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Volaba de fiebre. Por eso, el domingo 16 de diciembre una joven de 27 años fue, con su pareja, al Hospital Público Materno Infantil de Salta. Tenía septicemia. Le había pagado a una señora que le puso una gelatina en la vagina para provocarle un aborto. Se encuentra en terapia intensiva en grave estado. El 18 de noviembre, en Los Pinos, La Matanza, una mujer de 36 años murió desangrada en la habitación 323 del hotel alojamiento Centenera. Ella fue a buscar un refugio para poder dejar que su cuerpo exhalara sin escondites la interrupción de su embarazo con medicamentos que no supo maniobrar. La cama que le negó el sistema de salud no pudo contener la sangre y terminó acaparando su cuerpo sin vida por una hemorragia.

El miércoles 10 de diciembre, mientras la democracia soplaba sus treinta y un años, la mayor deuda del Congreso de la Nación con las mujeres se cobraba la falta de aborto legal, seguro y gratuito con un show mediático en donde la carne fue el cuerpo de las mujeres. Con un allanamiento chiflado a las cámaras, de la Policía Federal Delegación San Martín, se irrumpió en un local partidario en Ciudadela en donde se encontraba Ariel Omar Herrera, ex diputado provincial y cofundador del Modin con Aldo Rico y ahora integrante de Unión Popular. La ilegalidad también es un negocio en donde se cobra alrededor de diez mil pesos por un aborto.

En el momento del allanamiento tres jóvenes se estaban practicando abortos. Las escracharon por televisión mientras el epígrafe de C5N anunciaba que se trataba de “La clínica del horror” (como si ellas fuesen parte de una escenografía monstruosa), las llevaron a un hospital en donde les hicieron violentos tactos, no las dejaron permanecer con sus familiares y las procesaron en una causa por aborto y asociación ilícita.

La salud, la vida, la libertad, la dignidad y la intimidad: todo eso ponen en juego, cada día, cuando no pueden o quieren continuar con un embarazo.

El Estado le pidió perdón a L. M. R. por haberle negado su derecho a un aborto legal. ¿Cuándo les va a pedir disculpas a tantas mujeres todos los días por terminar incomunicadas, enfermas, asustadas, inseguras, presas, maltratadas, estafadas, culpabilizadas, escrachadas, estigmatizadas o muertas? ¿Cómo se pide perdón? ¿Y si del –bienvenido– perdón se pasa a la –reclamada– acción de legalizar el aborto?

El proyecto para que todas las mujeres puedan concurrir a un hospital público o privado para interrumpir su embarazo espera en el Congreso Nacional.

Ninguna muerte por aborto es posible

“Hay que asumir las acciones que permitan salvar más vidas”, dijo, práctico y al grano, el presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica. En la gestión anterior del Frente Amplio el ex mandatario (ahora nuevamente elegido para volver a la presidencia) Tabaré Vázquez había vetado la legalización del aborto. Sin embargo, el proyecto volvió a tratarse y aprobarse en el Congreso. Se puso en marcha en el 2012. Los resultados son tajantes: no murió una sola mujer en una interrupción legal del embarazo y hubo sólo un uno por ciento de complicaciones. El charco está tan cerca que el reflejo ilumina.

En Uruguay no solamente, desde hace dos años, el aborto es legal. Desde antes el sistema público informaba en consejerías de atención pre y post aborto cómo podían hacer las mujeres para no morir ni lastimarse y siempre las atendían después de la intervención. El ginecólogo Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Publica de Uruguay, resalta ante Las/12 los logros del país vecino: “Uruguay hoy tiene la menor mortalidad materna de América, sólo aventajado por Canadá. La disminución del aborto inseguro ha sido la principal causa de este logro. ¿Cómo se llegó a esta situación? Mediante la aplicación, desde el 2001, del modelo de reducción de riesgo y daños en el aborto ilegal que implica que, más allá de la ilegalidad, el Estado y los equipos de salud deben asesorar y acompañar a las mujeres que cursan embarazos no deseados o no aceptados para que, si no pueden continuar el embarazo, lo interrumpan con el menor riesgo posible. En otras palabras, una mujer que cursa un embarazo no deseado no deja de ser una ciudadana sujeta de derechos y, en particular en ese momento tan crucial, del derecho a la atención en salud. El uso de misoprostol fue un instrumento fenomenal para disminuir el riesgo, siempre en el contexto de la consulta en el sistema asistencial”.

