un dictamen favorable de diputados pero en senadores falta un debate profundo que lleve a la redacción de un proyecto amplio y conjunto. Pero como ya se mencionó, todo se puede echar a perder si el 25 de octubre no se avanza con la media sanción.

En este contexto de vacío legal (a excepción del vientre subrogado no hay nada prohibido por la ley, pero no hay marco legal que lo habilite tampoco), el fallo que autorizó a una mujer a usar los embriones que había preservado junto a su ahora ex marido dejan en claro cómo operan las interpretaciones morales. Dos juezas la autorizaron a realizar el tratamiento argumentando que para la ley argentina se es persona desde la concepción (lo que es verdad a medias) aunque reconocieron que nuestra legislación no está preparada para afrontar este tipo de casos ya que data del siglo XIX. Marta del Rosario Mattera y Beatriz Verón, juezas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, encargaron la tutela de los cinco embriones congelados a un defensor de menores, y en esa línea el dictamen salió como por un tubo: “La paternidad biológica es aceptada desde el momento en que el Sr. S. accedió a hacer el tratamiento de fertilización asistida”, redactaron y consideraron “indudable la afirmación de que el concebido fuera del seno materno debe ser considerado persona para el derecho”, aun cuando la letra del Código Civil, en su artículo 70, expresa que se es persona desde el momento de la concepción para recibir herencias, pero que “esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieran con vida. De lo contrario, es como si nunca hubieran existido”. Para Silvia Jadur, psicóloga especialista en pacientes infértiles y que también acompaña a parejas de lesbianas que buscan un hijo o hija, “este es un fallo que pone en evidencia la urgencia de una ley nacional pero además pienso que le permiten usar estos embriones para que no se destruyan, y el mensaje atrás de eso es que los embriones son vida humana, con las consecuencias que sabemos tiene esta mirada para la ley de despenalización del aborto. Acá no se puede decir que se está defendiendo el derecho de la mujer a la maternidad sino el derecho de una mujer a tener hijxs con un señor que no quiere tenerlxs”, una historia por demás común –el altísimo porcentaje de madres que crían solas a sus hijos o hijas lo atestigua– que esta vez llama la atención porque quien es forzado a la paternidad biológica es un hombre. En este sentido, Jadur resalta la simultaneidad en la que se dan estas discusiones (aborto y fertilidad), no sólo a través de relatos particulares sino también en el Congreso de la Nación. Para Juan Carlos Tealdi, Director del Programa y Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, no se puede obligar a nadie a la paternidad, ya que es un derecho del niñx por nacer el ser pensado, querido y proyectado por sus padres, madres o por quien decida traerlo al mundo. “Pero en este juego de situaciones, podríamos pensar qué pasaría si el hombre contesta esta medida alegando que los embriones son de los dos y como hay cinco entonces que queden dos para él y tres para ella o al revés. El juego que se abre es enorme y lo que necesitamos, además de un marco legal, es que los jueces se asesoren antes de emitir un fallo en temas de esta complejidad. Pero el derecho a prohijar debe estar garantizado para cualquiera, ya sea hombre, travesti, pareja gay o mujer sin pareja”, dice.

En el dictamen que circula en Diputados se habla de 10 años de crioconservación y que esa permanencia sea cubierta por el Estado. Pasado ese tiempo, sería decisión de la pareja o de lxs interesadxs, pero los médicos van a tener un arma legal para donar los embriones (si la mujer o la pareja quiere) o destruirlos.

Hecha la ley

La provincia de Buenos Aires ya cuenta con una Ley provincial –la 14.208– de Fertilización Asistida, pero el texto omite deliberadamente una de las posibilidades a que se acude habitualmente: la donación de gametos, sean óvulos o espermatozoides.

