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Hay quienes ponen la firma y también abogados satélites, como se los define en la jerga judicial. Hay letrados de honorarios tan costosos como los que modelaron una promisoria carrera gracias a su exposición mediática. Hay estudios de renombre y, sobre todo, con afiladas conexiones políticas. Hay, en definitiva, una defensa que jamás dejará en la estacada al barrabrava que la pueda pagar, con o sin fondos propios. Conocidos profesionales del derecho como Mariano Cúneo Libarona, Fernando Burlando e Ignacio Irurzun han tenido o tienen en sus manos expedientes con imputados tanto o más conocidos: Rafael Di Zeo de La Doce, Adrián Rousseau de Los Borrachos del Tablón, Héctor “Jaimito” Heredia de La Guardia Imperial u Omar “El Hache” Alonso de Estudiantes. Y cuándo no, de cierto dirigente futbolístico de vínculos estrechos con la patota de turno: así ocurrió con Luis Barrionuevo y su letrado, Hugo Anzorreguy, ex jefe de la SIDE durante el gobierno menemista.
“En este tema de las barras bravas y el fútbol se advierte el vínculo con la política y el establishment. Es la estructura que rodea al barra la que suele pagar los honorarios. La que pone los contactos y tiene llegada con esta clase de abogados”, señala el fiscal Daniel Pablovsky, de una unidad especial que se ocupa de investigar y relevar causas sobre violencia en el fútbol. “En la jerga sabemos quién es un sacapresos y quién es un colega de sólida formación profesional. Pero los contactos también pesan mucho”, advierte el abogado Gerardo Pardo, ex asesor de la Subsecretaría de Espectáculos Futbolísticos (Susef) que ahora conduce el arquitecto Javier García Puga en reemplazo de Javier Castrilli.
Abundan los antecedentes donde, en la elección del abogado de turno, queda expresado el vínculo entre un connotado barra brava y una determinada estructura política. El doctor Alejandro Venier patrocinó en Mendoza al fallecido José Barritta, ex líder de la Doce, cuando se vio involucrado en un tiroteo entre las barras de Boca e Independiente el 5 de febrero de 1994. En aquella causa, el Abuelo fue desvinculado porque la prueba de parafina arrojó resultado negativo. De su letrado se supo que antes había defendido al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar en una causa por falsificación de pasaporte y que habría trabajado para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El doctor Enrique Viviano Hidalgo defendió al ex intendente menemista de Morón, Juan Carlos Rousselot, en varias causas penales. Asimismo, el 18 de septiembre de 1995 había sido elegido secretario del Concejo Deliberante de ese distrito. Esos antecedentes lo pusieron en sintonía con la situación procesal de Máximo Manuel Zurita, alias el Gordo Cadena, un temido líder de la barra del Deportivo Morón, al que patrocinó en un expediente que se le abrió por el robo a una panadería de Merlo en septiembre de 1997. Este personaje que debe su apodo a un difundido ataque a cadenazos contra barras de Chacarita, revistaba en Servicios Públicos de la Comuna bajo el número de legajo 79.269. Se comprendía así la tarea de Viviano Hidalgo.
Los doctores Fernando Burlando y Martín Cerolini defendieron a la banda de Los Horneros que participó en el asesinato de José Luis Cabezas. Algunos de sus integrantes eran barrabravas de Estudiantes de La Plata, como el fallecido Héctor Miguel Retana. El primero de los abogados no ha perdido cuanta oportunidad se le presentó de asesorar a barras de los clubes más importantes de la capital bonaerense en los últimos diez años.
Lo hizo con Omar Angel Alonso, alias El Hache, ex líder del grupo más violento en Estudiantes, condenado por un homicidio que cometió el 10 de mayo de 1995 y once años después, en noviembre de 2006, continuaba patrocinando a los principales jefes de la barra brava de Gimnasia. Aquellos que “no apretaron a nadie”, como señaló el letrado después de una visita de “cortesía” de los pesados de la tribuna al plantel profesional en el predio de Estancia Chica, la noche previa a una goleada 4-1 sufrida ante Boca.
En octubre del año pasado, también trabajó en la causa que investiga los graves hechos de violencia ocurridos en la quinta de San Vicente por el traslado de los restos de Perón. Lo hizo a solicitud de Guillermo Wilson, un conocido miembro de la barra de Estudiantes “que se presentó como particular damnificado y alegó ser víctima del accionar de Quiroz, el camionero que disparó a mansalva y está preso por intento de homicidio”, publicó el diario El Día de La Plata.
El doctor Mariano Cúneo Libarona consiguió en 2003 un vuelco fundamental en la situación procesal de nueve barrabravas de Racing que estaban procesados por homicidio, asociación ilícita y tenencia de armas de guerra. Todos implicados en el crimen del hincha de Independiente Gustavo Rivero. Cada integrante de la Guardia Imperial que había ido a parar a la cárcel pasó a gozar del régimen de prisión domiciliaria cuando el abogado se presentó en el expediente que tramitaba el juez penal de Lomas de Zamora, Javier Ma-ffucci Moore. Entre ellos estaba Héctor “Jaimito” Heredia, un individuo de tupido prontuario que se había declarado indigente, como sus restantes compinches de la barra.
¿Cómo habrán hecho todos para pagarle sus honorarios al mediático letrado? Sería un hecho digno del mejor guión para una película de detectives. Por entonces, se le atribuyó al ex presidente de Racing, Daniel Lalín, semejante acto de generosidad. Empeñoso, Cúneo Libarona no pudo apartarse de los lazos de consaguinidad que hay entre este tipo de personajes y hoy asesora a Rafael Di Zeo en la causa que se le sigue al ex jefe de la Doce por asociación ilícita. Un expediente que tiene casi cien cuerpos y está camino al juicio oral.
Como Cúneo, el doctor Ignacio Irurzun –hermano del camarista federal Martín Irurzun– ha sido letrado de ricos y famosos. Por su estudio pasaron Zulema Yoma, Moria Casán y el peluquero Miguel Romano, entre otros. La semana pasada, se lo vio mientras acompañaba a Adrián Rousseau en una declaración, el jefe de uno de los sectores en que se dividen Los Borrachos del Tablón, cuya interna ya cobró una víctima fatal y varios heridos de consideración.
Los honorarios de un penalista pueden ir, según de qué abogado se trate, de qué juicio se trate y de qué barra brava también, desde los 10.000 a los 500.000 pesos. Varias fuentes de la familia judicial consultadas para esta nota señalaron como muy probables esas cifras, aceptaron en que esas sumas pueden pagarse hasta un 50 por ciento por adelantado y, además, agregaron que los valores no deberían sorprender a nadie. “La defensa de un barra clase A, como Di Zeo o Schlenker, no bajaría del medio millón de pesos”, coincidieron dos abogados que cumplen distintas funciones en clubes del Ascenso y un par de fiscales que suelen investigar a las patotas del fútbol.
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