Por eso, Briozzo festeja: “Con la aplicación de esta estrategia y con el esfuerzo de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento de mujeres, se logró llegar a la despenalización hace dos años. Esta ley busca disminuir el número de abortos y se articula con las políticas de educación en salud sexual y reproductiva y los servicios de anticoncepción universal”.

En Uruguay la Razón de la Mortalidad Materna (RMM) cada 10.000 nacidos vivos es de 1,4. El único lugar del continente con más garantía de vida para las mujeres es Canadá, con 1,1 de RMM. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el sueño americano les da menos seguridad a sus ciudadanas, con una cantidad de fallecidas por embarazo, parto o puerperio de 2,8 cada 10.000 nacidos/as vivo/as. “En Uruguay la mortalidad materna por aborto inseguro ya fue de cero con el modelo de reducción de riesgo y daño. Antes de la despenalización ya habíamos logrado este objetivo”, subraya Briozzo. En el país que en el verano todos van a contemplar para pasar revista en Punta hay otros logros que mirar. Desde 1990 al 2000 el aborto inseguro era la principal causa de mortalidad materna en las mujeres. Ese dato ya es de museo. Se aplicó tolerancia cero a las muertes por aborto.

En la Argentina, en cambio, se entierra a 3,5 mujeres por causas maternas cada 10.000 nacidos vivos. El aborto sigue siendo la primera causa de estas pérdidas (en el 20 por ciento de los fallecimientos de mujeres en el embarazo, parto o puerperio), según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) en base a cifras del Ministerio de Salud de la Nación, del 2012, ya que no hay difundidas nuevas estadísticas.

Sólo en un año –2012– perdieron la vida 258 mujeres por ser mujeres. El 20 por ciento de ellas por no querer ser o no querer volver a ser madres. La RMM es de 3,5 muertes cada 10.000 nacidos vivos e incumple –escandalosamente– el compromiso de la Argentina firmado con Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir, para el 2015, en tres cuartas partes las mujeres que se quedan en el camino cuando un test les da positivo. La Argentina tenía que lograr, el año que viene, una mortalidad materna de 1,3 muerte cada 10.000 nacidos vivos.

Argentina no llega a esa meta y va a quedar en rojo en el boletín que le pedía preservar la vida de sus ciudadanas y no condenarlas a perder la vida por su potencialidad fértil. Pero la condena interna también marca la deuda de las desigualdades interiores. En Formosa la mortalidad materna, la más alta del país, es de 15 mujeres cada 10.000 nacimientos. En más de la mitad de las provincias (trece de veinticuatro jurisdicciones) las pérdidas de mujeres por un embarazo mal conducido por el sistema de salud como gatillo superan el promedio de RMM nacional y en Formosa, Chaco, Jujuy y Misiones se duplica o triplica el riesgo de morir por nacer mujer. La inequidad de las más olvidadas se clava como una estaca en el horizonte de futuro de quienes menos ganan y más pierden, como si todavía ser mujer tuviera el riesgo de venir acompañado de una lápida temprana.

O de estar condenada a conseguir recetas de misoprostol que los médicos prefieren firmar en nombre de los varones para no poder ser imputados en ninguna causa judicial, a comprar blisters en sistemas clandestinos que ponen el precio descuidado de la ilegalidad, que no garantizan la eficacia ni la calidad de los medicamentos y que generan un mercado paralelo en donde se lucra con el cuerpo de las mujeres desesperadas. “La ilegalidad del aborto supone una amenaza para la vida de las mujeres pobres, el acceso al misoprostol es dificultoso –ya que no se consigue sin receta– y juntar el dinero para adquirir las pastillas no suele ser una tarea sencilla”, dictamina la trabajadora social Lorena Gargiulo desde la cotidianidad de escuchar en un centro de salud de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires el grito desesperado de mujeres que no llegan a juntar los billetes.

