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El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, presentó ayer ante el plenario de comisiones de Presupuesto y de Finanzas el proyecto de ley para el pago a los fondos buitre. El funcionario detalló que se requerirá tomar deuda por 11.684 millones de dólares sólo para poder cumplir con el compromiso asumido por el gobierno de Mauricio Macri con los demandantes buitres. “La emisión de 15 mil millones contemplan también otros vencimientos y solventar el ajuste fiscal”, dijo. Tal como adelantó Página/12, se emitirán tres series de bonos a 5, 10 y 30 años bajo ley de Nueva York y con una tasa de interés que se ubicará entre 7,0 y 7,5 por ciento anual. Prat-Gay, acompañado del secretario de Finanzas, Luis Caputo, intentó defender el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y endeuda al país para pagar la totalidad del monto nominal demandado por los buitres, con un pequeño recorte (en torno al 26 por ciento) de los punitorios. El ministro esgrimió que este acuerdo es la única manera de evitar un mayor ajuste en la economía. Y presionó a gobernadores al sostener que solucionado el tema buitres, el financiamiento que se consiga en el exterior no será sólo para la Nación sino para infraestructura en las provincias.
La reunión estaba prevista a las 11.00, pero el equipo económico de Macri arribó a la Sala C del anexo a las 11.45. El ingreso de asesores y prensa estuvo más restringido que en otras oportunidades por las medidas de seguridad. Hasta la llegada de los funcionarios, el clima se iba calentando porque el proyecto de ley seguía sin aparecer. Los diputados sólo habían tenido acceso a un punteo con el articulado de la iniciativa titulada “Normalización de los Servicios de Deuda Pública”. “Quiero dejar presente que se recibió el proyecto en el mismo momento que entró Prat-Gay. No se cumplió con las 24 horas de anticipación y considero que se necesita un nuevo día y hora para discutirlo”, interrumpió del diputado Néstor Pitrola del Frente de Izquierda de los Trabajadores. El ministro pidió disculpas por no haber cumplido con los tiempos previstos y acto seguido comenzó con su exposición.
Asistido por filminas, el ministro comenzó haciendo hincapié en la potencialidad que implica este arreglo, que calificó como pequeño en términos de costos, para conseguir financiamiento para la economía. Según sostuvo, la deuda original demandada por los fondos buitre era de 6100 millones de dólares, que se amplió a unos 18.800 millones debido a los costos de litigiosidad (básicamente intereses acumulados y punitorios). Al fondo NML Capital, propiedad de Paul Singer, el juicio le redituó una ganancia anual de 156 millones anuales. “Lo que hicimos es negociar con las reglas de juego y normas del Juzgado de Nueva York y plantear la situación a la que habíamos llegado, pero en un plano de igualdad”, dijo. Reconoció que se planteó que se respetaría el capital original. Siguiendo con los slogans macristas, sostuvo que la posición del juez Griesa se pudo revertir porque se hizo con transparencia y con la verdad.
Las condiciones de la oferta, tal como adelantó este diario, contemplan una oferta base para todos los tenedores de bonos defaulteados por el ciento por ciento del monto nominal más un 50 por ciento. Para los que tienen fallo firme a su favor en los tribunales de Griesa se reconocerá el 70 por ciento del monto de la sentencia. “Más de la mitad del problema se resolvería con una quita de 26 por ciento”, sostuvo. Justificó el pago en efectivo a los buitres en que de ese modo se evitará una discusión posterior respecto al valor de los bonos por el pago a los buitres. “Hay que hacerlos porque si no, no volvemos a crecer”, dijo al finalizar su exposición antes de las preguntas.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque del Frente Para La Victoria, Héctor Recalde, quien sostuvo que el acuerdo es un avasallamiento sobre el Congreso, debido al tratamiento super express que pretende el oficialismo, y criticó que se vuelva a confiar en bancos que hoy están imputados de lavado. Según afirmó el secretario Caputo, los bancos que participarán de la operatoria cobrarán entre 0,15 y 0,20 por ciento de la colocación, lo que equivale a unos 20 millones de dólares sobre el monto de la primera emisión. Prat-Gay argumentó que “no se trata de un apriete ni una extorsión”, sino de una fecha que permita avanzar en otros temas pendientes con la misma velocidad”. En ese intercambio, el ex ministro de Economía y actual diputado por el FpV, Axel Kicillof, pidió la palabra para contestar las acusaciones por parte del actual ministro respecto a una supuesta desidia del Gobierno anterior. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, no lo dejó hablar.
Tras esperar su turno, Kicillof respondió a los planteos de Prat-Gay. “Si alguien no tiene responsabilidad del endeudamiento son precisamente Néstor Kirchner ni Cristina Fernández, sino funcionarios actuales, como el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger”, apuntó. Rechazó la idea que se intenta implantar desde el discurso de Cambiemos, respecto a que no se buscó encontrar una solución. “No dilatamos nada. Ellos (por los buitres) nunca entraron a un canje porque su negocio es litigar. No son bonistas. Compraron los bonos después de que se declarara el default. Esta historia la están borrando Macri y ustedes”, afirmó Kicillof, y allí vino la segunda interrupción de Laspina para que se apurara con la pregunta. El ex ministro continuó. “La deuda nunca fue un puente para el crecimiento. Se sostiene que con este arreglo se evita el ajuste o la emisión monetaria pero eso no es cierto, porque los dólares que ingresen deberán pasarse a pesos. Hubiese sido más interesante que buscara el apoyo ya logrado en Naciones Unidas y que se haga sin bancos intermediarios”, increpó. Prat-Gay respondió con chicanas. “Vos te fuiste en un avión y en 48 horas trajiste un acuerdo con el Club de París, al que se le pagó el cien por ciento”, afirmó el ministro de Hacienda, desconociendo la diferencia entre un arreglo con un acreedor que sí aportó al país el monto nominal demandado y un grupo de fondos especulativos que compraron deuda a 25 centavos por dólar.
El diputado Carlos Heller, del Partido Solidario, aliado al FpV, expuso el interrogante respecto a lo que suceda con el 93 por ciento de los bonistas que entraron al canje y aceptaron una quita del 67 por ciento. Remarcó que, por más que haya caído la cláusula RUFO, que impedía hacer una mejor oferta a los holdouts, ante la derogación de las leyes que pide el Gobierno, esos bonistas podrían sentirse defraudados y buscar un juez de la línea Griesa que les asegure una demanda contra el país, lo que haría caer toda la reestructuración de la deuda. “Creo que tenemos un costado notablemente vulnerable en esa cuestión, que nos deja a merced de la interpretación de cualquier juez que podría hacer lugar a demandas”, agregó Heller. El equipo económico sostuvo que sus abogados le aseguran que no hay ningún riesgo de que eso ocurra, aunque sin dar precisiones.
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