En la madrugada del 22 de agosto de 1972, Adriana Cappelletti tuvo un sueño que sintió como pesadilla: soñó que se le caía un mate y se agujereaba. Se despertó angustiada, y descubrió que se le había roto una muela. Supo que era un signo: había pasado algo malo. Tenía 23 años, vivía en la clandestinidad en la ciudad de Santa Fe, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y esposa de Alberto del Rey, preso en la cárcel de Rawson hasta el 15 de agosto y retenido en la base Almirante Zar tras haber participado de la fuga que una semana antes había conmovido al país. Adriana supo muy pronto qué era lo que había pasado: a primera hora de la mañana, las radios informaban sobre la Masacre de Trelew, en la que habían fusilado a 16 militantes, entre ellos su marido. Estaba recién casada. No pudo velar a su amado. Su única presencia en la despedida fue una bufanda roja que había tejido para que le llevaran a la cárcel. Sobre el féretro de Alberto, esa prenda y la bandera del Ejército Revolucionario del Pueblo fundían una identidad. Pasaron 40 años para que aquel crimen llegara a juicio oral y público. Adriana todavía llora a su compañero, lo recuerda como si estuviera allí, congelado en sus 23 años.

Adriana es querellante, pero no será testigo en el juicio. En cambio, Ilda Bonardi, viuda del cordobés Humberto Toschi, sí se sentó frente al Tribunal el 4 de junio pasado para contar lo que sabía. Ella también estaba en la clandestinidad en el momento de la masacre, había vivido en Trelew desde abril de 1972 hasta el 13 de agosto, porque fue una de las que colaboró en la preparación de la fuga desde afuera del penal y debía dejar la ciudad antes de la fecha señalada. Frente a los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella, Ilda llevó dos documentos hasta entonces desconocidos: la escritura pública que el hermano de Humberto hizo confeccionar cuando llegaron los féretros y que ocultó durante 40 años, y también las fotografías que Julio Ulla sacó del cadáver de su hermano Jorge Alejandro, otro de los fusilados, también santafesino. El tampoco la había mostrado durante estas décadas. “Estamos hablando de dos hermanos, que tuvieron esa documentación guardada durante tantos años. Cómo se va abriendo esta historia a partir del juicio es algo increíble”, subraya Ilda.

Adriana refuerza esa idea. “Con el juicio, después de 40 años, se comienzan a abrir puertas. Hay mucha gente que decide decir o mostrar lo que sabe. Es algo paradigmático: cómo la posibilidad de enjuiciar la masacre hace que muchas personas puedan contar lo que saben, hasta anónimamente hacen llegar documentos”, dice y subraya que el proceso oral y público está iluminando “más de lo que sabemos, de lo que tenemos la posibilidad de saber, que la gente se empiece a abrir es también una forma de sanar”.

El juicio comenzó el 7 de mayo pasado. Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino están acusados de homicidio doblemente agravado en 16 casos y en grado de tentativa en otros tres casos. En cambio, dos eludieron estar en el banquillo de los acusados. Uno es el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense consideró que por razones de salud mental no está en condiciones de defenderse en juicio, y el otro, el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados Unidos, país donde reside.

Adriana es rosarina, como lo era Del Rey. El estudiaba Ingeniería química y ella Letras, pero debió interrumpir sus estudios en plena represión. Fue presa política desde 1975 a 1982. Pudo recibirse muchos años después. Ahora, vive cerca de Rosario, en San Nicolás, y se emociona al recordar la historia. “Para mí, Alberto era un hombre del futuro”, dice Adriana sobre aquél que la enamoró en la escuela secundaria, y del que todavía parece prendada. “Los compañeros eran especiales, comunicativos, cariñosos. Tenían una especie de don. Ellos hablaban mucho con los familiares, y de alguna manera los convencían. Mis padres estaban encantados con él, y cuando lo encarcelaron formaron parte de la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (Cofappeg), que tanto hizo para visitarlos en la cárcel”, relata Adriana. En 1971, cuando encarcelaron a Alberto, ella pasó inmediatamente a la clandestinidad y se fue a la ciudad de Santa Fe. Aunque no pudo estar en el velatorio de su marido, sí participó de las marchas que se hacían en esa ciudad para repudiar la masacre. “Lo que veíamos era que salía la gente, no eran los militantes ni los organizados. Fueron marchas increíbles, parecía que todos los conocían, hablaban de ellos”, recuerda aquellos días de 1972.

