Todo a concurso

Con la aprobación en la Legislatura porteña de la Ley de Transparencia que trata de la contratación de la obra pública de servicios profesionales de arquitectura, urbanismo, paisajismo e ingeniería civil, se abre un nuevo ciclo en la forma de materializar las obras en nuestra ciudad. Si bien el sistema de concursos es un método utilizado y ampliamente valorado, hasta esta ley sólo dependía de la buena voluntad política de cada sector del gobierno porteño si un proyecto se convocaba a concurso abierto o se materializaba de otra manera. Esto llevó por muchos años al nombramiento de profesionales contratados a discreción de cada repartición para proyectar trabajos que claramente podrían haberse resuelto por concurso.

Con esta ley los legisladores Juan Manuel Velasco, Fernando Melillo y Fernando Cantero, junto con el agregado de la legisladora María Soledad Acuña, establecen un nuevo marco general para implementar la transparencia en la contratación pública de servicios profesionales. La historia reciente en la materia es amplia y variada, con cantidad de casos en que la incertidumbre de los profesionales es claramente fundada. Ejemplos sobran: la forma arbitraria en que muchas veces han sido tratados los profesionales en su condición de autores de trabajos legítimamente ganados, cuyos proyectos terminan en el cajón o son desarrolladas por personal contratado ad hoc o por un staff sobredimensionado de personal de planta permanente. Esto, por supuesto, llevó por años a la superposición de tareas o a la difícil determinación de qué área del gobierno debía desarrollar cada obra. Como corolario, cada secretaría cuenta hoy con un importante estudio de arquitectura que se pisa y compite tanto con el sector privado como entre ellos.

La temática de los concursos en la ciudad sigue siendo objeto de numerosos debates por parte de los profesionales y muchos de los proyectos que se concursaron no tuvieron concreción real, como la Plaza de la República con el Obelisco incluido, el megaemprendimiento de Retiro o el de Nuevo Colegiales, que viene siendo intervenido al mejor “estilo Frankenstein” por cuanta secretaría se considere apta para tallar.

Ahora, la contratación se llevará a cabo bajo la forma de contratos de locación de obra intelectual y los profesionales serán seleccionados exclusivamente a través de concursos abiertos en los que la autoridad contratante podrá ser el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de la Ciudad en todos sus niveles. También podrán llamar a concurso las empresas y sociedades en las que la ciudad tenga participación accionaria, y todos los entes descentralizados del gobierno porteño. Según el objeto de la selección, los concursos se dividirán en: concursos para la selección de propuestas de arquitectura, planeamiento urbano o regional e ingeniería; concurso de croquis preliminares o concurso de anteproyectos. En otra categoría se realizarán llamados para la selección a un mismo tiempo de propuestas de arquitectura e ingeniería, y contratistas de construcción por medio de concursos de proyecto y precio, y concursos de proyecto con precio fijo.

Además, existirán concursos para la selección de profesionales o equipos de profesionales a través de concursos por requisitos y sorteo; concurso de antecedentes y oposición, y por último concurso de antecedentes y metodología. Esperemos que a todo esto se maximicen las instancias previas como las audiencias públicas con la gente del barrio y todo tipo de instancia participativa para la gente.