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Al final no hubo fin del mundo, que habría afectado en serio el patrimonio, pero el gobierno porteño hizo lo posible para que pareciera que esta ciudad sí llegaba a su fin. Mientras el clima demostraba la falta de sabiduría, de planeamiento, de anticipación del macrismo en funciones, la recesión en la industria inmobiliaria salvaba edificios como nunca lo hizo ni lo hará el gobierno local. Que sean los controles al dólar los que frenaron las demoliciones y las torres demuestra científicamente el carácter especulativo del fenómeno.

Macri y su gente terminaron el 2011 con el ya legendario carpetazo de dejar sin renovar la pobrecita ley que ponía límites a la piqueta. No les salió bien, con costo político y poca ventaja, y un amparo de toda dureza congeló la situación. Esta extraña situación de un amparo jamás apelado por el gobierno porteño y una ley que sigue funcionando de facto se fue aclarando a medida que avanzaba el 2012. El macrismo decidió que era más conveniente vaciar el sistema y no anularlo, con lo que se dedicó a la entidad central, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales.

El CAAP nunca fue exactamente un grupo corajudo, al contrario, porque está lleno de funcionarios de carrera, acostumbrados a la obediencia debida, y de representantes de entidades corporativas que piensan como arquitectos, esto es, como contadores. Para terminar de disciplinar el ente, el gobierno porteño puso capital político y expulsó de mala manera, hacia mediados de año, a la persona que más molestaba, Mónica Capano. Los pecados de Capano eran múltiples y arrancaban por el de no ser funcionaria de carrera ni arquitecta, continuando por el de transformar un sello de goma olvidado, pero con asiento en el caap, en una silla para molestar.

Así se salvaron muchos edificios y se cuestionó la manera chapucera y floja de permitir demoliciones que siempre tuvo el CAAP. Desde que eliminaron a Capano, el Consejo prácticamente no encuentra un edificio que merezca protección y, sesión tras sesión, tiene un ciento por ciento de permisos a la piqueta.

Gerardo Gómez Coronado siguió ahondando la trinchera por el patrimonio que creó desde la Defensoría del Pueblo. Con mandato de su titular, Alicia Pierini, este ombudsman adjunto es un alfil de los vecinos que buscan protección ante el poder del dinero que destruye sus barrios. Gómez Coronado y su equipo estuvieron en muchos amparos, reunieron evidencia e información de casos interminables y, sobre todo, le enseñaron a mucha gente cómo hacer valer sus derechos.

No es poco, sobre todo porque cada vez queda más claro que la vía legal es de notable potencia para frenar la clara vocación del macrismo de ignorar la ley cuando no le convenga. Basta de Demoler, para dar dos ejemplos destacables, paralizó la absurda excavación en la Plaza Intendente Alvear, patrimonio histórico, y frenó en seco el acto de barbarie arquitectónico que iba a terminar de abrumar el convento de Santa Catalina, en pleno centro viejo. El grupo, que acaba de festejar sus cinco años, realmente mostró una capacidad de movilización y una agudeza legal muy fructífera. Quien lo dude, que les pregunte a los representantes locales de Nike, que nunca pudieron mudarse a la Richmond, cerrada todavía por el duro amparo presentado.

Proteger Barracas, que también cumplió los cinco, también tuvo un año muy activo. Los vecinos de este barrio notable lograron un cambio de alturas en su barrio y una batería de catalogaciones individuales. Lo que siguió fueron meses de denuncias puntuales de intermediarios que seguían vendiendo lotes con la zonificación vieja y de amnésicos que anunciaban edificios de alturas ahora prohibidas.

Este patrullaje no fue único de Barracas. Los vecinos de Salvar Floresta, que viven un acoso único a manos de cientos y cientos de locales que se comen el barrio, desarrollaron un “micromanagemente” que llegaba al nivel de kioscos. Fue un trabajo muy notable adaptarse a estas realidades en una región donde de un viernes a la noche a un lunes a la mañana aparecía un local en pleno APH, ilegal, sin habilitación, pero abierto y funcionando ante la inercia mental del gobierno.

Este chiquiteo llegó a niveles francamente insólitos, con casos casi cómicos, como el de una casa en la calle Sucre que iba a ser rematada como demolición a fines de febrero. El problema es que el edificio no tenía permiso ni trámite de demolición, no había pasado por el CAAP, pero sí había anunciado el remate en los diarios. Bastó una nota en este suplemento para que el gobierno porteño se diera por enterado y la casa sigue ahí, polvorienta pero entera gracias a un amparo preventivo. La casa del obispo Podestá en la avenida Gaona, catalogadísima, estaba por ser averiada y taponada por una demolición para un edificio en altura. Nadie, al parecer, se había acordado de aquello del entorno de una pieza patrimonial, con lo que hubo que recordarlo con notas, movilización y otro amparo.

La vía legal le abrió nuevos frentes al gobierno porteño, con amparos que buscaron ahondar en los mecanismos concretos con que se descartan edificios para que sean demolidos. Uno, presentado por los vecinos del Barrio La Imprenta, planteó el capricho y la falta de fundamentación en las decisiones del CAAP. Otro mostró que votaba gente que no tenía voto y que el jefe administrativo del Consejo jamás aparecía por el lugar, como indica la ley.

Nada de esto impidió que Macri mostrara “iniciativa” con proyectos repudiables. Uno fue continuar llenando de cemento las plazas porteñas, además de intentar por todos los medios concesionarles bares. También se anunció la destrucción efectiva de la biblioteca Evaristo Carriego, que dejaron caer a pedazos en la casa natal del poeta en la calle Honduras. Reacio a conservar empedrados, el municipio siguió cubriendo de asfaltos cada parte rota e insistió en “semipeatonalizar” calles, como ama el ministro Daniel Chaín. De más envergadura fue lo que hicieron con el Zoológico porteño, que sigue siendo una vergüenza en lo patrimonial y lo humanitario, pero con los mismos concesionarios, y con inventos como el Distrito de las Artes, un currito inmobiliario con barniz bohemio.

Con lo que no extraña que el patrimonio empezara a salir del ámbito porteño y colarse en el Senado nacional. Primero fue con encuentros públicos por invitación de los tres senadores de la ciudad, luego con el unánime voto para proteger el casco histórico de Goya, en Corrientes, proyecto que contaba con la inquina de su intendente.

La última aventura del año fue el conflicto por los proyectos para abrir terrenos ferroviarios y nacionales en la ciudad, que crearon tensiones muy fuertes. Las audiencias públicas de la semana pasada fueron feroces y muchos vecinos que fueron a expresar sus opiniones quedaron como ahogados ante el griterío agresivo y los insultos que volaron. Las audiencias son un mecanismo muy útil, quedó demostrado en muchos casos, porque la voz de los vecinos llega a los diputados. Pero en este caso fue muy difícil superar la politización.

Con lo que no extrañan las fuertes reacciones a nuestra nota de la semana pasada, sobre todo de los asesores legislativos que tomaron la palabra para insultar a legisladores –algo que como mínimo muestra códigos profesionales débiles– y de los que fueron a lucirse para figurar en listas. En el medio quedó tirada toda posibilidad real de debate sobre el uso de estas tierras, sobre todo en áreas que necesitan desesperadamente de espacios verdes y tendrán que conformarse con el 65 por ciento que marca como mínimo la ley.

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