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Hasta la persona más sanguínea, de las que pueden ignorar la gripe mexicana, tiene la sensación de que hay otra epidemia en la ciudad. La dolencia en este caso es la demolición a las apuradas de edificios patrimoniales cuya destrucción está prohibida, agravada por dos factores. Uno es que el cuerpo médico especializado, en este caso el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, la está pifiando con los diagnósticos. Y el otro es que el gran antibiótico antipiquetas, el régimen de penalidades para el patrimonio, sigue sin salir de los cajones oficiales. Las buenas noticias son que el CAAP está empezando a reaccionar y que el régimen será presentado en dos semanas –prometen en el gobierno– para que la Legislatura lo sancione.

Tres casas

Hubo tres casos en estos días de piqueta malandra, con tres situaciones legales diferentes y tres resultados variados. Los edificios son viviendas de Recoleta, Montserrat y San Telmo, que van del petit hotel francés a la casa de barrio de las mejores.

En Pueyrredón 1741, a metros de Peña, se alzó por muchos años el petit hotel, que empezó a ser demolido la semana pasada con la frivolidad habitual en estos casos. Una empresa compró este tesoro y un arquitecto, o arquitectos, se prestó a destruirlo para reemplazarlo por algo mucho peor, mucho más feo, mucho menos valioso, pero más grandote y rentable. En la zona roja le dicen a esto prostitución, entre arquitectos le dicen ganarse la vida. Vecinos y diputados patrimonialistas se movilizaron para frenar el aparente atentado, pero resulta que no se pudo hacer nada porque los permisos estaban en regla. Un petit hotel menos para la ciudad.

Más ambigua resulta la situación de la casita de barrio de la calle México al 1400 –foto en la tapa– que ya está a medio demoler. Resulta que en este caso los vándalos sacaron un permiso del que se sabe que fue tramitado todavía en 2008. Pero sucede que los permisos vencen a los 180 días, o más exactamente lo que caduca es algo llamado “certificado de uso conforme”. Este papel, parte normal del trámite, asegura al demoledor que no le van a cambiar las leyes al día siguiente que sacó el permiso y lo pagó. Por ejemplo, nadie puede caerse por la obra para avisar que hay un nuevo impuesto al ladrillo colorado, o que hay que pagar más porque ahora el trámite subió de precio.

Como ya estamos a julio de 2009, el papel está obviamente vencido, pero no queda en claro si esto alcanza para detener la ya avanzada destrucción de la casa. El diputado Patricio Distefano (PRO) está apadrinando esta casa y tratando de que le expliquen por qué los planos llevan un sello de fines de junio, cuando la ley 3056 ya estaba en efecto. Por supuesto, la casa de la que hablamos es anterior a 1940.

Lo que no se demolió fue la linda casa en PH de Estados Unidos 946, que los vecinos de San Telmo Preserva denunciaron indignados se iba a rematar en pedazos. Este tipo de remate consiste en hacer lotes de todo lo que se puede de una casa antes de destruirla. Al despedazarla, se retira todo lo que ya se vendió y se entrega al comprador. Los vecinos estaban indignados porque asumieron que una casa en buen estado, obviamente valiosa y en pleno San Telmo, tenía que estar protegida. También sabían que esta casa está a metros del APH de su barrio y está incluida en la ampliación futura del área.

Se equivocaban: la demolición ya había sido autorizada por el CAAP, que explicó que “el entorno” hacía que no se mereciera ser protegida. Sólo faltaba el permiso formal de demolición, lo que dio tiempo para que el diputado Distefano presentara un proyecto de catalogación el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, se comunicó por escrito al Ejecutivo para avisar que el edificio quedaba inhibido. El lunes, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), hizo lo mismo para formalizar el tema. Hasta nuevo aviso, la casa de Estados Unidos está a salvo.

Y el CAAP, con otro error, introduce un cuarto edificio en esta lista. Es la casa de Andrés Kálnay en la calle Palestina, demolida parcialmente sin permiso ni papeles. La obra fue clausurada inmediatamente, gracias a la denuncia de los vecinos, porque la estaban haciendo de araca. Se ve que los dueños sabían que no se iba a poder destruir un Kálnay con papeles, por lo que pasaron a la clandestinidad. Pues ahora, la dirección general que se ocupa de las Areas de Protección Histórica le preguntó al CAAP si consideraba que la casa de Palestina tenía valor, parte del trámite en curso. ¿Qué contestó el Consejo? Que no valía la pena conservarla porque ya estaba “demasiado dañada”.

¿Quién les preguntó eso? ¿No perciben en el Consejo que así ayudan a premiar a los vándalos?

Las penalidades

Todo esto ocurre en rigor por la casi entera impunidad con que se puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. Como se entenderá, los inspectores no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, con lo que resulta invaluable que los vecinos avisen de estas avivadas. Pero hasta cuando se clausuran las obras el gobierno porteño se encuentra con pocas herramientas para punir a los culpables. Las multas tienen más de diez años sin actualizarse y resultan minúsculas. Y no existe un régimen especial para punir a quienes rompan lo nuestro.

O mejor dicho, sí existe, pero en un largo invernar en los cajones oficiales. Allí, en tiempos del increíble Aníbal Ibarra, se logró aprobar la ley 1227, la primera dedicada específicamente al patrimonio. Una de las cosas que ordenaba la ley era que el Ejecutivo preparara y remitiera a la Legislatura un reglamento para velar por el patrimonio edificado, con castigos y reglas. Silvia Fajre, primero como subsecretaria de Patrimonio y luego como ministra de Cultura de Jorge Telerman, se ocupó minuciosamente de cajonear la 1227. Fajre se negó a reglamentarla para que todo siguiera en el limbo y fue necesario que la diputada Anchorena le presentara un amparo para que la ley fuera efectiva, algo que debe ser un caso único en la historia institucional argentina.

Lo que nunca ocurrió fue que se redactara el reglamento y las penalidades, tarea que le quedó a la actual subsecretaria de Patrimonio, Josefina Delgado. El reglamento fue largamente discutido y revisado, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le dijo a m2 este jueves que ya se lo envió al subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri. “Hoy mismo (por el jueves) hablé con Lostri –dijo el ministro Lombardi–, y me aseguró que en 15 días el reglamento está en la Legislatura.”

Con lo que a mediados de agosto los diputados pueden estar discutiendo sancionar la herramienta para frenar estos desmanes. Legalmente, se trata de incluir una sección específica en el régimen de faltas de la ciudad. Esta sección, la número doce, trata de bienes inmuebles y muebles y castiga a los profesionales a cargo de la obra, la empresa que demuela y la empresa constructora con multas de 350.000 a 500.000 unidades fijas por una demolición total sin permiso, de 200.000 a 350.000 por una demolición parcial y de 50.000 a 200.000 cuando “se modifique, destruya o substraiga una parte constitutiva del bien”. Una unidad fija es hoy aproximadamente un peso.

El proyecto agrega que “si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.

La potencia de este reglamento es evidente, y no sólo porque la multa pasa de ser de unos 10.000 pesos como máximo a medio millón. Con esta reforma se acaba esa obediencia debida de los profesionales de la construcción, que se niegan a hacerse cargo de la violencia de sus actos de vandalismo.