Clandestinidad y asociación ilícita

“Policía interrumpe aborto clandestino”, decía el epígrafe rojo de la pantalla de C5N, en el que ya podía imaginarse a mujeres en camilla espantadas por el ingreso de la Policía Federal a un momento de intimidad brutal. Pero la imaginación no basta. La televisión mostró a las tres jóvenes –que prefieren no hablar públicamente pero que sí están a favor del repudio público a ese procedimiento– en camilla saliendo del local partidario de un ex Modin, ligado a un sector político de la derecha conservadora. “La clínica del horror”, titulaba el canal de noticias en el que las cámaras llegaron con los patrulleros y ningún periodista relató el procedimiento en el marco de la pelea política por el fin de la clandestinidad.

La investigación por asociación ilícita y aborto la inició la Justicia en agosto. Pero actuaron justo cuando había tres jóvenes en medio de una intervención y las tuvieron detenidas durante 24 horas. Las chicas (que tienen entre veinte y treinta años) fueron llevadas al Hospital Ramón Carrillo. En contra del protocolo de atención post aborto del Ministerio de Salud, a una de las jóvenes le hicieron un tacto de forma muy violenta. Y la dirección del centro de salud les prohibió las visitas, por lo que no pudieron estar acompañadas ni contenidas en medio de un procedimiento de salud interrumpido por un estruendoso operativo policial y judicial. Están en vilo sobre su situación, ya que, probablemente, recién sean llamadas a declarar después de la feria judicial, en febrero.

Las tres mujeres, hasta ahora, están procesadas y son representadas por la defensoría oficial de San Martín. Más allá de eso, la abogada Lourdes Bascary, del CELS, acompañó a las jóvenes para evitar que se produjeran mayores vulneraciones. Hasta ahora se presume que la fiscalía no va a pedir el procesamiento de las mujeres, especialmente porque no es válido constitucionalmente usar el propio cuerpo como elemento probatorio para incriminarlas. Bascary apunta que, a partir del operativo en Ciudadela, a la inseguridad sanitaria ahora se suma la inseguridad legal y de exposición mediática para las mujeres que abortan: “Es poco frecuente que una medida que cuenta con el elemento sorpresa, como un allanamiento, pueda darse con la cobertura de los medios, algo muy sensible que potenció la violencia de la que estaban siendo víctimas las tres mujeres apresadas. En general, el negocio del aborto clandestino –inmenso– no suele ser molestado por investigaciones criminales. Nunca se vio que este tipo de procedimientos se haga en clínicas en donde reciben atención mujeres de mayores ingresos. En la Argentina abortan mujeres de todas las clases sociales en la clandestinidad. La diferencia entre posiciones económicas reside en la seguridad que tienen al momento de recibir esa atención médica y, a partir de ahora, en que las más ricas no son molestadas por la Justicia penal y las cámaras”.

Celeste Mac Dougall, activista de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, docente y especialista en educación sexual integral, apunta: “Fue una acción política: un local partidario (de una agrupación relacionada con el Modin y con el duhaldismo) y el intendente de San Martín (Gabriel Katopodis, del Frente Renovador). Lo interesante es ver cómo el territorio de disputa de estas internas partidarias y rencillas políticas es el cuerpo de las mujeres. Quienes fueron filmadas mientras salían en camilla tapadas con una frazada fueron esas tres mujeres”.

El Estado pide perdón

Las siglas L. M. R. marcan un antes y un después en la Argentina. Esas son las siglas del nombre de una chica que tenía 19 años en el 2006 y una edad mental de diez. Ella quedó embarazada producto de los abusos sexuales por parte de uno de sus tíos, que terminó detenido durante seis años por ese delito. Su mamá, Vicenta, descubrió el embarazo y pidió que le realizaran un aborto. La derivaron el Hospital San Martín, de La Plata, donde le iban a realizar la práctica, pero la frenaron por una orden judicial. Finalmente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sentenció que el aborto es legal, que debe realizarse y que no deben judicializarse estas situaciones. Pero el hospital dijo que el embarazo estaba muy avanzado. L. M. R. interrumpió su embarazo en el circuito clandestino.

