Viernes, 13 de septiembre de 2013 | Hoy
DEBATES
En los últimos meses se reactivó un debate clave dentro de los feminismos, el que opone el abolicionismo –que reconoce a la prostitución como una situación de explotación sexual en todos los casos– y las posturas pro sexo –que habla de trabajo sexual como una posibilidad de empoderamiento para quienes se reconocen en esa categoría, en un sistema que mercantiliza a los cuerpos de múltiples maneras– a raíz de un proyecto de ley que busca regular el trabajo sexual y de las acusaciones cruzadas entre la Campaña Abolicionista Nacional y quienes integran Ammar Córdoba, una regional de la agrupación de meretrices que apoya esta regulación. A este debate se sumó un numeroso grupo de lesbianas que se nombran pro sexo y que ven en las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales un germen de su propia lucha. Las12 abre el debate a sabiendas de que aun cuando nuestro país ha suscripto en su legislación la postura abolicionista, la vulneración de derechos, la persecución policial y la clandestinidad obligada siguen siendo la realidad cotidiana de quienes están en situación de prostitución o ejercen el trabajo sexual.
Por Andrea Lacombe
En un país que cierra el cepo a ciertas prácticas sexuales consideradas disidentes, quienes ejercen –o al menos pretenden hacerlo– el trabajo sexual, ven cada vez más reducidas sus posibilidades de acceso a los derechos que reclaman. Las leyes impulsadas por el gobierno nacional en materia de derechos sexuales y civiles parecen caminar en dos sentidos. Por un lado, la integración de la comunidad lgbt a un universo que le era vedado: equiparación de derechos de casamiento, adopción, identidad autopercibida y acceso a la salud. Por otro, la invisibilización continua de determinadas prácticas que escapan –y tienen la intención de continuar haciéndolo– a la heteronorma. Entre esas prácticas, el sexo pago y quienes lo ejercen está en el foco de las denuncias, tanto de las políticas estatales (nacionales y de algunas provincias) como de los sectores dominantes del activismo feminista que confunde delito con moralidad al equiparar prostitución con trata de personas.
A contrapelo de este contexto político, ha comenzado a circular por las redes sociales una proclama de apoyo a las trabajadoras sexuales impulsada por lesbianas feministas pro sexo.
“Las lesbianas aprendimos en el proceso de politización de nuestra sexualidad y de nuestras vidas que el primer paso para el empoderamiento es el nombre.” Con estas palabras comienza el documento redactado por Valeria Flores y Noe Gall, activistas lesbianas de Neuquén y Córdoba respectivamente, que ven en las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales un germen de su propia lucha. La pregunta capciosa de esta redactora sobre los motivos que las llevaron a acompañar las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales no cae en saco roto. No consideran que acompañan, sino que esa lucha las involucra e interpela. Extranjería y solidaridad cristiana son los términos que utilizan para rebatir la noción de “compañía”. “Cuando pensás que esta demanda atraviesa tu propio cuerpo decidís no acompañar, sino salir de las trincheras de la hipocresía social juntas”, afirma Noe. Porque justamente, uno de los puntos de articulación entre trabajadoras sexuales y lesbianas “está en el silenciamiento de sus voces, en el borramiento del espacio público de las trabajadoras sexuales como sujetos políticos, que en su caso se da mediante la criminalización de su actividad, la persecución policial”, explica Valeria Flores a este diario. “Sin usurpar las voces y lugares de enunciación de las compañeras, creo que la proclama materializa ese punto de contacto: la criminalización de las trabajadoras sexuales mediante las leyes de trata busca, más que erradicar un delito como es la explotación sexual, el borramiento de un tipo de sexualidad, un modo de ejercicio de la sexualidad, de modos de hacer del cuerpo, que nos compromete si pensamos las políticas sexuales no reducidas a demandas identitarias. Tiene que ver con la autonomía corporal y sexual, por eso activamos la identificación ‘prosexo’, porque el mismo término visibiliza una práctica, pone en escena algo de lo que se habla bastante poco en el feminismo: de sexo, de su poder performativo, de la multiplicidad de formas de experimentar lo erótico, lo placentero, lo sexoafectivo”, puntualiza.