Guillermina Pieroni es abogada de Concebir, una ONG que asiste a quienes están en el camino de la reproducción asistida. La ley, explica, cubre tratamientos de fertilización de alta y baja complejidad para mujeres de entre 30 y 40 años, que formen parejas heterosexuales. En el caso de una pareja de mujeres la ley no contempla la cobertura –por otra parte, en este caso no se trata ni de pacientes ni de personas infértiles–. Si bien rige desde enero, ya se presentaron muchos amparos para que se cumpla porque la letra de la ley es débil en cuanto a sus límites y alcances, algo que debería tenerse en cuenta como antecedente para la ley nacional. Guillermina siguió las curvas del debate y cuenta que las y los legisladores no querían que la ley hable de criopreservación, ya que decían que estaba implícita en la técnica y no la escribieron, entonces naturalmente hoy no se la reconoce y queda afuera de la cobertura. Con el límite de edad también se complica, porque está fijado entre 30 y 40 años y no especifica los 30 a 40 años de quien, entonces mientras los legisladores interpretaron que cualquiera de los dos que tenga entre 30 y 40 años, en las obras sociales si la mujer tiene 29 y el hombre 31 no los aceptan porque consideran que la estimulación se hace sobre la mujer. De manera que es una la ley que se está aceitando muy lentamente (se realiza sólo en cinco hospitales de la provincia, el de Bahía Blanca, Mar del Plata, Haedo, San Martín y Olavarría, y muchos tratamientos se derivan a Capital Federal) y gracias a los amparos presentados está circulando la versión de que se van a aplicar multas a las prepagas que se nieguen a cubrirlo. “También se puede pedir amparo por donación de gametos, porque la ley dice ‘material homólogo’, o sea que la donación no está cubierta. Pero están saliendo algunos fallos con medida cautelar y van a tener que cumplirlos. Nosotros desde Concebir, que viene trabajando hace 15 años en la posibilidad de una ley completa e inclusiva, no queremos la judicialización de los casos, porque judicializar complejiza ya que abarca demasiado: a los pacientes, a los médicos, a los jueces, a los abogados, cuando tendría que ser una relación de los médicos con los padres/madres. Lo que está bueno es que instala el debate en la sociedad y la necesidad de hacerse estas preguntas”, dice Pieroni.

En el reguero de casos que se abren en todo el país, hace un mes se conoció el de una pareja en la provincia de Córdoba a la que se le negó la cobertura de un tratamiento que incluía la ovodonación. El fiscal decidió proteger la identidad del hijx por nacer, alegó que no hay un registro de donantes y que la donación, al ser anónima, no garantiza los derechos del niñx. En la Ciudad de Buenos Aires se resolvió un caso similar en 2009, indicando que la donante tenía que ser notificada por escrito sobre la posibilidad de que el chico el día de mañana pudiera querer conocerla. El planteo que hizo el fiscal en Córdoba podría haber tenido la misma solución, pero los jueces de Cámara no estuvieron de acuerdo: hablaron de manipulación genética. “Cada sentencia es un antecedente que otro juez o jueza puede citar en el futuro”, dice Pieroni, y recuerda otro caso de principios de este año: el de Marisa y Pilar, una pareja de mujeres que presentaron un amparo para lograr la donación de esperma con la cobertura total de su obra social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El bebé, Martín, lleva el apellido de las dos. “Es un fallo excelente pero ojo, porque a las obras sociales les sigue saliendo más barato que se judicialice, porque está probado que sólo 3 de cada 10 parejas van a la Justicia.”

En primera persona

Iara tiene 15 años y es hija de Estela Chardón, fundadora de Concebir, quien probó durante varios años distintas técnicas de fertilización, incluidas dos in vitro, y no logró quedar embarazada. Finalmente recurrió a la ovodonación y tuvo a su primera hija. Reconoce que en nuestro país es un procedimiento resistido, ya que la fantasía es que los genes propios garantizan algo que de otra manera no se da, como si recurrir a la donación fuera ser “menos” padre o madre. Iara habló frente a una Comisión del Senado a favor de la creación de un registro único de donantes, ya que tanto ella como su mamá consideran que todxs lxs chicxs nacidxs bajo estas técnicas tienen derecho a conocer quiénes fueron sus donantes. “Todas las charlas previas, sobre todo en ese momento en que yo decidí recurrir a la ovodonación, eran entre adultos, y ahora que ya tenemos una población de niños, niñas y adolescentes creo que es importante escucharlos a ellxs y ver qué quieren y cómo se sienten”, dice. Iara no se acuerda desde cuándo sabe cómo llegó al mundo, pero lo relata con naturalidad. “Antes de los tres años ya me lo habían contado, pero lo empecé a entender mejor cuando me explicaron qué implica tener una relación sexual y todo el tema de los óvulos y los espermatozoides. Ahí entendí que los de mis papás no funcionaban bien y tomaron los de otra persona. Que mis padres no me hayan podido concebir con el 100 por ciento de sus genes es algo que no me preocupa: tu relación con tus papás puede ser hermosa o no pero no va a depender si te tuvieron por donación de gametos. Así como se dice ‘nací por parto natural’ o ‘por cesárea’, que sea ‘nací por ovodonación’ o no. Pero sí me parece que tenemos derecho a saber”, dice Iara.