Militantes del ERP junto a sus compañeros, Adriana e Ilda sabían de clandestinidad y de lucha. Ponían el cuerpo como tantas otras mujeres en aquella época. “De mi compañero, lo esencial es la historia de amor, porque lo demás fue la vida que elegimos”, desliza Adriana en algún momento. Ilda parece más dura, habla de las tareas que realizó en Rawson y Trelew en aquellos días sin sosiego. “Siempre se quiso hacer creer que Trelew era un pueblito perdido en la estepa patagónica, pero no fue así. Cuando los presos llegaron, había huelgas de trabajadores de distintas ramas, las ciudades estaban convulsionadas como todas en la Argentina después del Cordobazo, y hubo una solidaridad política muy fuerte de la población con los presos políticos. Se armó una comisión de apoderados, que se ocupaban de cada detenido, y recibían a los familiares cuando iban, porque no paraban en hoteles sino en casas de familia. La dictadura de Lanusse tuvo la intención de aislarlos, pero no lo pudieron conseguir”, dice de un tirón. Por eso –cree Ilda–, para los habitantes de Trelew el juicio es también una reivindicación histórica. “Seguimos sintiendo la dedicación como si hubiera sido ayer, porque los pobladores de Trelew defendieron a nuestros compañeros, y lo pagaron muy caro. Muchos fueron asesinados o desaparecidos”, dice Ilda sobre esa ciudad a la que volvió en junio, para dar testimonio, y en la que permanece esta semana, para los actos conmemorativos. Ilda es rosarina, pero vivió años en Córdoba. En 1973 volvió a su ciudad, para escapar de la persecución política.

La vivencia de Luisa González fue diferente en 1972, y siguió siéndolo siempre. Ella conoció a Mario Delfino en su propia casa, cuando él fue a entrevistarse con Félix Prieto, su cuñado, también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Nos enamoramos y yo también hice algún tipo de militancia cuando todavía era el PRT”, recuerda ahora, mientras la emoción amenaza una y otra vez con estrangularle la voz. Se casaron el 2 de octubre de 1967, y el 15 de septiembre del año siguiente nació su hijo, Marco Emiliano Delfino. “Es difícil decir algunas cosas que hacen a mi historia, es lo que me planteé toda la vida”, se justifica antes de avanzar en el relato de sus encuentros y desencuentros. “En 1969 nació el ERP y la propuesta de Mario fue pasar a la clandestinidad. Yo no acepté, pero no me desconecté. Hasta principios del ’70, cuando él fue tomado preso, yo vivía con mi mamá pero nos veíamos. No fue una separación con motivo de tomar dos caminos distintos, que durante muchos años fue mi contradicción”, dice Luisa, como si aquellas dudas siguieran carcomiéndola. Mientras Delfino estuvo preso en las cárceles de Rosario y de Coronda, ella y el niño lo visitaron. “Con los otros presos, él le hizo un karting y una cajita de madera”, recuerda. Sobre el final de la entrevista, leerá casi sin aliento una poesía de Marco dedicada a su padre. “Hoy volví a sentir la gran muralla de la soledad”, comienza el texto del joven, que reclama un padre como los demás. Luisa dirá: “Me quedó incompleta una parte de mi vida”.

En Ilda, el tono es diferente. Cuenta que su hijo Sebastián, nacido el 13 de enero de 1972, visitó varias veces a su padre, primero en Devoto y luego en Rawson. “Ibamos dos veces por semana. Los jueves lo llevaba a la mañana temprano, y se quedaba con su papá y con los otros compañeros”, recuerda casi con una sonrisa, orgullosa de que su hijo “haya conocido al padre”. Entre abril y agosto de 1972, la actividad de Ilda en Trelew fue intensa. Como integrante de la Cofappeg participó en la reunión con Alejandro Agustín Lanusse, en la que pidieron garantías constitucionales para los presos. En ese encuentro, el dictador aseguró que “si pudiera pararía la tortura”, en un explícito reconocimiento de los apremios ilegales.

