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Producción: Tomás Lukin
Por Valeria Arza *
Desde la vacuna contra la poliomielitis hasta Internet, la innovación tecnológica en los últimos cincuenta años creó oportunidades para mejorar sustancialmente la calidad de vida. Sin embargo, el cambio tecnológico, de la forma en que ocurrió, no benefició a todos por igual: la brecha entre ricos y pobres se amplió y la integridad ambiental está cada vez más amenazada.
El cambio tecnológico no es unidireccional; existen diversos senderos que se pueden explorar y múltiples formas de explotación y apropiación del conocimiento que se genera. De la misma manera, también existe un abanico de posibilidades para el diseño de la política en ciencia y tecnología (CyT). Por ejemplo, se pueden promover las actividades de innovación de empresas grandes preestablecidas (el modelo coreano) o el desarrollo de empresas emergentes o pequeñas de base tecnológica (el modelo del Silicon Valley, en Estados Unidos); atraer mediante incentivos fiscales a subsidiarias de transnacionales, o utilizar esos recursos para fomentar la innovación de las de capital nacional; aumentar la competencia internacional para generar el desafío de profundizar estrategias innovativas en empresas locales o, en cambio, asegurar un período de protección comercial para que ellas mejoren sus posibilidades de supervivencia en ambientes competitivos, etc. Cada una de estas opciones, que pueden ser defendidas desde distintos argumentos académicos, en los hechos terminarán favoreciendo más a algunos grupos más que a otros.
El diseño de la política en CyT es el resultado de un proceso de negociación entre las partes implicadas. Así, los actores que detenten mayor poder de negociación tendrán una influencia superior a la hora de hacer valer sus intereses y plasmarlos en la agenda política en CyT. A su vez, no se trata sólo de actores del país: la agenda política debe alinearse a los acuerdos internacionales que subscribe el gobierno. Por tanto, recibe también presiones de actores internacionales que restringen severamente su margen de maniobra.
A fin de asegurar una distribución más equitativa y sustentable de los beneficios de la innovación tecnológica, los países tienen por delante el desafío de democratizar el diseño de sus agendas en CyT, debatiendo abiertamente las direcciones del cambio tecnológico que se deseen promover.
En Argentina, la mayor visibilidad de las políticas de CyT, especialmente desde la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007, constituye una oportunidad para emprender estos debates en diálogo con otros países en de-sarrollo. En particular, es de vital importancia reflexionar acerca de la necesidad de preservar el conocimiento científico en el dominio público. Si bien la innovación tecnológica ocurre fundamentalmente dentro del ámbito privado, para innovar las empresas dependen fuertemente de su entorno: el aprendizaje y la innovación son procesos interactivos que requieren de un intenso intercambio de conocimiento. Son numerosos los ejemplos de innovaciones emprendidas por empresas privadas que para concretarse se valieron del acervo público de conocimiento.
Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la amenaza de una apropiación privada del conocimiento en CyT. Por un lado, como resultado de presiones nacionales e internacionales por una mayor protección de la propiedad intelectual. Por el otro, como consecuencia de una promoción más intensa de las vinculaciones entre actores públicos y privados. Si bien estas vinculaciones resultan beneficiosas para dinamizar la innovación, también conllevan riesgos. Resaltamos dos relacionados con la privatización de la investigación pública en CyT. Primero, las empresas suelen requerir protección intelectual, ya sea mediante patentes o secreto, de los resultados de las innovaciones que se produzcan en el contexto de la vinculación. Esto afecta el potencial creativo de los esfuerzos públicos actuales en CyT –ya que restringiendo el acceso se limita la producción futura de conocimiento–. Segundo, existe el riesgo, especialmente ante las restricciones presupuestarias que enfrentan los organismos públicos de investigación, de que las vinculaciones orienten la agenda de investigación pública hacia áreas favorables a los intereses del sector privado que pueden no coincidir con las socialmente deseables.
En suma, la política en CyT enfrenta el desafío de democratizar tanto la discusión sobre la direccionalidad del cambio tecnológico, como la negociación de una agenda en CyT. Los senderos de cambio tecnológico son múltiples y sus consecuencias no se pueden predecir con certeza. Por eso, también para el éxito de este proceso de democratización, es necesario preservar en el dominio público el conocimiento que produzcan las acciones en CyT a fin de monitorear permanentemente su impacto.
* Investigadora Conicet-Cenit.
