Oyarbide ya liberó a once de las cuarenta personas que habían quedado detenidas en un primer momento, por lo que ahora los presos son 29, dijeron fuentes judiciales. Por otro lado, el juez viajará el próximo lunes a Italia para avanzar en la megacausa que involucra a una red ítalo-argentina.

El propio magistrado reveló que también se habrían tramitado ciudadanías falsas de otros países europeos, uno de los cuales sería España, por lo que el escándalo amenaza con dispararse hacia todos lados. Fuentes judiciales comentaron que Oyarbide viajará para recabar más información sobre la causa y para pedirle colaboración en la investigación a la Justicia italiana. El viaje del magistrado se extenderá a lo sumo por una semana, agregaron las fuentes.

El viernes 11 de este mes, Oyarbide ordenó allanamientos en estudios jurídicos y contables, gestorías, escribanías, imprentas, casas de fotocopiadoras y los clubes Independiente y Lanús. La investigación se inició luego de que el cónsul general de Italia en Argentina, Giancarlo Curcio, denunciara en noviembre último que su firma había sido falsificada en un pasaporte.

A partir de allí se descubrió la existencia de una red integrada por gestorías y escribanías que realizaban en forma irregular los trámites para lograr la ciudadanía italiana.

Oyarbide no descarta la posibilidad de citar a declarar próximamente a varios representantes y futbolistas argentinos que tramitaron pasaportes italianos para ir a jugar a Europa. Una fuente de la investigación aclaró que "no todos los que realizaron el trámite a través de estas gestorías tienen pasaportes falsos".

Una de las cuestiones que Oyarbide buscará aclarar en su viaje es si las irregularidades se cometían con la connivencia de algunos municipios italianos donde deben autenticarse las identidades de quienes solicitan la doble ciudadanía. Por eso, el magistrado podría contactarse directamente con los municipios o con organismos migratorios italianos.

Tras la denuncia de Curcio, Oyarbide ordenó a la SIDE realizar escuchas telefónicas de las que surge el modus operandi de la organización, la cual efectuó 700 trámites irregulares en Italia y una cantidad que aún se desconoce, pero que no sería inferior a los 300 en la Argentina. Todos los sospechosos están acusados de los delitos de asociación ilícita y falsificación de documento público, pero Oyarbide también analiza imputarles el de falsedad ideológica.