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La ley 2548 se pospuso una semana más, pero no por cosas raras sino porque simplemente no hubo sesión este jueves en la Legislatura. Averiguar exactamente por qué los legisladores no fueron al recinto sólo sirvió para escuchar explicaciones inconexas e improbables, pero la cosa es que no se votó la extensión.

Sigue entonces el misterio de la ley que puede por fin darle a nuestra ciudad un régimen de protección del patrimonio que resulte serio y creíble, como el de un país civilizado. La ley surgió en diciembre de 2007 como una manera de calmar las aguas ante el sorprendente avance de los grupos patrimonialistas, que se instalaron en la agenda porteña a fuerza de amparos y movilizaciones. Los políticos reaccionaron bien y transformaron el macarrónico Paisaje Cultural que Ibarra-Telerman le quisieron vender a la Unesco en una zona experimental.

En ese amplio polígono se invirtió el sistema actual, que le deja toda la carga del trámite al ciudadano que quiera evitar una demolición y cuidar su ciudad. Y qué trámite: todo tiene que hacerse dos veces, porque catalogar es un trámite de doble lectura. Uno pasa las de Caín y, si le va bien, tiene que volver a pasarlas.

La 2548 simplemente dice que todo en la zona que abarca que se haya construido hasta 1940 está inhibido de piqueta automática, una idea tomada del proyecto original de la diputada Teresa de Anchorena (CC). El que tiene que hacer el trámite es el que quiere destruir un edificio, y el trámite es mucho más sencillo. Cuando se va a pedir el permiso de demolición se le comunica al que hace el trámite que la carpeta debe ir al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que tiene un plazo sumario para decir que sí o que no. Si el edificio puede demolerse, sigue el trámite normal. Si el bien es patrimonial, queda protegido mientras se envía el expediente a la Legislatura para la doble lectura.

Como no hubo una ola de quiebras ni desocupación en la industria de la construcción, o al menos no por esta ley, el Ejecutivo sorprendió a fin de año proponiendo que se la extendiera a dos años y a toda la ciudad. No se pudo en diciembre y se volvió a la carga este verano, con proyecto del diputado Patricio Distefano (PRO). Este jueves, la extensión pasó por unanimidad en la Comisión de Planeamiento Urbano que preside Silvina Pedreira (FPV) y estaba lista para el voto. Como el jueves que viene es feriado, es probable que la Legislatura se reúna el miércoles y la 2548 sea votada.

Con bronca

Hablando de la Comisión de Planeamiento, su directora la arquitecta Bárbara Rossen emitió un comunicado esta semana, muy enojada con la nota que explicó que ponía palos en la rueda. Rossen afirma que fue “aludida malintencionadamente” y se presenta como alguien que “les ha dado siempre a los temas patrimoniales” gran relevancia. La directora explica que por su comisión pasaron 35 temas de protección patrimonial y que en 2008 “fue cuando más catalogaciones se han tratado y aprobado en la Legislatura”. Luego va más al punto de la nota y explica que para ella en la reunión del martes 17 “opinaron distintas entidades” y nada más, lo que ella considera “debate y la búsqueda del consenso”. Y como para mostrar cuánto trabaja, Rossen agrega un anexo con todos los proyectos que pasaron por su comisión.

Son varias las tonteras que contiene la nota, empezando porque el 2008 fue record en catalogaciones gracias a los esfuerzos de la Comisión de Patrimonio, que es una máquina de salvar edificios y lugares. Luego se podría continuar por la estupenda noción de que el consenso y el debate son un invento de Rossen y su comisión. Pero basta leer la lista que la misma arquitecta envía para que se caigan a pedazos sus argumentos.

La lista consiste casi únicamente en catalogaciones de edificios individuales, un tema ya poco controvertido en la Legislatura. Lo llamativo es que existe un solo proyecto que Rossen destaca que trasciende la catalogación individual, y ése es el de la ley 2930 que sanciona el Plan Urbano Ambiental. Como ya es más que claro, Rossen es una lobbista del Consejo del Plan Urbano Ambiental, al que quiso meter por la ventana a opinar y vetar catalogaciones como si tuviera un mandato democrático o aunque sea una vela en ese entierro. No le salió muy bien y continúa entonces con su tarea velando los intereses de los grandes estudios de arquitectura y las grandes constructoras, a los que metió a opinar en la 2548 y para los que presta servicios como cajonear ad limine la defensa de las alturas bajas en los pasajes porteños. En la Legislatura ya saben que todo proyecto que busque defender el patrimonio a una escala algo mayor que una casa individual tiene a la directora Bárbara Rossen como escollo a superar.

