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El juez neoyorquino Thomas Griesa denegó ayer la solicitud elevada por el Citibank para que habilite el pago de intereses de deuda reestructurada en dólares bajo legislación argentina. El 31 de este mes el país enfrenta un vencimiento del bono PAR y la filial local del holding bancario había presentado un escrito, junto con la Argentina, para que Griesa libere toda la deuda bajo ley argentina de las trabas que impuso sobre el cobro de vencimientos. “Citibank, casa matriz, apelará la decisión del tribunal y ha solicitado la suspensión (stay) de la medida cautelar mientras se resuelva la apelación”, confirmó el holding en un breve comunicado. La negativa del magistrado de Manhattan no sólo refleja una radicalización de su posición en favor de los fondos buitre sino que además va en contra del espíritu de las autorizaciones que otorgó en tres oportunidades bajo la condición de “única vez” para que el banco abone los servicios de este tipo de bonos. “Si Citibank Argentina no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria argentina”, advirtió el Ministerio de Economía en un escueto comunicado que difundió horas más tarde. El Palacio de Hacienda recuerda que, de no cumplir, revocaría la licencia y denunciaría penalmente al banco.
“El tribunal rechaza la moción de Citibank”, concluye el escrito de 16 páginas de Griesa. Hasta el momento, el juez del Segundo Distrito de Nueva York había permitido al Citibank en tres oportunidades (para los vencimientos de fines de julio, septiembre y diciembre) pagar la parte en dólares con legislación argentina de los servicios de deuda reestructurada, mientras que mantiene trabados los 539 millones de dólares depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY) de la serie con legislación extranjera. La deuda en pesos también había sido liberada por el juez. La intención del banco fue desembarazarse de los pedidos para cada vencimiento y que se liberara el canal de pagos para esta parte de la deuda. Los argumentos que habían sido expuestos por los abogados que representan al país y al banco custodio del dinero eran que no se trata de deuda externa –por ser bajo ley local–, que el banco no participa del proceso de pago y que se produciría un incumplimiento de leyes argentinas. “La participación de Citibank para efectuar pagos de bonos reestructurados está prohibida”, respondió Griesa en los considerandos del fallo.
“La República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados. Por lo tanto, la determinación del juzgado en este asunto es de total importancia”, señaló Economía en su comunicado. El escrito de Griesa utilizó aspectos técnicos de los bonos emitidos en 1994 y jurisprudencia internacional para cerrar el cerco contra la Argentina, luego de que se llevara a cabo el 3 de marzo pasado una audiencia para tratar estos puntos. El proceso de pago de los bonos denominados en dólares bajo ley argentina comienza con el depósito de los fondos por parte del país a la Central de Registro y Liquidación de Instrumentos de Endeudamiento Público (CRYL). CRYL reenvía ese dinero a la Caja de Valores y esta última lo remite a la filial argentina del Citibank. Por último, el Citi transmite los pagos a sus clientes, entre ellos las cámaras de compensación y Euroclear Clearstream. Para Griesa, el hecho de ser un eslabón de la cadena –aunque sea el último– implica un grado de responsabilidad en el pago, lo que utiliza para revertir el argumento del Citibank.
El abogado Eugenio Bruno sostiene que “el Citi no es participante en el sentido de la propia sentencia de Griesa sino agente de los tenedores de dichos bonos, por lo que cuando reciben el depósito en Caja de Valores ya se considera que cobraron”. “La orden del 28 de julio obliga a Citibank Argentina y a sus empleados a violar las leyes de la República Argentina, ya que la única forma de cumplir con la orden del 28 de julio sería exigiendo a individuos en Argentina que actúen en violación de las leyes penales locales. La República, que ha otorgado a Citibank Argentina su licencia bancaria, ha dejado claro que va a hacer cumplir las leyes”, dice el comunicado de Economía, en referencia a la cautelar que dictó Griesa a mediados del año pasado para bloquear el cobro de los vencimientos de deuda reestructurada. Por su parte, Euroclear había comenzado la semana pasada negociaciones con la Caja de Valores para que los fondos se transfieran sin intervención del Citi, aunque no se trata de bonos provenientes del canje. En Economía consideran que será el Citi quien deba continuar con la discusión legal y hacerse cargo de su responsabilidad en la cadena de pagos. Sobre este punto, Griesa envió su chicana en la sentencia: “En la cautelar, Citibank advierte de riesgos de sanción en la Argentina. Sin embargo, si Citibank procesa los pagos de los bonos del canje, viola la orden judicial de este tribunal. Ninguna de estas opciones es atractiva”. “Citibank, casa matriz, tomará todas las medidas legales a su alcance para cumplir tanto con dicha decisión como con la legislación argentina”, respondió el banco.
Si bien el próximo vencimiento sobre el que deberá responder el Citi es reducido (unos tres millones de dólares en manos de inversores en el exterior), el endurecimiento en la postura de Griesa evita circunscribir su bloqueo a bonos bajo su jurisdicción. Todavía resta que se pronuncie sobre la sentencia de la Justicia británica para que se respete la legislación inglesa de los bonos argentinos. Los voceros del fondo NML, de Paul Singer, que encabeza la demanda, emitieron un comunicado celebrando el fallo: “Esta decisión deja en claro que cualquier tercer actor que ayude a la Argentina a pagar viola el embargo”.
En los considerandos de la sentencia, el propio Griesa reconoce que, a diferencia de las tres oportunidades anteriores donde permitió el pago de los vencimientos al Citi, esta vez “los demandantes (fondos buitre) no han dado su consentimiento para el procesamiento del pago por parte del Citibank”. Respecto de la condición de deuda interna de los bonos con ley argentina, el juez remarca que la cautelar del 28 de julio que bloquea los pagos al país no discrimina entre deuda externa e interna. “La orden del 28 de julio ignora el análisis que apoya la orden de aclaración de Citibank, las órdenes anteriores que reconocen el riesgo que enfrenta Citibank Argentina en situaciones similares como consecuencia de su condición única de sucursal bancaria en el país y el hecho de que hay muchos bonos que no son del canje además de los bonos de Repsol, y ordena a Citibank Argentina a hacer lo que es operativamente imposible”, señala el Ministerio de Economía.
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