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El actual gobierno porteño es un fenómeno cosmético, de superficies, que se pone serio sólo a la hora de defender los intereses de los especuladores inmobiliarios. Esto es por dinero y por vocación, ya que, como dijo famosamente el subsecretario de Desarrollo Urbano, Héctor Lostri, en la SCA, toda la cadena de mando está formada por profesionales “de la industria”. Se nota.

Pero cuando no se trata de desa-rrollos inmobiliarios, de llevar ejes de aquí para allá para comprar barato, destruir y construir torres, el macrismo se pone frivolón y, peor, caprichoso. Es lo que parece estar pasando en San Telmo con un asunto que ni debería figurar en la agenda, los empedrados.

El problema empezó casi en simultáneo con la asunción de Mauricio Macri a fines de 2007 y fue el primer destello público de una figura cercana y poderosa, el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain. Hombre altanero, Chain no tuvo problemas en nombrar a Lostri, que es su socio comercial en la construcción, como su segundo, marcando un estilo que –se verá más abajo– hizo escuela en el nuevo gobierno.

Lostri tiene, para desgracia nuestra, ganas de ser un ministro recordado por su obra. Esto en general termina en que un funcionario poderoso ejerce sus obsesiones en la tela de la ciudad. En este caso, Lostri adora alterar calzadas y crear adefesios inútiles como las esquinotas de Palermo, Viejo y Soho, o arruinar paisajes estables como el de Recoleta. Para mayor amargura, su equipo no parece ser muy ducho en hacer licitaciones, con lo que sus obras se desarman en tiempo real, afectadas por una vejez acelerada.

Pero su primer proyecto fue peatonalizar la calle Defensa, de Plaza de Mayo a Parque Lezama, proyecto que lanzó con el famoso bombo y su socio el platillo sin pensarlo demasiado. Por ejemplo, no habían pensado en el esquema de transporte excepto para decir que los bondis deberían circular por el Bajo y por la 9 de Julio, creando un área de ocho cuadras sin colectivos. Tampoco se acordaron de consultar con la Procuración y se enteraron, papeloneramente y muy tarde, de que el gobierno porteño no puede peatonalizar: necesita una ley de la Legislatura.

Lostri zafó inventando la “semipeatonalización”, que terminó estrenando en la casi ridícula calle Suipacha –asfalto agujereado para poner arbolitos– porque no pudo usarla en Defensa. El barrio se le plantó, tuvo que aceptar una audiencia pública humillante y terminó con un amparo presentado en noviembre de 2008 por los vecinos de San Telmo Preserva y por la entonces diputada Teresa de Anchorena, que presidía la Comisión de Patrimonio.

El amparo funcionó porque Lostri tampoco preguntó a la Procuración sobre qué otras cosas tenía que abrir el paraguas, con lo que no sabía de la existencia de la ley 65. Para no cargar las tintas, digamos que los funcionarios municipales y autónomos habían hecho de esa ignorancia una tradición que de ninguna manera arranca con el macrismo. La ley 65 simplemente manda preservar el empedrado tradicional donde exista todavía.

La ciudad se avino al amparo y aceptó un convenio con los vecinos. El acuerdo tomaba una zona equivalente al Casco Histórico ampliado, hasta Entre Ríos, y simplemente consistía en no levantar el empedrado. Simple, ¿no? El Ejecutivo nada más tenía que prometer no hacer algo que le pedían con un juez delante.

Esto impidió nuevas fantasías en las calzadas, como el vergonzoso parche que se terminó haciendo en Defensa e Independencia, una cuadrita “modelo” malamente empedrada y con las veredas rasantes que costó semanas y semanas de trabajo. Pero no impidió que el Ejecutivo porteño hiciera trampa. Por ejemplo, en Defensa entre Garay y Brasil, donde cada hundimiento de adoquines es reparado con una buena capa de asfalto caliente. De a poco, la cuadra se va llenando de asfalto como para superar el 40 por ciento y poder asfaltarla para valer.

Los vecinos denunciaron esta y otras violaciones del acuerdo ante la Justicia y recibieron una respuesta estupenda: que la causa había caducado. Como no había y nunca hubo una causa –un amparo no es una causa y por eso no tiene plazos– el representante de los vecinos, Diego Hickethier, apeló y logró que los jueces admitieran el error técnico, con lo que pronto se sabrá qué deciden sobre los actos del gobierno.

Mientras, como cuenta la vecina y activista Patricia Barral, la ciudad aprovechó para ir tapando baches de mala manera, asfaltándolos. Los vecinos están documentando cada caso, para la Justicia.

SANTA CATALINA

Basta de Demoler acaba de presentar ante la Justicia una ampliación de argumentos para impulsar la medida cautelar para evitar el bodoque que quieren construirle al ladito de nuestro convento de Santa Catalina. Lo que logró establecer la ONG es la “inaudita” manera en que se permitió la obra en el estacionamiento que tomaba Reconquista de Córdoba a Viamonte, subiendo media cuadra en ambos lados rumbo a San Martín. El proyecto es una mole que toma la cuadra entera, con 60 metros de altura, varios subsuelos de cocheras y casi 46.000 metros cuadrados.