La original Pierini

La defensora del Pueblo porteño Alicia Pierini acaba de tomar una medida simplemente inteligente. Este mes firmó un acuerdo institucional nombrando titulares en las cinco “adjuntías” a las que tiene derecho según la ley orgánica de su entidad. Las adjuntías consisten en adjuntos que atienden temas específicos, informan a la defensora y la ayudan en general a dialogar con el público, llegar a conclusiones para actuar y la asesoran, entre otros deberes. Los adjuntos se dividen los temas y así hay una encargada de cuestiones de desarrollo urbano, espacio público y gestión ambiental –arquitecto Atilio Alimena–, otra de promoción del turista y protección del visitante –José Palmiotti–, otra de temas de justicia especializada en consumidores, usuarios y adicciones –doctor Andrés Elisseche– y otra dedicada a la ley 1538 más deportes –Graciela Muñiz–. La originalidad es la tercera adjuntía, a cargo de Gerardo Gómez Coronado, a quien la doctora Pierini le encarga atender cuestiones de planeamiento, transporte, servicios públicos y preservación arquitectónica e identidad barrial. Buenos Aires debe ser la primera ciudad con un mandato específico del ombudsman para ayudar a proteger el patrimonio edificado y la identidad urbana, un gesto creativo y un avance concreto.

Británico y Gato Negro

La Justicia porteña acaba de hacer lugar al amparo que presentó la diputada Teresa de Anchorena para que dos bares históricos siguieran siéndolo. La cuestión puede parecer académica, ya que luego de diversas peripecias ambos siguen ahí. Pero sucede que es la primera vez que la Justicia hace lugar a un tema bajo el paraguas de la ley 1227, la ley general de patrimonio que por primera vez lo definió como un objeto con existencia legal. Esta ley durmió años en el cajón de Silvia Fajre, ministra de Cultura de Telerman, hasta que otro amparo, también de Anchorena, la obligó a reglamentarla y sancionarla.

El fallo hace lugar al amparo y dice que “es menester asegurar la debida protección jurídica de ambos establecimientos en el futuro, para respetar adecuadamente lo dispuesto por los arts. 27, inciso 2º, y 32 de la Carta Magna local, por lo que se ordenará al Gobierno demandado que en plazo razonable informe acerca de lo actuado respecto de ambos bares en el marco de las leyes 35 y 1227, y en su caso los incluya en las previsiones de esas normas”. Es la primera vez que se obtiene una decisión así, que mencione las leyes 35 –bares notables– y la 1227 –patrimonio.

La cosa sigue con el juez fallando “hacer lugar a la acción en lo referido a la situación jurídica de ambos bares, y ordenar al gobierno que en el término de quince días de notificado informe acerca de lo actuado respecto de ellos en el marco de las leyes 35 y 1227, y en su caso los incluya en las medidas tuitivas de esas normas”.

Esto obliga al gobierno porteño a usar realmente la ley 1227, que parece el patito feo de la legislación de la ciudad. Pero la 1227 permite entender que un bar no es apenas un emprendimiento comercial en un lugar físico cualquiera sino que también puede ser un artefacto cultural protegible. Esto significa que la 1227 también abarca a los Bares Notables porteños, entidad que inventaron las Chicas Superpoderosas en tiempos de Ibarra-Telerman y después se asustaron de proteger.

Por el contrario, este fallo declara que los bares notables tienen protección constitucional por constituir patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que caen claramente bajo la 1227 y por tanto tienen que ser protegidos por el gobierno porteño. Así se cae la idea de Fajre y Nani Arias Incollá, su adlátere, de que un problema de bares patrimoniales es apenas un problema entre privados y que meterse es vulnerar la propiedad privada... y eso en un gobierno supuestamente progresista.

El fallo declara abstracta la situación de riesgo en la que estuvieron el Británico y El Gato Negro, ya que siguen ahí. Pero avanza en crear jurisprudencia para cuidar el patrimonio.