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El Gobierno anunció ayer un incremento en las boletas de gas para todo el país y de luz para los hogares de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los clientes domiciliarios deberán abonar un monto adicional por bimestre que varía, según rangos de consumo, de 4 a 150 pesos para la electricidad y de 4 a 60 pesos para el gas. Para los comercios el ajuste va de 45 a 300 pesos para la luz y de 25 a 150 pesos para el gas, mientras que para los industriales dependerá del consumo puntual de cada empresa, aunque no se dieron precisiones. Este ajuste permitirá recaudar 2000 millones de pesos por año. El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que el dinero irá a dos fideicomisos administrados por el Banco Nación que financiarán obras de infraestructura definidas por el Gobierno, junto a gobernadores e intendentes, y ejecutadas por los concesionarios privados.
De Vido y el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, comunicaron la novedad en el Ministerio de Economía ante un auditorio compuesto por funcionarios de ambas carteras e intendentes de los distritos del conurbano donde se realizarán obras. De Vido descartó que el anuncio sea consecuencia del apagón del 7 de noviembre, pues en el Gobierno aseguran que lo ocurrido ese día fue producto de un sabotaje. No obstante, el ministro de Planificación dejó en claro que las obras previstas permitirán reducir los cortes de luz que se producen habitualmente durante las semanas de altas temperaturas, los cuales atribuyó al fuerte crecimiento que registró la demanda en los últimos años y a una inversión de las distribuidoras que no estuvo acorde con esa expansión.
La modalidad elegida para financiar las obras no es técnicamente un aumento de tarifas. La tarifa eléctrica, por ejemplo, se compone de un cargo fijo y otro variable. El fijo está destinado a mantener la infraestructura del sistema para el conjunto de los usuarios y el variable cuantifica el consumo de cada uno. En este caso, ambos cargos permanecerán congelados. Lo que hizo el Gobierno fue adicionar un monto fijo a las boletas de luz y gas que varía según un rango de consumos en el que se ubican los usuarios y que irá destinado a un fideicomiso. Las acciones de las eléctricas igual subieron, pues ayer se especulaba en el mercado con que este anuncio de dinero público para obras de distribución servirá para descomprimir al menos en parte la situación crítica que atraviesan.
Al aplicar un monto fijo que varía según el rango de consumo, el porcentaje de la suba difiere en cada caso. El Gobierno prefirió no difundir porcentajes ni siquiera como ejemplo. Consideró más conveniente hablar de valores absolutos, pues estima que los montos son muy bajos con relación a los salarios y el costo político es menor si se presenta el ajuste de ese modo.
Los hogares que demandan por bimestre hasta 300 kw/hora de electricidad pagarán un cargo adicional de 4 pesos y los que demandan entre 301 y 650 kw/hora un monto de 10 pesos (ver cuadro). El Gobierno aclaró que en estos dos rangos se concentran el 72 por ciento de los hogares. En las viviendas de mayor consumo (más de 2801 kw/hora por bimestre) la suba será de 150 pesos, pero ese grupo representa apenas el 0,4 por ciento del total.
Algo similar ocurre en el caso del gas. Los hogares que consumen hasta 500 m3 por año pagarán 4 pesos más por bimestre y los que demandan entre 501 y 650 metros cúbicos por año, 5 pesos más. Esos dos rangos abarcan al 37 por ciento de los hogares. Y si se contabiliza a los que pagarán hasta 20 pesos más por bimestre, el universo de hogares alcanzados trepa al 80 por ciento. “Son cifras irrelevantes”, sostuvo De Vido, quien aclaró que este ajuste no constituye un cambio en la política de subsidios. De hecho, Axel Kicillof realizó una larga intervención donde reivindicó la decisión oficial de seguir subsidiando las tarifas (ver aparte).
El ministro de Planificación reveló además que se contemplan una serie de casos en los cuales los usuarios estarán exceptuados de los aumentos de luz y gas:
- Planes de viviendas sociales (Fonavi, Promeba, etc.)
- Servicios asistenciales: Asilos, Hogares sustitutos, geriátricos públicos o humildes, centros de adictos, orfanatos y comedores.
- Construcciones desfavorables que implican mayor consumo.
- Casos de enfermedades crónicas e incapacidades.
- Casos especiales de ingresos insuficientes.
- Postulación voluntaria.
Este último ítem es para aquellas personas que no califican en las excepciones contempladas, pero no pueden afrontar el aumento por algún motivo especial que deberá ser evaluado por las autoridades. A su vez, se prevén dos situaciones adicionales para los clientes de Edesur y Edenor:
- Electrodependientes sin agua y/o cloaca y/o gas.
- Viviendas con varias familias y único medidor.
Con el aumento se espera recaudar 1000 millones de pesos para financiar la mejora y expansión de las redes de distribución eléctrica y otros 1000 millones para las redes de distribución de gas. En el caso de la luz, De Vido mencionó que en el sur del Gran Buenos Aires se invertirá en diez subestaciones y ampliaciones en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Perón, Esteban Echeverría, Lanús, Cañuelas, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En la zona norte del conurbano se construirá la estación transformadora Oscar Smith y se ampliarán once subestaciones que beneficiarán a Morón, Moreno, Merlo, Ituzaingó, La Matanza, Gral. Rodríguez, Pilar, Tres de Febrero, San Martín, San Miguel y José C. Paz. Además, se invertirá en cuatro subestaciones y obras de ampliación en los barrios capitalinos de Barracas, La Boca, Caballito, Flores, Devoto, Floresta, Once y Almagro.
En lo que refiere al gas, las obras de distribución abarcarán todo el país. Se prevé ampliar el servicio a 550 mil hogares del sur del conurbano, 400 mil hogares del norte de la provincia, 50 mil del sur de la Capital Federal y 500 mil del interior del país.
En todos los casos, las obras deberán ser realizadas por los concesionarios privados con el dinero de los fideicomisos, pero De Vido dejó en claro que las prioridades las establecerá el gobierno nacional junto a gobernadores e intendentes. “Las empresas tienen que hacer lo que nosotros les digamos”, aseguró.
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