“No somos el problema. Somos parte de la solución”, reza el slogan de la Red de América latina y el Caribe de Personas Transgénero, organización que desde 2004 trabaja por la aceptación y el reconocimiento de los derechos de la población transgénero, travesti y transexual, y cuya coordinadora, Marcela Romero, recibió esta semana en representación de los casi cien voluntarios que tiene la Red en 18 países el Premio Clarence H. Moore al Servicio Voluntario. Un galardón que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (Pahef), en distinción por los logros en salud pública llevados adelante por organizaciones no gubernamentales en la región de las Américas.

“Este premio le pertenece a toda la comunidad trans. Venimos trabajando por una Latinoamérica y Caribe inclusivos y con derechos para una mejor calidad de vida”, dijo Romero durante la premiación en Washington, alegre de que se reconociera la labor de una agrupación que en poco tiempo logró articular un movimiento cívico regional que abrió un diálogo con los gobiernos y las organizaciones internacionales. A tal punto lo abrió que el año pasado, como resultado de sus esfuerzos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió una resolución que alertaba sobre los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los países latinoamericanos por razones vinculadas con la orientación sexual y la identidad de género. Una problemática que padecen sobre todo las personas trans y que más que declaraciones necesita actos concretos.

Coordinadora regional de la Red y además presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), Marcela Romero luchó durante diez años en la Argentina por ser reconocida legalmente como mujer, cosa que logró en agosto pasado cuando le entregaron un nuevo DNI con su nombre. Una lucha por el reconocimiento de la identidad de género que, en el caso de Redlactrans, se articula con la tarea de educar a las travestis que viven en situación de prostitución sobre los riesgos de salud a los que están expuestas, especialmente el VIH. Algo en lo que entra a jugar no sólo la voluntad de disminuir el estigma en los servicios de salud (educando a médicos y enfermeras para que no discriminen y respeten el “nombre social” de las travestis), sino también el trabajo amoroso de activistas como Marcela, quienes difunden un mensaje de cuidado y prevención entre sus pares, bregando por un acceso digno a la salud y acompañando a las chicas en su llegada al hospital toda vez que hace falta. No es fácil decidirse a hacer una consulta en un hospital, no es fácil entrar sola, no es fácil someterse a interrogatorios y a desentendimientos o prepotencia sanitaria. Por eso, la presencia de voluntarias dispuestas a servir de nexo entre personal médico y pacientes ha demostrado ya que consigue un cambio sensible en las estadísticas de por sí nefastas. El panorama sigue siendo preocupante. Y para comprobarlo basta ver un trabajo que difundió este año la revista Medicina (Buenos Aires), en el que se afirma que cerca del 30 por ciento de las personas trans que se testearon en el Hospital Ramos Mejía entre el 1º de noviembre de 2002 y el 1º de abril de 2006 resultó ser VIH+. La investigación —realizada por el Dr. Marcelo Losso y otros médicos del Servicio de Inmunocomprometidos del hospital, y en la que participaron también Marcela Romero y Alejandro Freyre de la Fundación Buenos Aires Sida— arrojó que más del 40 por ciento de las personas trans que se testearon padecía sífilis. Cifras que se explican, en parte, por el hecho de que todas las consultantes eran trabajadoras sexuales, con un nivel de educación relativamente bajo, y muchas de las cuales padecían dolencias debidas a la administración de hormonas o a implantes de siliconas con aceite industrial. De hecho, el 76 por ciento de ellas se habían efectuado estas aplicaciones, tan dolorosas como peligrosas. Sólo el 13,3 por ciento revelaba un “uso correcto del preservativo”. Una situación que no podrá ser revertida sólo a base de activismo y en la que hacen falta la ayuda del Estado y un cambio —¡urgente!— de mentalidad.