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Y sí, las comparaciones son odiosas. El desarrollo de la ciencia y tecnología permite producir bienes de alto valor agregado generando empleo de alta calidad y bien remunerado. La ciudad de Buenos Aires cuenta con una Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en el año 2009 que impulsa la inversión pública y privada en la búsqueda de la profundización de estas áreas en la ciudad. La misma apunta, en resumidas cuentas, a armar y potenciar un desarrollo que permita un crecimiento cualitativo y cuantitativo en términos de intercambio económico a la producción que se desarrolla en su ámbito. Para lo cual destina, como mínimo, el uno por ciento del presupuesto total de la Ciudad que, a valores de 2011, representa 270 millones de pesos, aproximadamente. Además, la ley estipula la creación de polos, parques y corredores tecnológicos, algo que debería beneficiar a las empresas que allí se instalen, en términos de desgravaciones fiscales.

El Estado nacional, por su parte, no se conformó con una ley y el Gobierno anunció, para beneplácito de los que venimos de las universidades, en el mismo momento en que asumía la presidencia Cristina Fernández, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta fuerte política en ciencia y técnica ha logrado, entre otros ejemplos, repatriar a más de 800 científicos; ha permitido la exportación de material del Invap (reactores nucleares de alta seguridad, por caso) y ha garantizado las vacunas contra la gripe, con producción nacional, para toda la población del país.

En cambio, desde la sanción de la ley porteña se ha decretado la “muerte” del laboratorio de genéricos (que debía abaratar los costos de la salud pública); se ha creado, desde el discurso, el Polo tecnológico de Parque Patricios, que tuvo dos “grandes” logros: el primero fue aumentar artificialmente, entre un 15 y 20 por ciento, el valor de las propiedades de la zona, y el segundo, ser una propuesta más que el macrismo no lleva adelante.

La única ejecución presupuestaria que se le ha contabilizado en este proyecto de ciencia y técnica de la Ciudad han sido unos 130 mil pesos que se destinaron a consultoras privadas, para que éstas le dijeran al gobierno porteño qué debía hacer. Ese dinero gastado bien podría haberse ahorrado si se hubiera convocado a la Universidad de Buenos Aires a preparar un plan para la ciudad autónoma. El distrito cuenta con una de las mejores universidades de Latinoamérica en su área, y no la incluye en sus proyectos de gestión ni la convoca para propuestas de envergadura.

A pesar de la vasta experiencia académica, científica y tecnológica, la Universidad de Buenos Aires no participa como proveedor de conocimiento en el ámbito de la ciudad autónoma. ¡Macri y sus gerenciadores no creen en lo público! Esta decisión de la Ciudad de no convocar a la universidad pública es, como mínimo, un error. Pero, fundamentalmente, es una posibilidad más que se desperdicia para lograr la ciudad que queremos.

* Secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba).