Una investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) analizó las ordenanzas dictadas sobre la aplicación de fitosanitarios en los municipios y comunas de los departamentos del sur de la provincia de Santa Fe y evaluó la difusión realizada entre los responsables del uso de productos y de la población en general. "El crecimiento de los pueblos y ciudades hizo que los habitantes perciban la aplicación de fitosanitarios como un riesgo potencial para su salud y ambiente. Hay un alto grado de preocupación puesto de manifiesto en la producción agropecuaria en lo referente a su uso y esto provoca inconvenientes entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas", contó Liliana Bulacio, investigadora del proyecto, que definió el término "fitosanitarios" como productos que se usan para controlar las malezas, hongos, o insectos. La especialista consideró que son importantes las capacitaciones a todos los involucrados en la problemática, pero sobre todo "llegar a que el poder político se informe bien sobre el uso de éstos productos".

El trabajo fue realizado por la cátedra de Terapéutica Vegetal, Sociología Rural y Extensión Rural de la Facultad, y se basó en el estudio de las legislaciones existentes en los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, que comprenden 120 municipios y comunas relevadas en su totalidad. "En términos de legislación y reglamentación, las provincias han dictado leyes sobre fitosanitarios que en mayor medida abordan el uso, capacitación y aplicación", indicó Bulacio.

La investigadora explicó que la provincia de Santa Fe fue pionera en este tema desde 1978. Pero recién en el año 1995 se sancionó la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios, que es la que rige actualmente. "A partir de esto, algunos municipios y comunas han dictado sus propias ordenanzas respecto de la aplicación de fitosanitarios dentro del marco de la ley, y en algunas poblaciones trajo algunos inconvenientes", apuntó la especialista.

Según el proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, de las 120 localidades relevadas, el 81 por ciento posee ordenanzas sobre la aplicación de fitosanitarios que fueron promulgadas, en mayor proporción, entre los años 2006 y 2010, salvo en el departamento General López, donde el 50 por ciento de las ordenanzas fueron promulgadas después del año 2011. "Todas las legislaciones promulgadas son debido a que se han puesto de manifiesto aquellas prácticas exclusivas del sector agrícola, en la mira de la percepción pública, debido a los accidentes y posibles malas prácticas en la aplicación de los fitosanitarios e impulsaron la necesidad de mejorar las regulaciones y los controles tanto a nivel provincial como municipal", sostuvo Bulacio.

El interés por investigar esta temática surgió cuando se realizó un convenio entre el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Ingenieros Agrónomos santafesino donde surgió la figura de los agroasesores, que son ingenieros agrónomos que van a las comunas asesorando y analizando las problemáticas que pudieran surgir y las posibles soluciones de estos conflictos.

Para la investigadora, el mayor inconveniente surge entre los agricultores y los pobladores de las zonas periurbanas, que son los espacios intermedios y sin delimitación, entre lo que se considera el pueblo o la ciudad y el campo. En este sentido, Bulacio remarcó como de vital importancia que los municipios y comunas delimiten las zonas urbanas de las rurales. "Es necesario que se realicen consensos entre todas las personas que estén integrando esa comunidad, los pobladores, porque cada comunidad tiene su idiosincrasia", precisó Bulacio.

En este escenario, la necesidad de capacitación y la transparencia de la información son dos puntos de jerarquía en el proyecto de investigación. "Son importantes las capacitaciones a todos los involucrados en la problemática y sobre todo llegar a que el poder político se informe bien sobre el uso de éstos productos", propuso Bulacio, quien resaltó que es necesario convivir con estas aplicaciones pero en el marco de las buenas prácticas.

"Sabemos que son productos no inocuos, pero que no dañan a la salud de la población si están bien aplicados ya que están destinados a un blanco en general, que son insectos, hongos y malezas", aclaró la especialista. "Si el ingeniero agrónomo hace su receta de aplicación, el aplicador tiene su matrícula en su equipo, hace cursos para conocer cuándo y cómo se debe aplicar dicho producto y se delimitan bien las comunas, se reducen las posibilidades de conflictos", agregó.

Bulacio indicó que en los hogares se aplican muchos productos y la gente está expuesta, entre otros, a aerosoles, insecticidas. "Por eso hay que estar informados, ya que el que no conoce tiene miedo. Hay que conocer y tener la fuente científica de ese conocimiento", concluyó la investigadora.

(*) Integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia-UNR