Digámoslo con todas las letras: vivimos en un país donde sus principales referentes feministas reclaman el derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero se niegan a dejar (y mucho menos apoyar) que otras decidan usarlo como un modo de trabajo. La denominada “línea abolicionista” considera a la prostitución como una forma de explotación y puerta de entrada al tráfico y trata de personas, motivo por el cual la prostitución no puede ser considerada trabajo y debe ser desalentada y erradicada. Al amalgamar trata con prostitución, este modelo deja en desamparo a quienes ejercen la actividad y le da herramientas a la policía para su persecución, generando mayores niveles de clandestinidad. En el plano del debate político, la fuerza que está tomando esta corriente ha llegado a ciertos puntos de virulencia y falta de respeto, como es el caso del documento de la Campaña Nacional Abolicionista en que acusan de “pro-proxenetismo” a Ammar Córdoba por su apoyo a la Coordinadora por la aparición de Yamila Cuello, joven desaparecida en Córdoba hace cuatro años, víctima de las redes de trata, tratándolas de “intrusas” en la causa.
Al respecto, Valeria Flores sostiene que “el feminismo abolicionista –y cualquier otra corriente– debería trabajar contra sus propios presupuestos, que adquieren un carácter prescriptivo y normativo sobre las formas de coger, y alentar a examinar las relaciones de poder que atraviesan todas las prácticas sexuales, y más que decir esto o aquello está mal (por ejemplo, ganar dinero a través del sexo), por caso, brindar herramientas para establecer pactos o contratos que garanticen la justicia erótica. Lo que sucede es que las luchas sexopolíticas han quedado fragmentadas, segmentadas en demandas identitarias, y creo que lo que pone en escena el tema del trabajo sexual es cómo siguen operando las regulaciones estatales sobre los modos legítimos e ilegítimos de vivir los cuerpos”. “También es urgente para que la lucha contra la trata con fines de explotación sexual se enfoque a una verdadera búsqueda de las víctimas de la misma, como el caso de Yamila Cuello, y el desmantelamiento de las redes de complicidad. Por eso sería interesante que los organismos encargados de esta temática no sólo dieran números de las ‘víctimas rescatadas’ (y que no incluyan en las estadísticas a las trabajadoras sexuales de algún prostíbulo allanado), sino de lxs tratantes, policías, funcionarixs y políticxs procesados por ser parte de esas redes, que sólo funcionan al amparo del poder”, sostienen las activistas.
Noe y Valeria asumieron esta iniciativa en vista del cercenamiento de las libertades y derechos de las trabajadoras sexuales, pero también como un modo de colectivizar la experiencia de la disidencia que comparten ambos colectivos. Publicar esta proclama, explica Noe, “fue una manera de hacernos cargo de que este control sexual que están sufriendo hoy las trabajadoras sexuales nos atraviesa a todas las lesbianas, y a todas las personas que vivimos una sexualidad contrahegemónica. Es una manera de interpelar la sociedad y llevar el debate hacia más colectivos para que se posicionen políticamente ante la problemática actual”.
Pero, ¿cuáles son los puntos de contacto existentes entre ambas agendas? “La trabajadora sexual y la lesbiana encarnan modelos de sexualidad no reproductiva, y aunque las lesbianas tenemos cierto reconocimiento social a partir de los debates que se dieron sobre la ley de matrimonio igualitario, sigue operando igualmente un discurso amordazador de estas identidades, más si practicamos formas de relación sexoafectiva no monogámicas y prácticas sexuales como BDSM. La mordaza en este caso aparece bajo la interpelación que se respira en la atmósfera cultural y alguien siempre la empuja a su dicción: ‘¿qué más piden? Si ya tienen el matrimonio’, una atmósfera ahora cargada de olor a Papa chic”, afirma Valeria.
