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El ex ejecutivo del banco JP Morgan en Londres, Alfonso Prat-Gay, pretende que la causa HSBC que involucra a 4040 cuentas de argentinos no declaradas a la AFIP cambie de juez. Busca detener, hasta anular, la investigación con el traslado del expediente a un juzgado más amigable. El interés de Prat-Gay radica en que él es uno de los protagonistas de la causa al estar vinculado con la cuenta no declarada de Amalita Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Amoedo por unos 68,3 millones de dólares, saldo correspondiente a fines de 2006. Antes de esa fecha, el monto de la cuenta había superado los 100 millones de dólares, de acuerdo con información adicional aportada por la AFIP al Juzgado Penal Tributario N° 3 a cargo de María Verónica Straccia. La investigación oficial está avanzando en precisar también qué tipo de asesoramiento ha prestado Prat-Gay, a través de su firma de consultoría financiera, a Exprinter International Bank perteneciente a la familia Supervielle. Uno de sus miembros y directivo de la entidad, Pilar Estela Supervielle, figura con el registro de 19,6 millones de dólares en una cuenta en el HSBC Private Bank Ginebra.
Prat-Gay presentó una denuncia penal contra los funcionarios de la AFIP Horario Curien (subdirector general de fiscalización) y Pedro Robeda (subdirector general de asuntos jurídicos) acusándolos del delito de falso testimonio y asociación ilícita, ampliándola contra el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, como parte de una asociación ilícita e instigador del falso testimonio. El ex presidente del Banco Central en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, que hoy se promueve como parte del equipo político del candidato Mauricio Macri, consiguió que la demanda sea radicada en el juzgado federal de Claudio Bonadio. La capacidad de selección de un juez se denomina forum shopping, definida técnicamente como “un tipo de maniobra para elegir un juzgado con el que la parte actora se siente más cómoda”, según explica Javier de Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El razonamiento expuesto por Prat Gay en la presentación ante Bonadio es que el delito de los funcionarios públicos fue el de haber realizado la denuncia judicial por el caso HSBC mintiendo al imputarle a las Fortabat, y a él como apoderado, el delito de evasión tributaria. La réplica de la AFIP, contenida en un memo de descargo en la secretaría N° 22 del juzgado federal N° 11, dice que con esa presentación “se busca que la existencia o no de evasión tributaria –que corresponde al Juzgado Penal Tributario N° 3– sea definido por un juez distinto al que le corresponde”. Para agregar: “pretende Prat-Gay, con la excusa del falso testimonio, que un juez ajeno al caso, el Dr. Bonadio, defina –en su favor– la inexistencia de evasión que se le imputa en la causa original”.
La estrategia judicial del ex diputado de la Coalición Cívica de Elisa Carrió es que Bonadio impulse una investigación paralela de los delitos denunciados por la AFIP y de ese modo detener la tarea de persecución de importantes ilícitos tributarios en la sede natural y específica (juzgado de Straccia). Por esa maniobra dilatoria se está tramitando un incidente de incompetencia en tribunales.
La denuncia de la AFIP que Prat-Gay cuestiona es la referida a la plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin de ayudar a contribuyentes a evadir impuestos. Es la que indica, además, la existencia de una plataforma “facilitadora” para la evasión. La AFIP destaca que esta última se ha conformado con apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off-shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales para ocultar la verdadera identidad de los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de impuestos. En la descripción de esa tarea, la denuncia de la AFIP menciona a Alfonso Prat-Gay, quien figura como apoderado y “usuario de Internet” de la cuenta de Amalita y su nieta. El escrito de la AFIP que dio apertura a la causa HSBC en Argentina señala que “resulta evidente considerar que quien posee la autorización delegada por los titulares para administrar los fondos depositados en el exterior no sólo no puede desconocer que los mismos no se encuentran exteriorizados en el país y en consecuencia del fin explícito de evadir el pago de impuestos sobre dichos fondos”. Mediante las resoluciones 762 y 763/2014 del 18 de diciembre del año pasado la AFIP notificó a Prat-Gay, con relación a los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, el requerimiento de pago de ambos tributos del período 2006 por un total de 81 millones de pesos correspondiente al saldo de la cuenta no declarada en el HSBC Ginebra.
