Cuando el coronel Jorge Alberto Maríncola entró al campus de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), le salió al paso el rector, Emilio Mignone. Pensando seguramente en “una cueva de subversivos”, lo primero que hizo el militar fue interrogar: “¿Dónde están las armas?”. “En la biblioteca”, respondió Mignone. Maríncola no captó la ironía y mandó a requisar la biblioteca. Sus soldados no encontraron nada. Nada más que libros (que luego serían convenientemente destruidos o expurgados).

Transmitida de boca en boca, la anécdota narra el inicio de la intervención de la universidad en 1976, preludio de un acontecimiento singular en la historia de la cultura argentina: el cierre de la UNLu, la única casa de estudios que fue clausurada por la dictadura militar. Ahora, a tres décadas del golpe de Estado, la Universidad de Luján está reclamando –con apoyo de treinta municipios bonaerenses– “una reparación histórica” de los daños materiales y morales sufridos por la institución y su comunidad académica.

La clausura se produjo en 1980, después de cuatro años de intervención. Lo que la dictadura interrumpió entonces fue un proceso pedagógico innovador para la época, parte de una política universitaria que desde comienzos de los ’70 buscaba mayor vinculación con la región y el sector productivo. Creada en 1972, la UNLu se nutrió del aporte de muchos académicos que volvían al país tras haberse exiliado por La Noche de los Bastones Largos. Uno de ellos fue Alberto Jech, profesor de Física, que llegó a ser secretario académico de aquella universidad: “Habíamos puesto en marcha una universidad no cientificista ni profesionalista, pero sí eficiente. Queríamos resaltar y fomentar en los estudiantes y egresados la solidaridad, no la competencia. Por eso, las materias se aprobaban o no se aprobaban, no existían las notas, para que los alumnos no compitieran –-recordó Jech–. Solidaridad quería decir muchas cosas. Por ejemplo, que no se estudiaba para ganar más plata, sino para trabajar en beneficio del medio y la sociedad. Todo eso nos trajo muchos problemas”. La UNLu fue pionera en la educación a distancia, los ciclos comunes para familias de carreras, la apertura del ingreso a personas mayores de 25 años sin estudios secundarios, también creó la primera carrera de Alimentos de Latinoamérica y abrió centros regionales para evitar el desarraigo de los estudiantes.

El cierre arrasó con todas esas innovaciones. Y con mucho más. “El desprestigio público que sufrió la universidad fue muy grande. Para crear el clima propicio para cerrarla, el ministro de Educación (Llerena Amadeo) llegó a decir que la UNLu no era una universidad, que era cualquier cosa –-contó a Página/12 el actual rector, Osvaldo Arizio–. Esa campaña tuvo fuerte impacto sobre los docentes y graduados. A esto se agregó que, con la clausura, casi la mitad de nuestros alumnos no pudieron seguir estudiando, porque no podían viajar a otra universidad o porque, directamente, la carrera no se dictaba en otro lado.” Para colmo, a quienes continuaron sus estudios en la UBA, al graduarse les entregaron un diploma diferenciado, algo devaluado. “El título incluía una leyenda que aclaraba que ese estudiante había cursado un programa que no era de la UBA. Fueron diferenciados como estudiantes kelpers, recibieron un diploma de segunda”, dijo Arizio.

Esos “daños morales” fueron reseñados este año por una comisión técnica creada por el Consejo Superior de la casa. También se analizaron los daños materiales. “Computamos los presupuestos que no recibió la universidad, los ingresos caídos por no tener al campus produciendo, la amortización por los equipos que dejaron de usarse, la destrucción de la biblioteca –-explicó el rector–. Durante el cierre, gran parte del equipamiento de las carreras fue transferido a la UBA y nunca fue devuelto. Entre las cosas que se llevaron estaba el primer laboratorio del país de educación a distancia. Hoy nadie sabe dónde está. Es un buen ejemplo de lo que significó el cierre: éramos pioneros en educación a distancia y hoy estamos a la cola del sistema universitario.” Entre las cosas que no pudieron ser recuperadas figura también el presupuesto de la UNLu. Cuando la democracia reabrió la institución, en 1984, se le asignó por ley un presupuesto acorde con los gastos y las necesidades que tenía al momento del cierre. Pero los fondos nunca fueron girados.

¿Qué reclama hoy la UNLu? “Queremos que el saqueo sea compensado y necesitamos que nos pongan en igualdad de condiciones con el resto del sistema, porque los años de cierre produjeron un importante retraso presupuestario –dijo Arizio–. Hace falta reequipar la universidad, más fondos para cargos docentes y gastos de funcionamiento.” Del análisis técnico realizado se desprende un triple pedido: una cifra de 225 millones de pesos como compensación; un aumento presupuestario del 25 por ciento para equilibrar el atraso; y la cesión del Instituto Alvear, prevista hace décadas pero aún postergada. Arizio: “Más allá de los daños generales que sufrieron todas las universidades durante la dictadura, de las persecuciones y desapariciones, la situación de la UNLu es totalmente atípica. Ninguna otra universidad sufrió una clausura como la nuestra. Fue un ataque a la cultura y, por eso, entendemos que el Estado le debe una reparación histórica a la cultura argentina”.