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La ministra de la Producción, Débora Giorgi, aseguró que defenderá “las marcas del exterior y también nuestras marcas internacionales en el mundo”, al inaugurar un encuentro empresario organizado como “jornada de lucha contra la falsificación y la piratería”. Este flagelo, dijo la funcionaria, “es un desaliento a la innovación y genera el más regresivo de los impuestos, que es la evasión”.
Giorgi ubicó la lucha contra la piratería entre “los desafíos que, desde el punto de vista del desarrollo económico con inclusión, tenemos en la Argentina”. Recordó que ya desde la salida “de la peor crisis”, a comienzos de la década, “teníamos muy en claro que la profundización de ese cambio (de paradigma del desarrollo) iba a tener que ver con un aparato productivo que incluyera elementos que hacen a la generación de valor agregado”. Y citó como ejemplos la ley de promoción a la biotecnología, la ley del software, hasta la incorporación (como producción local en la cadena automotriz) de autopartes de alto valor.
En el mismo encuentro, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, resaltó la gestión del gobierno nacional contra ese delito y citó que, “desde 2007 hasta la fecha, con la optimización de los sistemas de control, hay 296 marcas que pidieron protección y se detectaron unos 138 millones de dólares de mercadería pirata”. Hizo referencia a los sistemas de alerta temprana que se pusieron en marcha en los controles de frontera desde marzo de aquel año. “Es un sistema que funciona, que está operando, que protege al titular de la marca y que por eso se ha logrado reconocimiento internacional”, concluyó Echegaray,
Según datos de la Organización Mundial de Comercio, la piratería hoy afecta a más del 10 por ciento del comercio mundial. Durante el encuentro, se destacó además que la falsificación opera también en contra del empleo registrado. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación y uno de los expositores en el evento, señaló que detrás de la piratería y la violación al derecho de propiedad se encuentran otras violaciones, “vinculadas al derecho del trabajo, al respeto del derecho de la mujer, de las condiciones mínimas de dignidad y a la discriminación”.
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