[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A fines de año, el macrismo hizo una trampita dura y simple, la de dejar sin despacho de comisión la renovación de la ley 2548, la única que, pobrecita, permite cuidar un poco el patrimonio porteño. Les salió mal, en parte porque le encargaron el tema al poco sutil Cristian Ritondo y en parte por el escándalo que hicieron los patrimonialistas, que rápidamente lograron un amparo. En los siete meses desde entonces, el gobierno porteño tuvo que buscar cómo cancelar los débiles límites a la piqueta. En estos días fríos de invierno se reveló que la estrategia pasa por dejar la ley y vaciar su aplicación. Esto se hizo llenando el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales de enemigos jurados de todo límite, y esta semana removieron por ley a la única persona en ese Consejo que realmente se juega en el tema.

Como se sabe, el Consejo tiene alzada para considerar todo edificio anterior a 1941 que quiera ser demolido o remodelado. Este Caap no es ninguna maravilla, porque tiene el sí fácil y el oído sensible a los argumentos inmobiliarios, pero se logró frenar la piqueta en varios centenares de edificios. Que las protecciones sean minoría es producto de la cerrada actitud de funcionarias como Graciela Aguilar, que increíblemente representa al Ministerio de Cultura pero es una ávida enemiga de los límites, o Susana Mesquida, la imperturbable representante de su jefe, el director general Antonio Ledesma, que se supone preside la entidad pero nunca, jamás puso pie por allí.

Pero la ofensiva que comenzó en julio perfeccionó el no. En la sesión de este martes 10 de julio por primera vez en la historia del régimen legal creado por la entonces diputada Teresa de Anchorena, no se pudo aprobar ni una protección de las presentadas por trámite. Ni una sola.

Esto se debe a la aparición de dos nuevos miembros. Por un lado, tomó su asiento la arquitecta Ana Pusiol en representación de esa entidad tan sensible a los intereses inmobiliarios, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña. Por otro lado, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo sorprendió tomando su lugar en una entidad que cuestionó por escrito durante años, enviando a uno de sus consejeros titulares, el arquitecto Juan Martín Urgell. Lo que tienen en común Pusiol y Urgell, además del título, es que ninguno de los dos tiene el menor antecedente profesional en materia de patrimonio. Y eso que sus currículum son largos.

Pusiol es especialista en planificación urbana y gestión ambiental, materia que enseña en la cátedra fundada en la Fadu/UBA por su marido, Carlos Lebrero. Sus muchas obras, estudios, asesorías, participaciones en paneles de expertos, jurados y grupos de trabajo no muestran ni una sospecha siquiera de algo patrimonial.

Urgell tiene un perfil hasta más claro: su gran especialidad es la “dirección de empresas constructoras e inmobiliarias”, carrera que estudió en Madrid, que enseñó aquí y que explica su presencia como miembro de la comisión directiva de la Asociación de Empresarios de la Vivienda desde hace 16 años y sus dos años como miembro de la comisión directiva de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios. Urgell es además socio del estudio fundado por su padre y por Augusto Penedo.

Pero lo realmente relevante aquí es que este arquitecto aparece en el Caap con mandato del CPAU. Por años, el consejo profesional se negó a tomar su banca en la mesa por su desacuerdo ideológico con la misma idea de que existiera esa mesa, por mesita que fuera. La posición del CPAU es todo o nada: o se hace un relevamiento que determine de una vez por todas qué es patrimonio y qué se demuele, o se demuele en libertad. Y mientras se hace el relevamiento, también se demuele.

El CPAU se ofende y envía cartas cada vez que se lo define como un lobby de las empresas constructoras y los grandes estudios, pero su activismo a la hora de frenar todo límite –baja de alturas, áreas de protección histórica, catalogaciones– es entusiasta y abierto. La lógica del negocio es que, a mayor la altura permitida, mayor el edificio y el capital necesario, con lo que todo queda reservado a los grandes estudios y grandes compañías. Eso del arquitecto independiente sin capital accediendo a obras más pequeñas y viviendo dignamente no es del interés del organismo.

Con lo que no extraña que este martes su representante Urgell fue tajante, firme, final en sus negativas a proteger nada. Y Pusiol le hizo coro, junto al representante de la Fadu/UBA, David Kuliok, y los empleados de Planeamiento y Cultura. El círculo ahora cerraba.

MATEN A CAPANO

Sólo faltaba sacarse de encima a la persona más molesta para los intereses de la industria privilegiada en el Caap. Protestando sistemáticamente y animando a los que se dejan intimidar por la energía del lobby, Mónica Capano se transformó en un verdadero problema para el macrismo en su aspecto empresarial. Capano, militante del Frente para la Victoria, era la secretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, un antiguo sello de goma creado por la Legislatura y el Ministerio de Cultura porteño. Esta comisión servía para estacionar amigos, publicar libros, viajar a congresos y cosas por el estilo, hasta que Capano decidió resucitarla.

Con su asiento en el Caap, la funcionaria ad honorem mostró una grata energía en darles voz a los vecinos y a los patrimonialistas, a los que ayudó y mucho con argumentos, investigaciones legales y buenas ideas políticas. Todos estos imperdonables ataques resultaron en que el PRO se decidiera a talarla de mala manera, pagando un costo político y con la sorprendente ayuda de Proyecto Sur.

Este jueves, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, Lía Rueda, presentó un proyecto de nuevas autoridades de la comisión de Capano. Lo hizo unas horas antes de la sesión habitual y con la firma de los diputados de Proyecto Sur Raffo y Basteiro. Esto es llamativo, no sólo por la flamante alianza, sino porque el PRO tiene siete de los trece integrantes de la comisión, o sea quórum y mayoría propias. No le hacía falta conseguir firmas por afuera.

El proyecto de Rueda propuso, otra vez, como secretario general a Ricardo Pinal Villanueva, candidato al puesto hace más de dos años y hombre de Diego Guelar, el lobbista de Churba en el caso de La Imprenta. Pinal es director de proyectos culturales del Banco Ciudad y fue tercer suplente en la lista de candidatos para la Comuna 8, sin ser elegido. Es un hombre que garantiza que no habrá más problemas por este flanco.

La diputada Lía Rueda obviamente actuó por orden superior y con todo respaldo, lo que queda de manifiesto por la manera en que presentó el proyecto: a la tarde del día de sesiones, sobre tablas. El papel ni siquiera pasó por la comisión de labor, fue directamente al recinto para ser votado. Cuando la oposición vio lo que estaba pasando se armó un griterío, con duros intercambios, pero el PRO logró votarlo.

Y así fue que este jueves, a la noche, el macrismo logró limpiar de toda oposición su sistema dedicado a aceitar y hacer posible el negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Ni falta hace eliminar la ley.

[email protected]