Hace poco más de dos semanas, aprovechando el feriado del primero de mayo, manos anónimas demolieron la vieja casona de Bolívar esquina Independencia. Una ironía es que alguna vez hasta podemos terminar agradecidos a esta banda de vivos que se pasó la ley por las partes. Y esto es porque su caradurismo y la violencia de la demolición desataron un enojo pocas veces visto en esta ciudad. Los vecinos están enojados. Las ONG que defienden el patrimonio están lívidas. Y los funcionarios porteños están furiosos, personalmente ofendidos por cómo se les rieron en la cara. Sucede que la demolición no fue clandestina en el modo habitual, de demoler sin permiso. Fue clandestina en el sentido de que se la habían prohibido explícitamente y la hicieron igual.

La casa de los Benoit en Bolívar al setecientos era de ese estilo indefinido, entre francés e italiano, que sólo termina existiendo en estas pampas (ya en Uruguay es levemente diferente). De dos pisos, balconera, fue cayendo en desgracia cuando lo único que importó en un edificio fue que fuera a estrenar. Ocupada, subdividida y alquilada, tenía gracias al arquitecto José María Peña una ventaja única en la vida: estaba en pleno centro de San Telmo, protegida por partida doble por su catalogación y sus raíces en la primera Area de Protección Histórica.

Pero como esto es Argentina bastó un chanta para tirarla abajo. La firma que opera con el nombre de fantasía de Agro Bolívar compró la casa y pidió autorización para demolerla. Le explicaron que era imposible, por la doble protección. Y ahí viene la avivada: los dueños llaman a la Guardia de Auxilio y afirman que la casa colapsa, se les cae encima; la Guardia acude y dictamina, correctamente, que nada de eso es cierto y que basta apuntalar una parte y demoler apenas una parte de una bovedilla para que no haya desgracias. Y que le metan con las obras de restauración. Como corresponde, los de la Guardia dejan un papel con sello oficial como comprobante de su visita.

Los avivados deciden demoler igual, pero truchando la autorización. Como se ve en la foto, levantan un andamio liviano, con media sombra, como los que se usan en restauraciones y trabajos de pintura, pero no en demoliciones. Y allá arriba le pegan un cartel de aspecto oficial. El cartel es en realidad un collage de seis printers tamaño oficio pegados en desorden, para aumentar la confusión. Ahí dice que un tal Angel Palacios es el técnico y que la demolición es de Heredia. Y hay dos números, el 15768 y el GCBA 213. Ninguno es una autorización de demolición.

Este es el detalle que terminó de enfurecer a los funcionarios, que se empezaron a llamar por teléfono y determinaron cómo los vivos inventaron la tramoya. Un resultado de esto es simplícimo y a la vez inédito. Josefina Delgado, subsecretaria de Patrimonio Cultural de la ciudad, y por tanto encargada directa del patrimonio edificado explicó a m2 que se está formando un comité de funcionarios para hablar de estas cosas, avisarse y bloquear a los vivos. El comité, y esto es realmente histórico, reúne gente de Cultura y de Planeamiento, dos ministerios que en temas de patrimonio se opusieron siempre hasta por deporte. Los vivos de Agro Bolívar lograron lo que ni mil seminarios patrimoniales.

Mónica Giglio, directora general de Interpretación Urbanística, hace ya una semana que juró que en ese terreno no se construirá una playa de estacionamiento, uso prohibido explícitamente por el Código en el APH. En privado, varios funcionarios mascullan cosas como que los van a clausurar hasta aburrirse y luego los van a llevar a la Justicia.

El problema es que la legislación no tiene mucho diente. Los avivados no van a poder hacer una playa de estacionamiento por derechas, pero si la única amenaza realista es una clausura y una causa en la Justicia porteña, hasta el más tímido se anima a romper las fajas. La segunda sanción, que se puede construir menos de lo que había en el lote –prevista en la ley de patrimonio– también depende en última instancia de inspecciones y clausuras...

Hay una tercera herramienta, la de las multas. El problema es que la mayor que puede cobrar la ciudad es de diez mil pesos, cifra que no estremecerá a ninguna empresa. El mismo jefe de Gobierno lo comprobó esta semana, cuando clausuró en persona una obra en la que otro avivado tiró cemento a las cloacas para ahorrarse alquilar un camión de desechos. Macri cerró el lugar y ordenó la multa en persona, y luego admitió que hay que actualizar las penas, que llevan años carcomiéndose a fuerza de inflación.

Evidentemente llegó la hora no sólo de hacer una ley general de patrimonio que abarque todos los edificios de cierta edad en la ciudad, sino también de incluir con fuerza el tema en el aparato de castigos. El Ministerio de Cultura tiene que tomar los poderes de policía que le otorga la ley, nunca reglamentados por la apatía y cobardía moral de las Chicas Superpoderosas –en particular Bellota/Silvia Fajre– que dejaron cajoneados los papeles que les daban autoridad hasta para clausurar. Esta sorprendente administración macrista está dando señales altas y claras de que va a sacar todo del cajón, reglamentar las leyes correspondientes y actuar desde Cultura también. Y que Planeamiento será más un socio que un rival.

El afiche de Basta de Demoler que muestra cómo era la casa.

LAS PROTESTAS

El edificio ya no está y en la esquina hay un baldío tapiado, que mañana a las 17 será escenario de una protesta convocada por Basta de Demoler y Proteger Barracas, entre otros grupos patrimonialistas. Parte de la protesta será volver a pintar el mural “Carnavales de antaño”, que había pintado el Grupo Muralistas del Oeste (Mónica Rojas, Marta Caveri, Emilio Reato y Jorge Ledesma) en la medianera dejada por ese otro grupo de vivos, los militares que ensancharon Independencia. Habrá murgas y reclamos de todo el rigor de la ley, además de circular información sobre otros edificios en peligro y convocar a los vecinos a moverse para proteger sus edificios.

Y ya que hablamos de cosas inéditas hasta ahora, los organizadores invitaron a Josefina Delgado y ésta aceptó, “por convicción de estas cosas y porque me parece muy bien”. No sólo eso, Delgado está hablando todo el tema con Macri, que aparece receptivo a la necesidad de ordenar el tema patrimonio en la ciudad y punir este tipo de anarquías. El jefe de Gobierno mostró una energía refrescante este verano con el caso del La Salle y sus diputados ya actúan hacia el patrimonio como con cualquier otro ítem en la agenda política. Episodios como el de Bolívar van directo a la capacidad de administración de un gobierno y francamente requieren la misma energía.