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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo para facilitar el acceso a los abortos no punibles. En la sentencia también se instaba a que cada localidad regule un protocolo para terminar con los obstáculos. Sin embargo, y a pesar de que la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, sostuvo que hay que “concientizar a toda la sociedad del aporte que hacemos las mujeres y los cambios que podemos generar”, el PRO generó un retroceso en el acceso al derecho al aborto no punible.

La diputada María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, criticó la resolución 1252 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, del 6 de septiembre, por considerarla un instrumento para obstaculizar la realización de abortos no punibles, ya que limita las intervenciones en caso de violación a las 12 semanas. “Hay jovencitas –más cuando tienen algún problema mental– que lo detectan en estado más avanzado y no en las primeras semanas de gestación”, dijo la diputada.

Además, la reglamentación del Ejecutivo incorpora la participación de un equipo interdisciplinario y pide la autorización al Ministerio de Salud –que harían perder un valioso tiempo– y solicita la autorización de los representantes legales de las menores de 18 años. “Es una burla a las mujeres que el PRO saque por decreto reglamentación restrictiva del aborto no punible. Es una falta de respeto a la Legislatura (que estaba tratando distintos proyectos de ley) y a las mujeres que saquen por decreto a las apuradas esta reglamentación”, opinó la legisladora porteña María José Lubertino.

Mientras que la diputada nacional Victoria Donda remarcó: “Este nuevo protocolo de la Ciudad va en contra de los estándares mínimos que se deben garantizar para que las mujeres puedan practicarse un aborto no punible en concordancia con sus derechos”.