Por Diana Suárez *
Se suele utilizar el término innovación para referirse a un resultado: un nuevo producto o proceso o una nueva práctica organizacional. Sin embargo, tanto o más importante que el resultado es el proceso mismo. El proceso innovativo, la búsqueda de ese resultado exitoso, es lo que motiva a la firma a incorporar tecnología, a capacitar a su personal, a invertir en conocimiento. Dependiendo de las características de las inversiones realizadas, del conocimiento adquirido, las capacidades existentes y organización del trabajo, la firma generará competencias que le permitirán seguir avanzando en la búsqueda de diferenciación y competitividad.
En Argentina, según el último dato disponible de 2005 del Indec, las empresas manufactureras destinaron el equivalente al 1,3 por ciento de sus ventas a esfuerzos innovativos. El 65 por ciento estuvo explicado por la adquisición de bienes de capital, con un fuerte peso de los productos importados. En la comparación internacional, estos niveles colocan a las firmas argentinas en un nivel inferior de inversiones, no sólo respecto de los países desarrollados sino también frente a sus pares latinoamericanos: en Alemania, por ejemplo, sólo los gastos en I+D y en bienes de capital de 2004 (también último dato disponible, Eurostat) fueron equivalentes al 3,7 por ciento de las ventas totales, de los cuales los bienes de capital representaban el 33 por ciento; en Brasil, el gasto total en innovación alcanzó en 2005 el 2,8 por ciento de las ventas, 48 por ciento en bienes de capital (último dato disponible, IBGE).
Estos valores sugieren que las empresas argentinas se caracterizan por un bajo compromiso con la innovación, destacándose los cambios menores, de bajo alcance y con escaso valor agregado. Esta observación, aunque acertada, suele ser seguida de razonamientos que o bien concluyen que este bajo nivel de inversiones tiene que ver con que los empresarios no desean arriesgarse para buscar mejores formas de hacer las cosas, o bien que los incentivos macro no son los adecuados (mientras más inestable un país mayor el riesgo de innovar). Ahora bien, si en lugar de mirar los grandes agregados (la industria manufacturera) se analiza la innovación en términos de firmas, la evidencia muestra que existen diferentes estrategias innovativas, las que conducen a impactos diferenciados en términos de beneficios privados y sociales.
La desagregación por tipo de actividad y gasto en innovación muestra que existen al menos tres tipos de conductas: firmas que apuestan a la incorporación de bienes de capital como única estrategia de mejora; firmas con esfuerzos relativamente bajos pero sostenidos en la generación de conocimiento interno (capacitación, I+D e ingeniería) y firmas que combinan ambos tipos de dinámicas (tecnología externa y conocimiento interno). Son justamente estas últimas las que presentan una trayectoria más prometedora en términos privados y sociales. Por un lado, presentan mayores niveles de productividad, exportaciones y crecimiento que aquellas que sólo invierten en el desarrollo interno de conocimiento. Por el otro, pagan mayores salarios y cuentan con una dotación relativamente mayor de recursos humanos calificados que aquellas que sólo invierten en bienes de capital.
Desafortunadamente, este tipo de conducta no es la que predomina en nuestro país sino que se trata de un grupo reducido de empresas (en los cálculos más optimistas no superaría el 8 por ciento de la industria manufacturera). Sin embargo, su nivel de inversión en innovación (en torno del 4 por ciento para el período 2002-2004) iguala los promedios alemanes y supera los brasileños. Son, por tanto, evidencia de la existencia de respuestas diferentes a incentivos macroeconómicos similares. Más aún, este tipo de conductas se encuentran en todos los sectores productivos y para todos los tamaños, lo que pone de manifiesto que las actividades de generación de conocimiento son igualmente necesarias para el desarrollo de nuevos medicamentos o circuitos integrados que para la creación de nuevos alimentos, tejidos o aleaciones metálicas. En pocas palabras, ni la innovación es un atributo exclusivo de los países desarrollados ni la aplicación de tecnologías de punta una actividad propia de los sectores high-tech.
En cualquier caso, será necesario reconocer que la innovación es parte de la estrategia de la firma, estrategia que a su vez determina la forma de competitividad y el tipo de impacto en el entorno (nivel de salarios y calificaciones requeridas). Las implicancias no son menores, supone reconocer que los diversos instrumentos de promoción de la innovación puestos en juego durante los últimos años deberían promover aquellas conductas innovativas más virtuosas, redireccionar aquellas más perjudiciales y aceptar que para mejorar el proceso innovativo se requieren acciones diferenciadas para un entramado productivo particular y heterogéneo.
* Investigadora Centro Redes.
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