El 25 de mayo del 2007, Vicenta, apoyada por su otra hija, Verónica, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañada por Estela Díaz, Edurne Cadernas, Susana Chiarotti, Cristina Zurutusa, Marta Alanis y Silvia Julia. El 29 de marzo del 2011 el Comité emitió un dictamen en donde ordenó reparar a L. M. R. y no repetir en el futuro casos similares. El 11 de diciembre se realizó un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado en La Plata, en donde se le pidió perdón por parte del Estado. “El acto constituye una disculpa pública que incluye el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades estatales. Se trata de un hecho histórico, porque el Estado argentino aceptó públicamente su responsabilidad internacional y además pidió perdón a la víctima del caso por no haber brindado acceso al aborto legal, incurriendo en trato cruel, inhumano y degradante a L. M. R. y su familia”, explica Cardenas, integrante del equipo de peticionarias y actualmente integrante del CELS. Aunque también subraya: “Festejamos este paso, pero todavía queda un largo camino para garantizar en todo el país el acceso al aborto legal”.

Estela Díaz, secretaria de género de la CTA e integrante del equipo que realizó la demanda internacional, destaca la importancia del perdón: “Llevó ocho años de trabajo sostenido, articulado y silencioso, pero se logró. Es muy importante que el Estado reconozca la vulneración de derechos cuando no se realiza un aborto legal. En especial porque todavía hay problemas frecuentes para el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No hace falta ir lejos para verificarlo. El mismo hospital San Martín de La Plata, que ese 2006 fue parte de la restricción del acceso a la salud, este año repitió dos situaciones de negativa similares. Seguramente hay más, porque las conocemos cuando las mujeres no se resignan y reclaman contra la injusticia. Otras, lamentablemente callan, con resignación”.

Díaz rescata que L. M. R. se iluminó no tanto con las palabras sino cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le regaló una caja con pinturas acrílicas para que sus cuadros –que se exhibieron como una demostración del valor potente del empoderamiento– sigan potenciando nuevas miradas. “Este ha sido un caso emblemático. Esto se lo debemos sobre todo a Vicenta y Verónica. Ellas llevaron la pelea a fondo y se defendieron como leonas. Con toda esa sabiduría popular, que no se aprende en ninguna universidad, que se trae en el sustrato cultural de las resistencias históricas de las excluidas de siempre, se puede decir que resistieron desde las entrañas”, valoriza Díaz. Y apuesta a la puesta en marcha de políticas públicas más comprometidas: “Deben profundizarse la educación sexual integral en todos los niveles de educación, el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto legal. Esto no se consigue en voz baja”.

Por su parte, Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina, también rescata y critica a la vez: “Es un gesto de mucho valor desde lo simbólico. El hecho de que funcionarios asuman la responsabilidad que le cupo al Estado por el daño causado a un particular es una actitud valiente y da un mensaje positivo de cara a la sociedad. De todas maneras, las condiciones que hicieron imposible el drama de L. M. R. no se modificaron. Es el Estado el responsable de asegurar que las mujeres y niñas puedan acceder al aborto legal de manera que nunca más se produzca un caso similar”.

Ella también reafirma que el concepto de aborto legal abarca los casos de violación, los embarazos inviables y también cuando corre peligro la vida o salud de la madre. Pero muchos casos que no son atendidos en el sistema público de salud, en realidad, sí pueden encuadrarse en los abortos legales que ordenó atender la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012, ya que si una mujer no quiere seguir adelante con su embarazo eso pone en riesgo su salud emocional. “En los últimos años se ha alcanzado a nivel internacional el consenso de que obligar a una mujer o niña a llevar adelante un embarazo no deseado tiene efectos asimilables a la tortura o al trato inhumano, cruel y degradante, tal como lo estableció el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, justamente en el caso de L. M. R. El acceso al aborto en caso de violación o de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada es un derecho humano, entre otros motivos, ya que obligarla a seguir adelante con la gestación genera un daño psicológico que puede ser irreversible”, explica Belski.

A pesar de todas las deudas, las muertas, las lesionadas, las presas, las maltratadas, las excluidas, todavía levanta polémica la campaña que hizo Sofía Gala, durante el embarazo de su hijo Dante, para la revista La Garganta Poderosa con la inscripción en su panza “En mi cuerpo decido yo”. Los medios hicieron barullo, como si su panza fuera el blanco de un rubor social que mira para otro lado cuando los abortos suceden al lado pero en silencio. Sofía eligió no callar, mirar de frente y lucir el orgullo de su maternidad libre y decidida como emblema de una libertad compartida. Por eso, también reivindicó “Si yo voy a parir, yo voy a elegir”.