En el juzgado de Straccia está el detalle del movimiento de la cuenta de Amalita y su nieta. Fue creada el 29 de junio de 2005, tiene tres referencias de International Bank Account Number, Prat-Gayt figura como “usuario de Internet” (el canal de comunicación del banco con el cliente) y el HSBC Bank USA International Private Banking New York aparece con una “carta de autorización” (letter of autorisation), que significa que ejecutivos de la entidad financiera podían administrar los fondos de la cuenta. El detalle de los activos a diciembre de 2006 era: “Bonds” (bonos) por 66.533.723 dólares, “Funds in shares” (cuota parte de un fondo de inversión en activos bursátiles) por 1.782.522 dólares y “Liquid assets” (efectivo) por 1654 dólares. El total sumaba 68.317.899 dólares. Un mes antes, el monto alcanzaba a 84.135.336 dólares, y en noviembre de 2005 ascendía a 101,3 millones de dólares.
La vinculación de Alfonso Prat-Gay con Amalita Fortabat fue muy cercana. Fue designado por la familia como albacea de la fortuna de la empresaria del cemento y, según cuentan las periodistas Marina Abiuso y Soledad Vallejos en el libro Amalita, se había convertido en “family office” (administrador de los activos) en 2005. Esa estrecha relación quedó en evidencia cuando fue uno de los privilegiados que trasladaron el cajón con el cuerpo de Amalita en el cementerio de la Recoleta hacia el mausoleo familiar, el 19 de febrero de 2012. También integra la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat desde el 5 de octubre de 2011. Su compañía de asesoramiento APL Economía SA era parte de esa institución desde el 3 de diciembre de 2007.
En su descargo público, luego de conocida la denuncia de la AFIP, Prat-Gay difundió un comunicado de prensa en el cual afirmaba que “nunca fui titular o beneficiario de una cuenta en Suiza y desde siempre tengo todos mis activos debidamente declarados ante la AFIP”. La presentación oficial ante la Justicia no lo menciona como titular de la cuenta, sino como apoderado. En respuesta a la fiscalización electrónica realizada por la AFIP a partir de la causa HSBC, Prat-Gay informó que en su condición de apoderado de cuentas de terceros, los honorarios percibidos por esa tarea y el pago de los impuestos correspondientes están reflejados y efectivizados en los balances de su empresa: APL Economía SA.
Esta firma es uno de los principales eslabones que une a Prat-Gay con Amalita Fortabat y también con otra de las cuentas del HSBC: la de Pilar Isabel Estella Supervielle de Basso. APL Economía SA brindó asesoramiento a Exprinter Internacional Bank.
En el pedido de indagatoria a 204 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra, presentado por el fiscal Claudio Navas, se incluyen varios análisis de casos particulares. Uno de ellos es acerca de la cuenta cuyos titulares son Pilar Isabel Estella Supervielle de Basso y Roberto Federico Francisco Bennet. En esa ficha figura la vinculación de Pilar Supervielle con Exprinter International Bank y Exprinter (Uruguay). El monto de esa cuenta ascendía a 19.625.155 dólares en diciembre de 2006 y un año antes era de 8.211.051 dólares. El fiscal indica que de la evaluación acerca del movimiento de los fondos advierte que en agosto de 2006 hubo un aumento sustancial en el saldo de la cuenta (se duplicó) por los conceptos “fiduciary deposits”, “fund subscriptions y “liquid assets”. En base a la información recabada, el fiscal Navas concluye que Pilar Supervielle fue la beneficiaria de los fondos de esa cuenta no declarados al fisco.
El informe de fiscalización de la AFIP, que está en el expediente judicial, menciona la necesidad de investigar el vínculo de APL Economía SA de Prat Gay como asesor de la firma de Pilar Supervielle. Lo hace a partir de señalar que APL Economía SA informó que “el servicio de asesoramiento y medición de riesgo (risk management) prestado a Exprinter Bank consistió en la evaluación del riesgo de mercado existente en carteras de inversión realizados por terceros”. APL Economía SA destacó además que sus servicios están destinados a bancos y otras instituciones financieras que “utilizan los informes para evaluar sus inversiones e informar a autoridades regulatorias”. Esto último no lo cumplieron ni Amalita ni su nieta ni Pilar Supervielle.
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