“Yo tuve la voluntad procreacional y la donante renunció a sus derechos sobre mi hija mediante un consentimiento informado que por más que no haya ley, existe en las clínicas. El tema es que al no haber ley, y llegado el caso de que se judicialice, queda sujeto al juez que lo trate y a las circunstancias particulares”, explica Estela volviendo a poner sobre la mesa la apertura del abanico de historias posibles. Sin embargo, no hay jurisprudencia en este sentido, nadie se presentó a “reclamar” sobre su hijx biológicx, pero la posibilidad y las preguntas se disparan cuando se hacen las consultas. ¿Puede un donante o una donante reclamar sobre los bienes de sus “hijxs”? Chardón dice que de ninguna manera pero insiste, el vacío legal es peligroso.

Para Florencia Gemetro, en cambio, integrante del grupo Les Madres y 100% Diversidad y Derechos, la identificación de los datos del donante resulta limitante y restrictivo para las familias lgbt. “En nuestra comunidad existen distintas conformaciones familiares. Quienes decidimos llevar adelante familias comaternales mediante donaciones anónimas elegimos crearlas dando intervención a nuestro deseo y a la voluntad procreacional. Quienes donan, por su parte, no poseen voluntad procreacional y renuncian a cualquier vínculo relacionado con el destino de la muestra. Ofrecen su colaboración con fines médicos y científicos. No poseen interés en participar en ningún relato familiar. Donar semen no te convierte en padre así como donar óvulos no te convierte en madre. Quienes donan lo hacen sobre la muestra de un material biológico mediante un consentimiento informado. ¿Por qué deberían verse obligados u obligadas a participar aunque sea mínimamente en una familia que no desearon? ¿Acaso se obliga a los dadores de sangre a participar en la identidad y la vida familiar de los receptores o receptoras de sangre? ¿Se solicita el mismo requisito en las donaciones con órganos vivos o post mórtem?”, pregunta y explica que cualquiera sea la conformación familiar sólo es posible la maternidad o la paternidad en cuanto exista el deseo, la voluntad y el ejercicio familiar, social y cultural del afecto, el cuidado y la manutención de los hijos e hijas. “Es preciso disponer información sobre la historia genética y de salud de donantes en caso de necesitar información para la toma de decisiones médicas. El acceso a los datos identificatorios, en cambio, aleja a las personas que deciden donar y desvirtúa el objetivo original de la donación disminuyendo las chances de encontrar nuevos donantes”, dice.

Vientre subrogado

Suenan todo el tiempo estas dos palabras desde que Flor de la V fue mamá de mellizos en una clínica californiana. El lunes pasado los presentó en el programa de Susana Giménez, explicó cómo eligió a la ovodonante y a la mujer que llevó adelante el embarazo y contó que en Estados Unidos está naturalizado todo el proceso. Al día siguiente, el debate explotó en los medios y la pregunta sobre cuán madre puede ser una travesti es la preferida del debate. Pero atrás de esa pregunta, que suena descolocada frente al hecho de que, digan lo que digan, Florencia es la madre de sus mellizos y eso no puede ser objetado, está el procedimiento del vientre sub-rogado, que en nuestro país está prohibido por aquella cláusula del Código Civil que indica que es madre la que pare.

El sitio www.unhijoesposible.com está online desde el año 2007 y es la única fuente completa de información en español sobre el alquiler de vientres en Estados Unidos. Tiene más de 5000 visitantes por mes de toda América latina, España y la comunidad latina de Estados Unidos. Fue creado por un grupo de padres y madres para difundir el conocimiento que la experiencia les había otorgado y para que pudiera serle útil a quienes estaban empezando a averiguar. “Al momento de iniciar nuestros procesos, no había ningún tipo de información disponible, así que fue muy complejo poder realizarlo. Gracias al sitio, mucha más gente tuvo acceso a realizar este proceso”, dice Valeria, una de sus creadoras, a quien su experiencia acredita muchos años de investigación en el tema, “un útero atrofiado y como resultado, tres hijas hermosas”, cuenta.

“Muchas familias de clase media hacen un esfuerzo enorme por tener un hijo mediante un vientre subrogado. ¿Si la mujer se puede arrepentir? Por supuesto que no: se firma un contrato que es legalmente ejecutable. Y además, en los últimos diez años, de unos 20.000 alquileres de vientre que se calculan en Estados Unidos, solo hubo 20 o 30 casos que terminaron en una Corte, y en general no fue por arrepentimiento de la portadora, sino porque no le habían pagado”, explica. Lo que queda oculto en este contrato comercial es el proceso emocional que significa un embarazo para la subjetividad de la mujer y que puede hacer tambalear la letra de ese contrato firmado previamente.