Noe trae a Simone de Beauvoir a la charla y recuerda que lesbianas y trabajadoras sexuales nacimos mujeres y, como tales, se nos tiene negado el empoderamiento a través del sexo. Por eso, explica, en el contexto político actual es más que necesario hacer visible “esta alianza que existió históricamente entre lesbianas y trabajadoras sexuales y salir a la calle con ellas. A lo largo de la historia de Occidente hemos sido discriminadas y tratadas como una escoria social por el hecho de ser ‘mujeres’ que trasgreden la norma patriarcal de tener sexo no reproductivo, lo que quebranta muchos mandatos y normas”.
En este sentido, a la hora de pensarse en las agendas del feminismo, lesbianas y trabajadoras sexuales parecen ocupar un lugar de ontología incierta, el de esas prácticas sexuales que no tienen un vocabulario que las designe ni una coherencia que las legitime. ¿Cuáles pueden ser, entonces, las estrategias políticas aplicables para conseguir el reconocimiento sin renunciar a ser incoherentes o indecibles? Para Valeria, responder a esta pregunta supone repensar los modos en que se articula el reconocimiento, que “por un lado implica una urgencia de reconocimiento por parte del Estado, en un lenguaje jurídico, que debe garantizar derechos laborales, económicos, culturales y civiles para aquellxs que deciden ejercer esta actividad. Por otro lado, es necesario promover otras modalidades de reconocimiento que tienen que ver más con nuestros espacios cotidianos, con un lenguaje de la pasión ética, con el registro del otrx que se da en la autoorganización, en las comunidades discriminadas, en la colectivización de las experiencias de la disidencia, en otra circulación de saberes minoritarios, todos ámbitos de producción de subjetividad que activan procesos que trabajan contra la estigmatización, clandestinización”.
La tutela política de los “feminismos de la academia” sobre quiénes consideran víctimas que deben ser representadas y rescatadas es para Noe Gall el escollo a subsanar. “Cada vez estoy más convencida de que la mejor estrategia política es la articulación entre las trabajadoras sexuales y las lesbianas, defendiendo la autonomía corporal de cada una, reapropiándonos del feminismo, sacándolo de las universidades, llevándolo a la calle. Cuando trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad social, las que trabajan en la calle y que son las más expuestas, se apropian discursivamente de las premisas del feminismo, las feministas de la academia salen en una cruzada a afirmar que no gozan de ninguna autonomía, no hay voluntades ni libertades, ya que están oprimidas desde que nacen por su propia situación de vulnerabilidad, negándoles (junto con el patriarcado) la posibilidad del empoderamiento. A las lesbianas nos pasa algo parecido, porque la agenda política está diseñada y pensada para algunas mujeres, las que ellas consideran que merecen ciertas políticas.”
Al respecto, la activista neuquina cree que es necesario encontrar otros modos de reconocimiento que sean capaces de poner en evidencia la matriz heterosexual que se esconde por detrás de ciertas lógicas de producción del saber y de las prácticas políticas. “Las trabajadoras sexuales bien pueden ser, y lo son, educadoras sexuales, tienen un saber acumulado sobre las pedagogías de la sexualidad, sobre los modos normativos del coger, y también de resistencias a esos modelos, sobre el mercado del sexo... ahora, ¿quién se anima a convocar a las organizaciones de trabajadoras sexuales a diseñar un currículum de la educación sexual integral que no sea desde el lugar de la victimización?”
Salir de la victimización es un punto nodal a la hora de refrendar determinados modos de pensar el feminismo, y en ese lugar convergen trabajo sexual y aborto. Es imposible desconocer la desigualdad que impone la penalización y el negocio clandestino del aborto, que, como tal, es un tema de salud pública. Es verdad que con el actual marco legal argentino la mayor cantidad de muertes por abortos clandestinos recae en las mujeres que no tienen recursos económicos para realizarse una intervención en una clínica ilegal o acceso a la información del uso del misoprostol como una alternativa no quirúrgica. En nombre de las más carenciadas se reclama actualmente el derecho a decidir cuándo y cómo reproducirse, aduciendo que no tienen salida ni posibilidades, una delicada postura que, al victimizar, desagencia y tutela. Sin embargo, esta discusión también se teje en posturas libertarias sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que reposicionan a las mujeres con respecto a los lugares para ellas asignados en un modelo que, con pocas fisuras, espera que se cumpla el deseo de tener hijos, de tener pareja, de reproducir la cultura dominante, de cuidar, de criar, de proteger el modelo heteronormativo. ¿Acaso no abortamos por decisión propia de no querer tener hijos en ese momento, siendo una elección consciente y racional? Desde este lugar podríamos conjeturar que tanto aborto como sexo pago resquebrajan ese modelo. Sin embargo ambas discusiones parecen correr por carriles muy diferenciados. ¿Por qué es tan difícil entonces lograr acuerdos políticos entre ambos activismos?
