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Economistas heterodoxos consultados por Página/12 calificaron ayer como una jugada fuerte la decisión del Gobierno de pagar en Nueva York cerca de mil millones de dólares a bonistas que aceptaron las reestructuraciones de la deuda argentina. Afirmaron que la responsabilidad de que se desate un default queda ahora del lado del juez Griesa, quien puede embargar estos recursos a favor de los fondos buitre. Agregaron que la situación fortalece la postura del país ante la mirada del mundo, puesto que la prensa internacional no podrá argumentar que la Argentina no tiene voluntad de cumplir con sus compromisos financieros. La prioridad para una negociación con los buitres, aseguraron, debe concentrarse en la defensa del nivel de las reservas del Central y la sustentabilidad del endeudamiento externo en el mediano y largo plazo.
“El pago de ayer de la Argentina transparenta la irracionalidad de las decisiones que ha venido tomando Griesa. Si cumple con el embargo, el 93 por ciento de los acreedores no va a poder cobrar, lo que pone en el centro del debate un punto que estuvo bastante ausente. El juez deberá darle una buena explicación a esta mayoría de bonistas acerca de por qué no van a seguir recibiendo los pagos en tiempo y forma”, dijo a Página/12 Ricardo Aronskind, economista del Plan Fénix. La situación argentina, señaló, obliga a los ideólogos de las finanzas internacionales a replantearse cuál fue la lógica de las maniobras de Griesa y la necesidad de un cambio estructural del sistema financiero. “El punto es que irresponsablemente la Justicia norteamericana puede generar un fuerte conflicto para los que ya estaban cobrando la deuda. El malo de la película va a dejar de ser la Argentina. Se rompe con el discurso internacional de que el país no quiere hacerse cargo de sus pasivos”, aseguró.
El economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Mariano Kestelboim, precisó a este diario que la decisión del país de seguir pagando la deuda a través de Nueva York fue un golpe de impacto. “Ahora Argentina le pasa la pelota al juez Griesa. Cumple con sus compromisos y deja la responsabilidad en la Justicia de generar un default. Es un paso audaz, porque se arriesga a que los fondos sean embargados, pero se extreman las posiciones para lograr la mejor negociación posible”, afirmó. Agregó que “la situación de default no conviene ni a los acreedores ni al país, lo que hará que esta situación más temprano que tarde se destrabe. El punto es que los buitres quieren cobrar esta deuda”. Kestelboim indicó que, en el peor escenario, el pago a favor de los holdouts sería de alrededor de 15 mil millones de dólares, equivalente al 3 por ciento del Producto. “Es un monto importante, pero no generaría una hecatombe como la del 2001. La espalda financiera es otra. La deuda en dólares en manos privadas representa 10 por ciento del PBI, cuando era del 150 por ciento en 2004”, dijo. Aseguró que “los antecedentes de los buitres en otros países muestran que siempre aceptaron bonos en forma de pago e incluso Paul Singer mostró interés en esa opción. El dato no es menor. Permitiría un menor impacto en las reservas internacional”.
Matías De Lucchi, del Cefidar, mencionó ante Página/12 que el desenlace del caso contra los buitres es impredecible. “No existe claridad acerca de lo que puede pasar. Son puras especulaciones. Pero lo relevante es que es una situación que genera nuevas tensiones para conseguir dólares a tasas baratas y aliviar la tensión de la economía en el frente externo”, dijo. Aseguró que “el país hizo esfuerzos importantes a través del acuerdo de Repsol, del Ciadi y del Club de París para bajar el riesgo país y lograr captar divisas. La idea era mantener tasas de crecimiento razonables para defender los niveles de empleo. Lo paradójico es que estas iniciativas ahora se ven limitadas por la situación de los holdouts y la posibilidad de ingresar en un nuevo proceso de default”.
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