La maniobra para comprar equipos de audio y video para las canchas, sospechada de negociado y contratada con el aval de la AFA, puede llevar a la cárcel al ex presidente de San Lorenzo, Fernando Miele. Cómo se hizo la operación que investiga la Justicia.
Por Gustavo Veiga
Julio Grondona, presidente de AFA, y el ex titular de San Lorenzo, Fernando Miele, citados a declarar.
“Todo está cargado en la
memoria, arma de la vida y de la historia” (León Gieco)
La operación es semejante a tantas otras que abundaron durante la década del ‘90. Por el origen del capital, podría emparentarse con la privatización de una parte de Entel a manos de Telefónica. Salvada la menor envergadura del negocio, en el fútbol se trató de Inmark, una consultora española que abrió su filial en la Argentina cuando advirtió que podía lograr jugosos dividendos vinculada a la AFA. Su caballo de Troya fue el denominado SISEF, un sistema integrado de seguridad para estadios. Fernando Miele, el ex presidente de San Lorenzo, lo presentó en sociedad el 27 de febrero de 1998, apremiado como estaba por el asesinato del hincha de Huracán Ulises Ernesto Fernández –ocurrido el 19 de diciembre de 1997 en sus narices, a escasos metros del Nuevo Gasómetro– y vaya a saber qué otras razones.
Hoy, a casi cinco años, se entiende un poco más el afán comercial de lobbista que Miele mostró. Porque el presidente de Inmark Argentina S. A., Romeo Cotorruelo Menta, no es otro que un alto consejero del club Murcia español, la misma sociedad anónima deportiva que les permitió a San Lorenzo y a Almagro –su filial temporaria– recibir a varios futbolistas (Maciel, Tonelotto, Meloño, Figueroa y Acciari jugaron o juegan allí). Este empresario español, a su vez, resultó ser la pieza clave en el acuerdo sobre seguridad que suscribieron la Liga Profesional de su país y la AFA, es asesor del Comité Ejecutivo que preside Julio Grondona y mentor del proyecto de saneamiento económico de nuestro fútbol, siempre demorado y ejecutado a medias.
El personaje también es el mismo que, cuando el club de Boedo iba tratar la cesión de sus derechos televisivos, publicitarios y de marketing a la quebrada compañía suiza ISL, se sentó en el sillón presidencial que ocupaba Miele para convencer a un auditorio dócil sobre las bondades de esa privatización malograda. Ahora un juez espera que Julio Grondona, Cotorruelo Menta y el ex titular de San Lorenzo declaren en la causa donde investiga el presunto delito de administración fraudulenta. Y todo, por unas benditas cámaras que costaron 1.800.000 pesos, cuando un peso valía un dólar y en plaza se conseguían dispositivos similares por la tercera parte de ese valor.
Basado en ciertas necesidades artificiales que se levantaron en los años ‘90, la Argentina país construyó hoteles cinco estrellas para turistas virtuales y shoppings para consumidores sin efectivo. En ese mismo país, el fútbol invirtió en sistemas de audio y video de precios injustificables que, hasta hoy, apenas permitieron sentenciar a un portador de bengalas en el estadio de Vélez, a un palquista boquense con una gallina plástica y detectar algunas presencias indeseables en otras canchas. Esas filmadoras, que varios clubes adquirieron por imposición de un decreto que firmó el ex presidente Carlos Menem en diciembre de 1997, se han convertido en un pesado lastre para ciertos dirigentes.
La Justicia indagará a Fernando Miele mañana e intentará determinar por qué adquirió el equipo de seguridad más caro del mercado. La causa está en manos del doctor Juan José Mahdjoubian, el mismo magistrado que en el año 2000 recibió una denuncia del ex diputado Mario Das Neves contra altos dirigentes de la AFA y que tiene una carátula similar. También, Julio Grondona deberá presentarse ante el juez pasado mañana, en el marco de un expediente en el que ya declararon Mauricio Macri, José María Aguilar, Raúl Gámez y varios ex directivos de San Lorenzo.
Se trata de determinar qué papel jugó la española Inmark, alentada por la AFA para llevar a cabo una operación conjunta con todas las instituciones cuyos estadios superan la capacidad de 25 mil personas y que están sujetos al decreto del ‘97. Ese negocio se frustró cuando River, Vélez e Independiente –entre otros clubes– se percataron de que podían comprar sistemas de TV por circuito cerrado, pero ahorrándose más de un millón de pesos o su equivalente en dólares de entonces.
