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Mentirosas. El cuerpo es un campo de batalla en donde no hay fricción que saque un dolor innombrable. Sin embargo, cuando el dolor se nombra y la palabra violación lo dice todo hay quienes en la Justicia y en la política siguen sin creer en las mujeres. Entonces, la Justicia se vuelve otra batalla y las (des)calificaciones también. Ellas, las víctimas, se vuelven mentirosas. Y son doblemente violadas.

En marzo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para despejar dudas sentenció que todas las mujeres violadas tienen acceso a un aborto no punible. En el texto pidieron que se hagan protocolos de atención con el fin de agilizar el proceso, según le contó una alta fuente a Las/12. Sin embargo, en muchos lugares del país, estos protocolos son utilizados como obstáculos para que las mujeres accedan a sus derechos. En Córdoba, a pedido de un grupo ultraconservador, Portal de Belén, un fallo del juez en lo Civil y Comercial Federico Ossola dijo que las violaciones tienen que ser “verificables” y comprobadas (¿de qué forma?, ¿sólo las mujeres lastimadas o vírgenes son violadas?) en un hospital.

El fenómeno del descrédito a la palabra femenina no es local. En Estados Unidos un candidato republicano –Todd Akin– a renovar su banca como senador dijo que existen violaciones “legítimas” y que las mujeres tienen una “defensa natural” para no quedar embarazadas durante una violación. Después pidió disculpas, pero no aceptó bajarse de su postulación. “Si se trata de una violación legítima, el cuerpo de la mujer tiene mecanismos para cerrarse del todo”, inventó. Mientras que otro candidato –Tom Smith– salió a apoyarlo y comparó un embarazo producto de una violación con tener un hijo/a extramatrimonial. Aunque se olvidó de la diferencia que hay entre tener sexo con deseo o a la fuerza. En los dos casos, los políticos se oponen al derecho al aborto, incluso, en los casos de violación.

Por su parte, Eve Ensler, la creadora de Monólogos de la vagina, le escribió una carta a Akin en la que le replicó: “El supuesto que subyace a sus dichos es que no es posible tomar en serio a las mujeres ni las experiencias que padecen, que la manera en que entienden la violación ha de ser ponderada por alguna especie de autoridad superior. Este supuesto deslegitima, minimiza y trivializa el horror, la invasión y la profanación que viven las víctimas y las hace sentirse tan solas e impotentes como en el momento de ser violadas”.

En la Argentina, a pesar de los avances y retrocesos, el Estado respalda el derecho de las mujeres. Tomás Ojea Quintana, consultor legal del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, puntualiza: “La Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles, revisada y reactualizada en el 2010, dice que sólo basta con la declaración jurada como elemento formal que habilita al médico y al hospital a realizar el aborto no punible por violación. No es un papelito así nomás. Es un documento público. Y si una persona lo falsifica tiene una pena de prisión que es más grave que el delito de falsa denuncia. Por eso, la declaración jurada es suficiente y al sistema de salud no le tiene por qué importar el desenlace de una investigación por violación”.

La misma postura tiene la abogada Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien afirma: “La Corte sostiene que es necesario tan sólo ‘que la víctima de este hecho ilícito, o su representante, manifiesten ante el profesional tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier imposición de otro tipo de trámite no resultará procedente pues significará incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal’”. Por su parte, Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, subraya: “El fallo del juez Ossola suspendió la aplicación del protocolo, pero los protocolos no son prerrequisitos para acceder a un aborto no punible. Hay muchas provincias que no tienen protocolo, y aun así, las mujeres víctimas de un hecho de violencia sexual tienen el derecho a concurrir a un hospital y solicitar la interrupción del embarazo. Y los médicos que denieguen dicho derecho son pasibles de acciones legales por responsabilidad penal y civil”.

Mientras que la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba María Eugenia Monte señala: “El fallo del juez Ossola contradice abiertamente el precedente de la CSJN que es clarísima al sostener que el art. 86 del Código Penal prevé que sólo el médico y la mujer pueden intervenir en una decisión para practicar un aborto no punible y que no exige ni la prueba de la violación ni la denuncia penal para acceder a la práctica del aborto no punible y en Córdoba se pretende que los médicos constaten si el hecho ocurrió. Por eso, el fallo configura un caso claro de violencia institucional en contra de las mujeres. Además de revictimizar a las mujeres a partir de una nueva violencia desde el Estado”.

Mientras que Natalia Milisenda, la otra abogada de Católicas, cuenta los pasos a seguir: “Vamos a apelar la decisión del juez Ossola. Pero es necesario recalcar que el derecho al aborto no punible está vigente y las mujeres de la provincia de Córdoba pueden solicitar la realización de la práctica en los hospitales provinciales. La denegatoria por parte de los médicos los expone a responsabilidad penal y administrativa. Es por esto que hemos solicitado al gobernador de la provincia de Córdoba que adhiera a la Guía Nacional de Atención de Abortos No Punibles”.

Pero, ¿por qué las mujeres siguen padeciendo el estigma de ser pinochas con una nariz larga e invisible cuando cuentan que su cuerpo fue apropiado sin permiso? La psicóloga Patricia Gordon, coordinadora de la Red Solidaria de Capacitación y Tratamiento en Violencias, Abuso Sexual y Trata de Personas de Alameda Mar del Plata, opina: “La descalificación hacia el discurso de una mujer violada, maltratada, abusada no es otra cosa que uno de los bastiones de una cultura opresora falocéntrica. Justificar una violación es creer y saber que una mujer fue rebajada a la categoría de objeto. Y asentir, casi siempre desde un sitio de poder, que eso está permitido por ser mujer”.

El psiquiatra Enrique Stola desafía: “El colectivo patriarcal se siente dueño del cuerpo y alma de las mujeres. Presiona hasta la muerte para controlarlas a todas. ¿No confían? No. Ni lo van a hacer. Sólo resta seguir la lucha”.