[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los ciudadanos que integran la organización Proteger Barracas –uno de los grupos patrimoniales más activos y profesionales– ya no saben más qué hacer para lograr que el Círculo de Obreros de Santa Lucía sea catalogado.

Según denuncian los vecinos, hace pocas semanas un grupo de operarios ingresó al inmueble –tapiado desde fines de 2010– y cuando fueron consultados sobre el motivo, expresaron que se trataba de la ejecución de trabajos de reparación relacionados con los edificios linderos (habrá que ver si los edificios linderos tenían permiso de obra). Pero cuando se retiraron “olvidaron” las ventanas abiertas, un recurso burdo para que entre agua y el edificio se deteriore.

Este hecho puso una vez más en el tapete la situación de un valioso edificio, del que todavía no existe proyecto de catalogación en la Legislatura, a pesar de que el CAAP –en aplicación de la Ley 305– determinó que debía catalogarse y que el Ministerio de Cultura porteño hizo un informe técnico favorable.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y el jefe de Gobierno –tan interesados en Barracas para otros menesteres– parece que no se enteraron del tema, aunque tanta demora ya tiene cara de connivencia, cuando han pasado dos años desde que se estudió el caso y se determinó que tenía valor patrimonial.

Sin embargo, la comunicación de Proteger Barracas deja al descubierto una maniobra, producto de las bizarras interpretaciones que hace el CAAP de la ley y de su función.

Resulta que el CAAP no una, sino dos veces, reconsideró su dictamen por pedido de los propietarios. Es decir, en tres oportunidades ya resolvió que el Círculo tiene valor patrimonial. Esto es bueno, pero lo curioso es que siguen utilizando esta figura de la “reconsideración” e incluso en forma reiterada en el mismo expediente.

En una columna publicada un año atrás explicamos por qué el CAAP no puede reconsiderar sus decisiones. Sintetizando aquella reflexión, recordemos que esto es porque esa figura legal solo puede aplicarla un órgano cuyas decisiones tienen carácter resolutivo –no es éste el caso– y cuando los efectos de la decisión “son definitivos o impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado”. Nada de esto ocurre con los dictámenes favorables a una catalogación.

En todo caso, sí es resolutiva y definitiva la desestimación de una catalogación, porque esto implica autorizar la demolición del inmueble. En ese caso, correspondería admitir un recurso de reconsideración, pero no a la inversa.

Mucho menos si la reconsideración es reiterada. Jamás en un expediente de ningún tipo puede replicarse un mismo recurso en una misma instancia. Es como si un condenado apelara la sentencia y luego de denegada volviera a apelar ante el mismo juez, y así indefinidamente, con la pretensión de obtener una absolución.

Cabe preguntarse: ¿por qué los propietarios representan el pedido de reconsideración si ya les fue denegado? Y más allá de la ilegalidad de todo esto, ¿por qué el CAAP debería cambiar de opinión sobre el valor patrimonial que en reiteradas oportunidades ya ha reconocido?

Esto que parece un absurdo, tal vez pueda tener una explicación, fundada en las sospechosas interpretaciones del CAAP y en el “olvido” de la ventana abierta.

Como los consejeros tienen el sí fácil con los depredadores y una rajadurita en un muro puede ser suficiente para que rechacen una catalogación, tal vez los propietarios estén esperando que, en un futuro pedido de reconsideración, los deterioros que cause el agua sean suficientes para que el CAAP anule sus dos decisiones favorables anteriores y autorice la demolición.

¿Algún día el CAAP dejará de reconsiderar y de reconsiderar reconsideraciones? ¿La Subsecretaría de Patrimonio Cultural ejercerá el poder de policía que le manda la Ley 1227 y se ocupará de adoptar las medidas necesarias –cerrar las ventanas para impedir que entre el agua– para garantizar la conservación de un bien en estudio de catalogación? ¿Cuánto más tendremos que esperar para que el jefe de Gobierno se digne mandar el proyecto de catalogación a la Legislatura? ¿O estarán esperando que algún fiscal los denuncie por incumplimiento de los deberes de funcionario público?