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La jueza federal civil y comercial Silvina Bracamonte rechazó ayer un pedido de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para frenar mediante una medida cautelar la recuperación del predio ferial de Palermo por parte del Estado. Esta es la segunda victoria judicial del Gobierno en este tema (la primera fue el resultado de la investigación realizada por el juez Sergio Torres) que promete tener otros capítulos. La entidad patronal movió rápido sus fichas y apeló la decisión de Bracamonte. Ahora será la Sala II de la Cámara Civil y Comercial la que deberá definir el tema, probablemente durante la feria judicial. Un dato a tener en cuenta: el presidente de la Sala II es Ricardo Guarinoni, quien forma parte también del tribunal que tiene que resolver la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), luego del fallo de primera instancia. Guarinoni fue recusado por el Gobierno por haber viajado a Miami a un evento de telecomunicaciones auspiciado por el Grupo Clarín.
Según fuentes judiciales, Bracamonte rechazó el pedido de la Sociedad Rural por considerarlo “improcedente hasta tanto no se resuelva la denuncia de fondo”. La semana pasada, el Gobierno declaró nula la entrega de las 12 hectáreas del Predio Ferial de Palermo –conocido como La Rural– realizada por el ex presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo en 1991. Según los fundamentos del decreto 2552/12, dicho inmueble “fue sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”.
En aquel momento, los bancos Ciudad e Hipotecario, junto a un grupo de inmobiliarias, tasaron el terreno en 30 millones de dólares. Pero en una investigación posterior, el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que su valor real era de 60 millones. Según la resolución del Gobierno, la Sociedad Rural tiene hasta el 30 de enero para desalojar el predio. Además, el Estado nacional dio a entender en sus fundamentos que la entidad deberá pagar lo adeudado. Esa cifra ascendería a 157 millones de pesos.
La Sociedad Rural, actualmente conducida por Luis Etchevehere, buscó poner un freno a la medida oficial, pero obtuvo un revés en primera instancia. No bien se enteró de la decisión de Bracamonte, apeló ante la Cámara. Como ayer fue el último día hábil del año, la entidad solicitó la habilitación de la feria, para que la Sala II se expida en los próximos días. En este sentido, será la jueza de primera instancia la que deberá definir si la cautelar planteada por la Sociedad Rural amerita el tratamiento durante la feria. Dicha Sala se conforma con los distintos jueces que forman parte del mismo fuero.
Los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial tienen un fuerte vínculo con los jueces de la Sala que prorrogó la medida cautelar de Clarín en contra de la ley de SCA. La mirada está puesta en el juez Ricardo Guarinoni, quien tiene intervención en ambas salas y fue recusado por el Gobierno.
Incluso, la Sala II es la misma que unificó dos causas del Grupo Clarín, una iniciada por la empresa Supercanal y una mucho más antigua vinculada con la fusión de Multicanal y Cablevisión. Esta decisión fue firmada por Guarinoni y Santiago Kiernan, un juez jubilado que renunció a su cargo luego de que se conociera su viaje a Miami para participar del congreso de telecomunicaciones vinculado con el Grupo Clarín. Incluso existe un dictamen de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien determinó que existieron “irregularidades” en la unificación de ambas causas con la intención de favorecer al Grupo Clarín.
La Sociedad Rural acusó al Gobierno de cometer un “acto de revancha” por la Resolución 125. Sin embargo, los cuestionamientos sobre cómo la entidad patronal se hizo del predio de Palermo datan de muchos años atrás. Luego de una investigación en la que intervino la Procuración del Tesoro de la Nación, la Sigen y el Tribunal de Tasaciones, el juez federal Sergio Torres procesó en 2010 por el delito de “peculado” al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y al ex presidente de la Sociedad Rural, Eduardo de Zavalía. El ex presidente Carlos Menem fue beneficiado por una resolución de prescripción dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, pero fue apelada y la causa penal –diferente de la patrimonial abierta por la Rural– se encuentra en la Corte Suprema con dictamen de la Procuración favorable a la reapertura de dicha causa.
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