Para Pierini, si esto no se legaliza en algún momento, tenemos el riesgo de que se utilice como medio de ingreso para mujeres pobres, pero el debate real está muy lejos de habilitarse. “Para que se apruebe el vientre subrogado tiene que cambiar el Código Civil. Nosotros desde Concebir queremos que la donación sea gratuita para que no sea un intercambio donde la explotación esté en juego. Hoy en día el vientre subrogado no figura en ningún proyecto: algunos lo prohíben directamente”, dice.

Deseo de hijo

De los nueve proyectos que se espera se discutan a fin de mes para la redacción final de uno solo que sirva de base a la ley, solo uno, el de la senadora chaqueña Elena Corregido, incluye a las parejas del mismo sexo. Para eso, reemplazó la palabra fertilidad por fecundidad en el primer artículo. “Con un matrimonio igualitario legislado era impensable no incluir a las parejas del mismo sexo. No voy a dar nombres, pero senadores que votaron fervientemente a favor de la ley de matrimonio están obstaculizando ésta, que rebota de comisión en comisión. Son cuestiones que hay que discutir y me parece que éste es un buen momento de diálogo entre los tres poderes pero hay resistencias”, aporta.

Todos los proyectos incluyen la prestación obligatoria de las técnicas de reproducción médicamente asistida por parte del Estado, desde las de baja a las de alta complejidad “de conformidad con el Estado y avance de la ciencia y la técnica”, pero insisten en el carácter de pareja sexualmente consumada (en términos heterosexuales), dejando en ascuas a las parejas del mismo sexo. “Este recorrido muestra el proceso de transformación de un asunto médico en una cuestión política, así si en un comienzo el aspecto principal a atender era la bioseguridad de los procedimientos, actualmente la controversia es moral, y se trata, mediante la normativa, de replicar la reproducción natural desde una posición patriarcal, ya que esta concepción naturalista de las técnicas de reproducción asistida requiere de la presencia de un hombre, no sólo como donante de esperma, sino como parte activa del proceso, asumiendo el rol de padre desde su lugar de hombre de la pareja. Para esta visión no es elegible, para concretar un proyecto de familia, una pareja donde no haya un hombre o una persona sin pareja”, opina Betina Cuñado, responsable de Bioética del laboratorio de salud de la UBA. “Con la ley de matrimonio también cambiamos el paradigma de lo que es un hijo: lo biológico deja de tener la importancia que tenía hasta hoy, y la elección y la voluntad es la que genera el vínculo, el estado de padre/madre y el estado de hijo. En ese cambio de paradigma tenemos que revisar estas cuestiones. La próxima discusión será cuántas veces una mujer puede ser fertilizada, cuántos embriones se ponen en una mujer joven y cuántos en una mujer mayor. Hay un montón de situaciones, pero tenemos que empezar por algo. Por otra parte, el código genético no necesariamente garantiza nada, pero nos debemos el debate profundo, y esta ley de fertilización asistida igualitaria como pretendo es nada más que no discriminar la ley que ya tenemos. La ley de adopción parecía que se iba a tratar y sin embargo en diputados desapareció el tema. De manera que estamos expectantes y sin perder de vista la urgencia”, aclara Corregido. Para Jadur, “lo que tendría que decir la ley es que madre es la que filia, la que otorga nombre y la que incluye al hijo en una historia familiar, no la que lo pare o la que pone el óvulo”. Pieroni aporta el caso de los embarazos no deseados como el mejor ejemplo de que la voluntad procreacional no se respeta. “si hay alguien que no tiene voluntad procreacional es una adolescente que queda embarazada. La ley no le permite modificar esto porque penaliza el aborto”, dice.

La pregunta que hace eco es: ¿se puede legislar sobre el deseo? “La ley, en sentido amplio, es justamente el límite del deseo. El deseo no admite norma, pero la norma es lo que te vincula con otros, entonces ahí tiene que operar la ley. La norma es lo que te hace bajar un poco la cabeza y aceptar que hay otro. Lo que sí es discutible es cuál es el margen de deseo que la norma debe limitar. En una sociedad autoritaria, la norma te restringe el deseo hasta el tuétano, pero no estamos en una sociedad autoritaria y tenemos que mirar para adelante”, dice Tealdi.