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Los lectores de m2 recordarán la saga del plato volador que quería aterrizar en la avenida Garay, esquina Piedras, en medio de uno de los conjuntos de edificios patrimoniales más lindos que tiene el sur porteño. En esa esquina hubo por muchos años una estación de servicio, que cayó en la actual volada de comprarlas a buen dinero, cerrarlas y construir algún bodriote grande. En este caso, era un edificio particularmente feo, inspirado en alguna CPU coreana, fuera de escala, guarango y para peor pintado de verde luminoso. El desvarío del diseño era tal, que esa obra terminó siendo el primer caso de un edificio frenado por amparo casi, casi por cuestiones estéticas. Pues la Justicia porteña acaba de confirmar el amparo, en un fallo que muestra cómo pierde el tiempo el macrismo –y gasta nuestros impuestos– defendiendo tonterías.

El caso es el de Rafael Gentilli y ocho vecinos contra la Ciudad por haber permitido que se continúe la obra en Caseros 802. El nudo de la cuestión es que el permiso original de obra era de siete pisos, cosa que luego se cambió a cinco, pero que la empresa insiste no vale para ellos porque nunca paralizaron la obra. La participación del gobierno porteño es imperdible: afirman que la empresa no puede perjudicarse porque a nadie se le ocurrió hacer las inspecciones y declarar paralizada la obra. Ergo, dicen los abogados oficiales, hay que dejarlos construir siete pisos.

El tribunal 21, secretaría 41, no puede ocultar su asombro ante semejante argumento. Primero, los letrados se dedican a destrozar una vez más el ya clásico argumento del gobierno porteño de que el amparo no se aplica y que los amparistas no pueden presentarlo porque no son afectados directamente. El fallo dice con claridad que el amparo recontraexiste y que los vecinos tienen pleno derecho a presentarlo. De hecho, destaca el valor extra de que se incumban y molesten personas que no son afectados en su bolsillo o persona, que lo hagan por cuestiones superiores a su interés.

Luego cae otro palo en la rueda del macrismo, un argumento de leguleyos de que justo ese lote no está incluido en el APH y es simplemente parte de una zona residencial. El tribunal les explica, con paciencia, a los funcionarios que no es una zona residencial cualquiera porque forma parte de la zona de amortiguación del APH, artefacto que los macristas parecen desconocer. También les explica que ese escrito llamado Constitución de la Ciudad les manda cuidar el patrimonio de una manera amplia y no leguleya, mezquina. Y hasta les recuerda que en sus propios escritos ante esta misma corte y por este mismo caso, ellos mismos dijeron que la parcela sí está en la APH1, San Telmo.

Con respecto a si la obra estaba o no paralizada, para el tribunal queda en claro que lo que la empresa afirma –movimientos de tierras, “estudios”– simplemente no ocurrió y que los dueños tenían la obligación de presentar diversos documentos de obra, en diversas etapas de los trabajos, para validar sus permisos. Tampoco vale que el gobierno porteño no haya hecho su parte, porque “el ejercicio de la competencia es obligatorio para la Administración”. De hecho, la corte sí tiene un informe de un inspector, de septiembre de 2013 y ya bajo amparo, que dice que la demolición había sido terminada hacía rato y que en el lote “sólo hay una garita con un vigilador de seguridad para evitar que se intruse o sea ocupado. Sin actividad”. De hecho, el fallo dice que el argumento del macrismo es de “una lógica extraña” porque “las consecuencias que no quiere hacer recaer sobre el titular de la obra recaen sobre el colectivo de los ciudadanos”. Y esto es una lógica clara, perfecta.

El fallo tampoco acepta que la empresa haya perdido dinero, porque no puso nada en venta, no firmó boletos, no anunció nada. A lo sumo, se dice nuevamente con clara lógica, se perdió “una expectativa de ganancia”. Y esto no es culpa de los vecinos ni del gobierno porteño, porque la firma “dejó transcurrir seis años desde que el permiso fue concedido sin dar comienzo efectivo a la construcción de la obra propuesta en 2008”. Que las alturas se modificaran en 2012, cuatro años después, les vale a ellos también.

Y la frase final es lapidaria: “FALLO. Haciendo lugar a la acción de amparo impetrada. En consecuencia, ordenando al GCBA y a Apremer S.A. que viabilicen los mecanismos necesarios a fin de readecuar el proyecto de obra para el inmueble de la Av. Caseros 802 a la normativa vigente”.

Y pensar que el macrismo dice que quiere vender el Centro Cultural Recoleta para ahorrarles dinero a los contribuyentes...