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Todavía continúan en vigencia en diez provincias argentinas normas y reglamentaciones que, bajo diferentes formas legales, criminalizan la homosexualidad y son utilizadas como herramientas de discriminación, persecución y represión. De la mano de estas normativas, los actos de violencia a los que es sometida la población Glttbi ponen en evidencia que, pese a las modificaciones de los códigos de faltas que se han realizado en los últimos años, los marcos legales muchas veces no se corresponden con la realidad concreta.

La persecución sistemática

Los mecanismos de escarmiento y terror que la policía continúa implementando a través de estas normativas se utilizan en la mayoría de los casos para perseguir a las travestis y otras personas que se encuentran en situación de prostitución. Si bien en los últimos años ha habido cierto adelanto en materia de derechos humanos de las minorías sexuales, siguen apareciendo violaciones. Por ejemplo, el año pasado se modificaron algunos artículos del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires: el 92 inciso E, que penaba con multas o arresto a las personas que vistieran ropas del sexo opuesto; el 68, que penaba con hasta treinta días de arresto a “la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”; y el artículo 69 inciso A, que literalmente castigaba al “propietario o encargado del hotel o casa de alojamiento o establecimiento comercial, cuando en sus dependencias se produjere escándalo con motivo de ejercicio de la prostitución o por actitudes o prácticas viciosas de homosexuales”. Pese a estas modificaciones, las situaciones de abuso siguen ocurriendo, muchas travestis siguen siendo detenidas por averiguación de antecedentes y en muchos albergues transitorios se niega la entrada a parejas del mismo sexo.

Lidia Santa Cruz es licenciada en Trabajo social y forma parte del grupo Humanidad, que desde hace años viene trabajando con la temática de abandono y abuso policial que existe sobre las travestis de la zona roja de la ciudad de La Plata: “Que se derogaran estos artículos en la provincia fue un avance, de alguna manera deja un amparo legal mayor, pero éste es un marco que no se corresponde muchas veces con la realidad”. Y agrega: “Me parece que hay un mecanismo perverso; antes de que se modificara el código se las detenía supuestamente por los artículos 68, 69 o 92, pero cuando se pedía el acta para rubricar estaba bajo la consigna de averiguación de antecedentes. O sea que en realidad sigue pasando lo mismo que pasaba antes. Las detienen dos, tres, hasta cinco veces por semana por averiguación de antecedentes, cuando sabemos que sólo una es lo que la ley permite. Esto se ha institucionalizado: viernes y sábados son los días de detención acá en La Plata. Si vos querés encontrar a una chica el viernes, porque no sabés dónde está, andate a la comisaría que la encontrás seguro y no hay un organismo que dé respuesta ante esto. Uno entiende de antemano que está tratando de interpelar un organismo muy corrupto que es la policía, pero no hay una instancia del gobierno que intervenga ante esta situación. Es una población de no interés para el Estado, ni para la sociedad”.

Lo mismo ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. El Código Contravencional de la Ciudad, en el artículo 81 (el referido a la oferta de sexo en la vía pública), dicta que en “ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”. Ahora bien, al estar hablando de personas que en la mayoría de los casos han sufrido más de una vez la represión policial, personas que por su identidad de género han tenido que huir de sus hogares, de sus provincias, a las cuales se les niega el derecho a la identidad, sin acceso a la educación, que están siendo expulsadas del sistema de salud pública; estamos hablando de personas obligadas a subsistir en estado de prostitución. Y es a estas personas vulnerables a las cuales artículos como el 81 castiga.

