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Frente a la noticia publicada en Página/12 que informa que detenidos por delitos de lesa humanidad reclaman su derecho a estudiar en la UBA quisiera aportar algunas consideraciones. En primerísimo lugar, los delitos por los que están privados de libertad los diferencian de los presos comunes. El sistema democrático ya les ha dado el derecho a juicios con todas las garantías. La cuestión no pasa por habilitar a algunos profesores a que ejerzan su derecho de “objeción de conciencia”. La universidad pública, estatal y gratuita financiada por los dineros de todos los contribuyentes no debe hacer lugar a estos supuestos estudiantes.

El Inadi ha planteado que se les debe garantizar el derecho a estudiar. Hay en este planteo una confusión de conceptos. Su creación como organismo del Estado ha sido toda una conquista de la democracia. El Inadi fue creado para defender y garantizar los derechos de ciudadanos/as perseguidos, estigmatizados o “desigualados”, no para defender garantías de perseguidores, desa-parecedores y apropiadores. Ya hemos costeado sus justos juicios y su manutención en cárceles de mucho más confort que las hacinadas prisiones de presos comunes. También hemos tenido que tolerar que muchos de ellos tengan –y violen– sus prisiones domiciliarias.

La cuestión tampoco se soluciona con que rindan en calidad de alumnos libres. Justicia aquí es que la comunidad universitaria tenga el derecho a no incluirlos en su institución.

Si quisieran ser aceptados en la universidad pública, estatal, gratuita y democrática, primero tendrían que decirnos dónde están los hijos apropiados, quiénes los entregaron y quiénes los tienen aún secuestrados. También tendrían que decirnos quiénes asesinaron a los desaparecidos, cómo murieron y dónde están sus restos. Sólo así podrían dar cuenta de que quieren ser parte del sistema democrático. Hasta tanto, no deben aspirar a ser aceptados en la UBA, ni en ninguna otra de nuestras universidades públicas.

Si realmente quieren estudiar, podrían hacerlo en espacios universitarios privados regenteados o relacionados con la Iglesia Católica, que durante la dictadura –y hasta hoy– les ha brindado sus servicios. Sus sacerdotes los confesaron y asistieron de mil maneras en sus tareas de represión, tortura, violación, exterminio y apropiación de niños y bienes. Les será grato, entonces, contarlos entre sus estudiantes.

Son ellos, los delincuentes de lesa humanidad, quienes al no restituir la Verdad han rehusado participar de las más elementales reciprocidades de un Estado de Derecho. El Inadi se equivoca cuando supone que tienen derecho a estudiar en nuestra casa. No aceptar que la UBA les abra las puertas no es discriminar. Aquí esa supuesta igualdad sería la máxima desigualdad.

* Profesora titular plenaria, Facultad de Psicología (UBA).