El misterio es por qué este terreno no figura en el listado del Area de Protección Histórica Catedral Norte. La respuesta es simple: sí figura. Cuando se votó en primera lectura el proyecto de ley 2718/09 el lote estaba claramente incluido. Esto ocurrió el 15 de febrero de 2011, con lo que el lugar debería haber sido inhibido por completo para toda obra. Pero apenas quince días después, el 2 de marzo de 2011, la Dirección General de Interpretación Urbana emite una resolución aprobando el enorme proyecto.

Para mayor misterio, el 26 de octubre de 2011 se vota por segunda vez y final la ley 3943, con el faltante de este terreno. Esto es “ilegal”, según Basta de Demoler y toda lógica posible. Según la ONG, primero se da un permiso que no procede y luego se toma el muy grave paso de sacar el terreno de una ley –cosa imposible de hacer legalmente– para blanquearlo.

Pero hay más. Resulta que el que firmó la resolución del 2 de marzo de 2011 autorizando la obra es el director general Antonio Ledesma. Y el que recibió el beneficio es, entre otros, el arquitecto Roberto Parysow, autor del proyectón en cuestión. Es como mínimo una falta de elegancia, ya que Ledesma y Parysow son socios. Por ejemplo, en 2008 lograron el segundo premio del proyecto para la “adecuación” del edificio del CPAU en la calle 25 de Mayo, junto a Emilio Schargrodsky, Lucía Mazzaglia, Gabriel Galván y un equipo de catorce arquitectos y dos ingenieros. De paso se señala que Ledesma ya era funcionario público en ese momento...

Para seguir mostrando cómo funcionan ciertos vasos comunicantes, fue el mismo Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo el que salió a defender el proyecto de Parysow autorizado por Ledesma. El CPAU es la colegiatura obligatoria profesional del gremio y se comporta como un estudio de lobbistas para la construcción con C mayúscula: a mayor obra, la empresa y el estudio, mayor el entusiasmo. Por eso, esta semana aparece la arquitecta Cristina Fernández, secretaria y consejera del CPAU, en La Nación defendiendo el muro junto al convento con toda energía. Fernández dice, sueltísima de cuerpo, que “en Europa hay muchos lugares donde hay una edificación al lado de una iglesia de 500 años y no pasa nada”. Lo decía para señalar que se puede construir sin derrumbar a los vecinos, pero dejó entre muchos patrimonialistas bien viajados la gran duda: ¿dónde se hacen edificios de 60 metros al lado de iglesias históricas?

La arquitecta se hizo notar por su enérgica condena de la ley 2548, la que crea el sistema de protección especial para edificios anteriores a 1941. Se la vio una y otra vez en la Legislatura, tratando de convencer a legisladores de que era una ley nociva para la construcción, la arquitectura y el urbanismo. En la nota citada, se le escapa que si se hacen así las cosas “no se construiría nada en muchísimos lugares de la ciudad”, que es su verdadera preocupación. Y la del CAAP.

Qué contraste entonces con la nota de este miércoles de Miguel Jurado, el editor adjunto del suplemento ARQ de Clarín y persona perfectamente inocente de toda sospecha de querer “museificar” la ciudad. Jurado explica con tino que “preservar es también generar condiciones espaciales que jerarquicen un edificio”. El autor hasta confiesa que “me da bronca que los pocos vestigios de nuestro pasado colonial se tiren a la marchanta con ignorancia supina”.

OTRA VEZ

Qué buenos y qué blandos que son nuestros funcionarios porteños, que perdonan todo si uno se porta bien... Como con Papá Noel, la bronca termina y los regalitos eventualmente llegan. Parece que es el caso de la espantosa obra de Vicente López 1825/1827, que arruinó por completo la coqueta casa que alojó por muchos años el restaurante Au Bec Fin.

La cuadra es de honor, con pocos edificios modernudos y un Bustillo residencial poco conocido, magnífico ejemplo de su personal interpretación minimalista de los estilos clásicos. Entre la esquina francesa de Callao, con una importante mansarda, y un edificio de departamentos pequeño y notable por su planta baja, está la casa-restaurante, de planta baja y primer piso, entrada port cochiere y puerta de servicio. Afrancesada, de piel de piedra París, con buena herrería, un buen día le levantaron cinco pisitos enanizados, con ventanitas cuadraditas y destino hotelero.

Justo al mismo tiempo estaban haciéndole lo mismo al cercano Club Francés, con los resultados siniestros que pueden apreciarse, con lo que este suplemento tuvo un comentario sobre ambas obras condenando, en términos de estética, la flamante moda. Todo resultó peor: la obra de Vicente López era ilegal y fue clausurada.

Ahí quedó el mamotreto, juntando polvo, hasta que muy recientemente volvió a la vida con el nombre de “Lo de López”, con destino hotelero pero con un lado “de inversión” porque los privados pueden comprar un departamento que será alquilado a turistas. El proyecto ahora lo hace el estudio De los Heros, Ferrero y Boyadjian, de un modernismo inmitigable, super cool, teatral y totalmente en contradicción con el edificio original, la cuadra y el Bustillo.

Pero lo fascinante es el cartel de obra, que avisa que se trata de una “Modificación de obra en ejecución”. El número original es el 41.390/07, pero la aprobación del nuevo proyecto es del 16 de febrero de este año. Para darse una idea de qué les perdonó el gobierno porteño a los infractores, se lee allí mismo que se trata de un terreno de 172 metros cuadrados, con una casa original de 405 sobre el que se construyeron 981 más por un total de 1387. Parece que nunca a nadie se le ocurrió que los infractores tuvieran que demoler lo que habían construido ilegalmente.

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