Dice Mariela Nievas, dirigente, desde hace cuatro años de ATTTA (Asociación de Travestis, transexuales y transgénero de Argentina): “Ahora, por suerte, no me dedico a la prostitución porque no tengo la necesidad, pero si tuviera que volver a hacerlo en algún momento lo haría, no porque me guste sino por necesidad. Cuando era joven sí lo hice, y a mí como a mis compañeras nos llevaban detenidas tres días. Después, esos tres días se hacían seis y se iban acumulando días y días. Yo he llegado a estar encerrada 20, 30 días en una comisaría por prostitución según el artículo 68. Y te cortaban el pelo por el solo hecho de ser una travesti, ellos te cortaban el pelo, te querían obligar a que vos asumieras que eras un hombre”.

El mecanismo del terror

Otra de las cuestiones que se relacionan con el abuso policial tiene que ver con el sometimiento sexual. Una vez que están detenidas, las travestis son obligadas a prestar “favores sexuales” a los policías. Violadas, explotadas para poder salir de ahí bajo las amenazas de agresiones físicas o más días de detención. Muchas de las detenidas, además, para no soportar este tipo de vejaciones y ser liberadas más rápidamente acceden a firmar documentos en blanco. “Esto se sigue practicando ahora, vos no sabés lo que estás firmando. Yo, las veces que he tenido que ir a sacar chicas de las comisarías, les he exigido a ellas que reclamen lo que habían firmando, porque si vos firmás una hoja en blanco en una comisaría te pueden poner cualquier cosa. Hay chicas a las que les han puesto que fueron detenidas en situación de prostitución a las dos o tres de la tarde cuando no era cierto, andaban haciendo compras”, relata Mariela.

Por su parte, la licenciada Santa Cruz agrega: “El problema es que no está instalado el ejercicio en las compañeras travestis de pedir las actas, de ejecutar sus derechos o pedir audiencia con un juez. La mayoría tiene como prioridad salir lo antes posible, por una cuestión de supervivencia, no sólo económica. Para evitar ser lastimadas, insultadas, degradadas, firman la primera hoja que se les da y salen. Este es un problema interno, avalado e instituido, independientemente del marco legal”.

El escudo de la represión

El año pasado, la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) lanzó la Campaña Nacional por la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales, para reclamar la derogación de los artículos que penalizan y criminalizan a travestis, transexuales, gays y lesbianas, aún vigentes en diez provincias del país: Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Todavía es mucho el trabajo por hacer para que de una vez y para siempre se deroguen estas normativas anacrónicas y discriminatorias que atacan sistemáticamente a las minorías sexuales. “Con o sin edictos, no sé si cambia mucho la situación de fondo. Quizás ahora las cosas estén un poco más tranquilas de lo que estaban antes. Años atrás era mucha, pero mucha la persecución policial hacia nosotras, hacia mis pares; era bastante grande. Ahora ha disminuido un poco. No estoy diciendo que en todas partes sea igual, hay provincias donde el maltrato de la policía se da continuamente. Yo tengo comentarios de chicas de Salta, Tucumán, La Rioja, que son bastante maltratadas por la policía. Y eso es por falta de información desde todo punto de vista y por el racismo, claro, todos esto es racismo”, sentencia Mariela Nievas. Y ella sabe muy bien de lo que habla. Mariela tiene 45 años: “Soy una privilegiada en esta triste situación. La mayoría de mis compañeras tiene una expectativa de vida promedio de entre los 30 y 35 años. La sociedad no toma conciencia de lo que estamos pasando, de lo que vivimos. Son contadas las que han llegado a la edad que yo tengo. Todo te lleva por ese camino. De repente estás trabajando en una calle, te subís a un auto y no sabés si volvés, o te encontrás con un loco que te golpea, que te quiere robar. Y la policía también influye en gran medida a que esta situación sea así, está presente todo el tiempo en nuestras vidas”. Y agrega: “Estoy hace cuatro años militando, trabajando en Attta y mis expectativas con respecto al tema de los códigos de faltas han cambiado un poco. Calculo que los edictos se derogarán, eso es lo que nosotras pretendemos y esperemos que sea así. Pero, por sobre todo, esperamos que se llegue a un cambio en la forma de pensar y que entiendan que somos seres humanos”.