Cotorruelo, el hombre de mentas
Su nombre comenzó a aparecer en ciertas conversaciones, allá por 1999, cuando se discutía en la AFA el denominado Plan de Modernización del Fútbol Argentino, encomendado en febrero de ese año por la asociación a Inmark. Romeo Cotorruelo Menta ya había elevado en junio dicho proyecto que sugería “ordenar y controlar los gastos de los clubes, conforme a la capacidad real de cada uno de ellos de generar y obtener recursos económicos”. Un verdadero contrasentido, como se comprobaría después en la operación comercial de la compañía con San Lorenzo y Boca por un total de tres millones de dólares.
El calendario de la modernización preveía el cumplimiento de cuatro etapas entre junio de 1999 y octubre de 2000, que serían sometidas a la aprobación de la AFA. Uno de sus anexos se refería al “Reglamento de Instalaciones Deportivas del fútbol profesional” que, en su artículo 2, y en el inciso sobre medidas de seguridad, sostenía que todos los clubes debían estar dotados de “cámaras de televisión, en circuito cerrado, que cubra tanto las tribunas como el área de circulación exterior del estadio”. Equipamiento en el que Miele no escatimó recursos (sólo en el acceso al estacionamiento cubierto del Nuevo Gasómetro hay tres cámaras de TV), Boca gastó 1.214.730 pesos y, como contrapartida, River invirtió 582.522 pesos y Vélez 350.000, aunque no compraron el sistema que proponía Inmark sino uno de origen estadounidense, que se ajusta como aquel al decreto que firmó Menem.
Cotorruelo Menta es un ingeniero industrial que se especializó en organización, tiene un master en gestión avanzada de empresas, se formó en planificación estratégica y marketing y se desempeña hace más de 25 años como consultor de compañías, gobiernos y organismos internacionales. Un verdadero experto, como reza su currículum, en explotación de derechos comerciales vinculados a actividades deportivas.
Reside en Madrid y, cuando el juez Mahdjoubian lo citó a declarar la semana pasada, no se encontraba en el país, por lo que se le fijó una nueva audiencia para el próximo viernes. Tampoco pudo ubicarlo Página/12 por la misma razón, ni por teléfono, ni por correo electrónico. Aunque también lo había intentado hace un par de años y jamás respondió a los pedidos de entrevista.
Una causa molesta
Raúl Gámez declaró en el expediente el 28 de septiembre de 2001. Su testimonio fue bastante preciso. “Hubo un interés de parte del presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, y de un señor de apellido De Marchi (por Dardo), actual vicepresidente de Almagro, aclarando que en ese momento no revestía tal carácter sino que parecía ser una persona relacionada a la empresa Inmark.” El ex presidente de Vélez también sugirió que la firma española “se estaba abusando de la inexperiencia y falta de conocimiento de aquellos dirigentes que se acercaron a escuchar y observar la propuesta” de equipamiento. Hoy, a casi un año de su testimonio ante Mahdjoubian, Gámez sostiene: “Lo más grave es que esta gente (de Inmark) analizó las cuentas de la AFA y sugirió auditorías. No me preocupa tanto la sanción, como que Grondona avale ciertas cosas cuando vienen a embromarnos”.
El ex directivo se refiere a que los españoles recibieron un espaldarazo para materializar el negocio, cuando la AFA se ofreció como garante de los créditos otorgados a los clubes para adquirir las cámaras. Con una sola condición: si había una institución que contrataba el servicio con otra empresa, debía procurarse los avales por su cuenta. A raíz de que San Lorenzo sólo abonó un puñado de cuotas del total de 1.800.000, la deuda que reclamó Inmark y la AFA pagó, ahora figuraría entre los 10.000.000 que el club de Boedo le debe a la asociación.
Mario Codega, el abogado de la querella, confía en que podría haber una condena para Miele “porque está cambiando mucho la orientación de la doctrina y la jurisprudencia sobre este tipo de delitos. Hoy se los trata de ubicar más como delitos institucionales, con lo cual se deben buscar cuantos medios sean necesarios para el esclarecimiento de la verdad, porque uno se topa con un imputado que tuvo el control total de la maniobra...”.
El ex presidente de San Lorenzo es esperado hoy en Tribunales para que cuente por qué no licitó la compra de los equipos y ni siquiera consiguió una rebaja, como hizo Mauricio Macri. Y eso que el máximo directivo de Boca también pagó caro el mismo sistema. Se trata de los dos clubes que, vaya curiosidad, pretendieron delegar, durante las administraciones de Miele y el ingeniero, el manejo de sus principales ingresos en la quebrada ISL.
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