Alicia Lesgart es la prima de Susana Lesgart, otra de las fusiladas, que era pareja de Fernando Vaca Narvaja. Se emociona al recordar el reciente relato de Fernando sobre el momento de la despedida, la noche de la fuga. Fernando pudo escapar. Alicia quiere reivindicar a su familia, residentes en Córdoba. “Eran cinco hermanos, una familia maravillosa, estudiaban música, danza. A Susana la fusilaron en Trelew y a su hermana, Adriana, la secuestraron en 1979, durante la contraofensiva. Está desaparecida, como Rogelio y Mariela (María Amelia, en realidad, pero la familia le decía así), secuestrados en abril de 1976. La única sobreviviente de los hermanos, Liliana, se exilió en París, donde hizo un gran trabajo militante para denunciar la situación de desaparecidos y presos políticos en Argentina”, relata.

Cuatro décadas después, Ilda sigue considerando que aquella fuga fue exitosa, porque permitió la salida de seis militantes –Santucho, Osatinsky, Vaca Narvaja, Menna, Gorriarán Merlo y Quieto– a Chile. Lo ocurrido posteriormente lo atribuye, en parte, al descreimiento de los que colaboraban desde afuera sobre el éxito de la operación. Una semana después, los 19 presos que no habían logrado fugarse y se habían rendido para ser trasladados a la base Almirante Zar, fueron fusilados. Tres sobrevivieron: María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Camps. Presos políticos en la cárcel de Devoto, en la madrugada previa a la asunción de Héctor J. Cámpora, los tres fueron entrevistados por Francisco “Paco” Urondo. El libro se llamó Trelew, la patria fusilada. Los cuatro, entrevistador y entrevistados, están desaparecidos.

“Nosotros siempre reivindicamos que lo de Trelew fue la génesis de la represión que vino después. A tal punto que, en las últimas declaraciones, Videla admitió que consideraban mejor que desaparecieran, porque fusilar a los militantes traía muchos problemas”, puntualiza Ilda. Para Alicia Lesgart, militante incansable por los derechos humanos desde la última dictadura, se trató del “puntapié inicial, el ensayo de lo que vino después”. Adriana agrega que “la Masacre de Trelew, a partir de 1973, trató de sepultarse, de confinarse al olvido. Y a partir de 1976 sentí siempre que la última dictadura fue de un grado de salvajismo, una organización tan macabra de exterminio, que cuando vino la democracia era lo primero por investigar y juzgar. Trelew no era casi nada”.

En 2005, un grupo de familiares entre los que estaba Alicia Lesgart fueron convocados por iniciativa de Néstor Kirchner, con la intención de reabrir la causa. “Los que viajamos fuimos un puñadito. Hicimos una reunión con Eduardo Luis Duhalde, a quien quisiera reivindicar por su acompañamiento permanente, desde el mismo momento de la masacre. En aquella reunión de 2005, Duhalde nos comunicó que el Presidente había decidido reimpulsar la reapertura de la causa”, relata Alicia, deseosa de contar una anécdota curiosa de aquella reunión. “Desde la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario nos habían retaceado la adhesión, pero en aquel entonces había un concejal, Agustín Rossi, que nos hizo llegar su apoyo. Me acuerdo como si fuera hoy que Duhalde me preguntó quién era Rossi y yo le conté que era un compañero, un concejal del Frente Grande. Siempre se lo quise decir al Chivo”, dice entre risas sobre el actual presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. El juicio empezó este año, cuando se cumplen las cuatro décadas de aquel 22 de agosto. Mientras tanto, y sin audiencias porque así lo decidió el Tribunal, desde el 15 hasta el 22 habrá en la ciudad patagónica actos políticos, charlas en las escuelas y actividades culturales. Allá está Ilda, allá irá Adriana y también Alicia. “Este juicio es histórico, por lo que fue pero más por lo que viene. Sostenido por la memoria durante 40 años, debe servir para que nunca más la sociedad, el poder político y cada uno de nosotros retrase ningún juicio, porque cuando la Justicia demora la condena, provoca daños irreparables”. Las palabras fueron escritas por Adriana, movilizada por la entrevista. Para ella, la masacre es un dolor que persiste.