La respuesta de Valeria es contundente: “Tenemos un feminismo hegemónico que es abolicionista, que activa por la descriminalización del aborto, pero sigue operando políticamente bajo supuestos que le adjudican a la sexualidad –y a la genitalidad– un carácter fundante del sujeto, y en el caso de las mujeres, se impone un análisis que las ubica sistemáticamente en el lugar de víctimas del patriarcado. Cuando digo que es hegemónico me refiero a un discurso que tiene la capacidad de articular grupos de mujeres, feministas académicas, funcionarias del Estado, que se impone como la voz única y representativa del feminismo”. Noe no se queda atrás: “La discusión eterna de si la concepción es vida o no lo es es la misma discusión de si la prostitución es trabajo o no lo es. Tanto los ‘pro-vida’ como las (feministas) abolicionistas habitan una verdad absoluta apelando a una moral conservadora. En este sentido, el desmonte del sistema sexo-género va a traer la visibilización de muchxs más cuerpos en estas discusiones. Hace poco escuché a un varón trans, Blas Radi, reivindicar su derecho al aborto; para el feminismo hegemónico es impensable que un varón reclame por este derecho ya que se considera que es un tema de ‘mujeres’”.
Estas discusiones también denotan una jerarquización subjetiva para dentro de la comunidad lgbt, jerarquías que reifican componentes de una moralidad cristiana y patriarcal. “La ley de matrimonio igualitario también creó nuevas jerarquías en el interior de las comunidades lgbt, que además de tener un fuerte componente de clase, hace que ciertos cuerpos sean más legítimos que otros. Hay renovados criterios de decencia y respetabilidad, que tienen como efecto que ciertas prácticas y cuerpos continúen en la esfera de la abyección”, sostiene Valeria.
Para Flores, el feminismo adolece de una mirada sobre la mercantilización de los cuerpos en general, y no exclusivamente cuando se debate el trabajo sexual. “Todos nuestros cuerpos están mercantilizados en el sistema capitalista, el tema es cómo hacemos para reconvertir y resistir esa mercantilización en agenciamiento colectivo, en otras potencias de actuar y en otros deseos. En los debates suele aparecer rápidamente la figura del ‘proxenetismo internacional’ una figura vaga, que no se sabe bien a quién se refiere, pero en general opera como una figura metafórica creada por el fundamentalismo abolicionista para descalificar a las trabajadoras sexuales organizadas. Me parece que es importante no perder de vista en las agendas, cuando se activan ciertas demandas que se articulan bajo los términos de un derecho a conquistar, en qué cuerpos se está pensando y qué otros cuerpos quedarán a la deriva...”
Y es justamente este cruce de agendas el que funciona como leit motiv de estas dos activistas a la hora de divulgar este documento que cuenta con el apoyo de más lesbianas que, al igual que ellas, sostienen la necesidad de reivindicar la posibilidad de vivir en esos espacios liminares, en esa censura de la heteronorma, no monogámica, ni reproductiva. “En esta batalla el silencio no es una opción, es una toma de postura a favor de quien detenta la hegemonía, de quien va ganando la lucha, que son las políticas de persecución moral, policial, estatal y feminista hacia las trabajadoras sexuales”, concluye la proclama. Un espacio más que denota los caminos que aún necesitamos recorrer en la reivindicación de prácticas swingers, poliamorosas, BDSM, de sexo casual, orgiástico, voyeur y tantas más como personas que se mirotean con deseo por ahí y no tienen intenciones de cumplir con lo que las normas sociales esperan de ellas.
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