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Producción: Javier Lewkowicz
Por Martín Kalos *
En términos económicos, los primeros 100 días del Gobierno de Mauricio Macri serán recordados por su abrupta contracción de la demanda interna. Para lograrla echó mano tanto a las políticas cambiaria (devaluación) y monetaria (menor emisión, suba de tasas de interés) como fiscal (echando trabajadores del Estado, avalando despidos en el sector privado y recortando subsidios). Estos ajustes se deben en parte a los desbalances acumulados en los últimos años del kirchnerismo (dólar y tarifas atrasadas, inflación elevada, crecimiento y empleo estancados) pero en buena medida se originan en una concepción ideológica de lo que el Estado “debe hacer”. Así, se cerraron áreas enteras y despidieron más de 30.000 trabajadores, sin siquiera las auditorías prometidas en la campaña electoral. La meta es avanzar a un Estado menos regulador del mercado, con menos capacidad de intervención en la esfera privada: en definitiva, un Estado con menos herramientas que los trabajadores puedan utilizar para defender sus intereses. No es menor: en un sector privado desregulado, los trabajadores son quienes menos poder tienen para negociar.
Un endeudamiento público masivo parece ser, en este contexto y con la ideología de este Gobierno, la última carta que Macri puede jugar para intentar evitar una recesión mayor que la actual. Ya el ministro de Hacienda se excusó por la supuesta “ingenuidad” con que esperaron los desembarcos masivos de dólares del extranjero para inversiones, que vendrían de la mano del “shock de confianza” de elegir presidente a Macri. Es cierto que el contexto internacional es incierto: hay crisis política y económica en Brasil, menor crecimiento chino y falta de dinamismo en Europa y Estados Unidos. Pero en ese marco, podría haberse esperado que la desregulación, liberalización y medidas promercado que se expanden desde las políticas de Cambiemos ubiquen a Argentina como una oportunidad de inversión y de especulación financiera para los capitales extranjeros. No ocurrió, hasta ahora.
Hoy el endeudamiento externo es la única fuente masiva de recursos que el Gobierno tiene a disposición, para así simultáneamente ingresar divisas al país (y moderar la pérdida de reservas, que acerca un nuevo quiebre de la economía vía restricción externa) y tener dinero disponible para generar gastos públicos que incrementen la demanda (por ejemplo, con obras de infraestructura). El costo de acceder a este nuevo financiamiento es históricamente significativo, tanto por el pago inmediato a los holdouts (que se suma al precio ya acordado por el kirchnerismo con el mismo objetivo, con Ciadi, Repsol y Club de París) como por el riesgo de nuevos juicios. Incluso si estos nuevos juicios carecen de fundamentos legales sólidos, ese mero riesgo alcanzará para mantener la incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda pública, y continuará encareciendo por un tiempo los nuevos créditos que se otorguen al país.
Mientras tanto, todas estas políticas perjudican a los trabajadores y a los pequeños empresarios de nuestro país. El intento de poner techo a las paritarias en 25 por ciento apunta a una reducción del poder adquisitivo del salario, frente a la aceleración de la inflación, que también afecta a asignaciones familiares y jubilaciones; que se suma a una reforma al régimen del impuesto a las ganancias que hace que cada vez más trabajadores deban pagarlo; “ceses de contrato” en el Estado y falta de intervención ante los despidos en el sector privado; y aumentos de tarifas de servicios públicos, aún en marcha, que no apuntan a mejorar las inversiones ni la calidad de las prestaciones. En paralelo, se transfirió una enorme masa de recursos a grandes empresas que tienen poco de argentinas: firmas exportadoras agroalimentarias (beneficiadas con el fin de las retenciones, que les significa 130.000 millones de pesos más sólo este año), mineras (eliminación del 5 por ciento de retenciones que se les aplicaba desde 2009) y explotadoras de yacimientos hidrocarburíferos (compensadas por la caída del precio internacional del barril de petróleo), así como bancos comerciales (menos controles sobre las operaciones financieras y en particular cambiarias). En su gran mayoría son transnacionales cuyo interés son sus propias ganancias que girarán al extranjero, y no ningún desarrollo de las fuerzas productivas argentinas. La apertura de las importaciones también golpea a empresas pequeñas en sectores que, como el textil, en los últimos años habían logrado convertirse en proveedores de las grandes cadenas que operan en el país, para verse ahora relegados por la competencia sin filtros de una producción mundial de salarios (injusta y deslealmente) ultra bajos.
* Economista. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica y el IADE.
Por Daniel Schteingart *
A cien días del 10 de diciembre, el gobierno de Cambiemos ha transformado el optimismo inicial respecto a lo económico en preocupación. Hay varios puntos que explican este cambio de ánimo. En primer lugar, el traslado a precios que acarreó la salida del cepo fue mayor al que se esperaba. En los albores de la asunción de Macri, Prat-Gay decía que la mayoría de los precios ya estaban “adelantados” y fijados al blue, por lo que la salida del cepo (con la consiguiente devaluación) iba a ser ligeramente inflacionaria. Asimismo, se minimizó el efecto de la devaluación sobre los precios domésticos de los bienes exportables (alimentos).Si bien el traslado a precios inmediato de la salida del cepo fue menor al de la devaluación de enero de 2014 (25 contra 45 por ciento), fue mayor al estimado por los funcionarios de la cartera económica.
Otro factor que contribuyó a la preocupación gubernamental en las últimas semanas fue el precio del dólar. Desde el 10 de diciembre, ha habido claramente tres enfoques respecto a esta cuestión. El primero, vigente hasta los últimos días de diciembre, fue el de tasa de interés alta para volver más atractivas las posesiones en pesos y para así planchar el dólar en torno a los 13,50 pesos. En efecto, el BCRA no intervino para mantener fijo el dólar en esas dos semanas, evitando perder reservas.
En los últimos días de 2015 se vio un nuevo cambio de estrategia: el BCRA apostó por desinflar fuerte la tasa de interés. Dos pueden haber sido las razones (complementarias entre sí) de esta tendencia: la primera, que se temiera que una tasa muy alta tuviera efectos contractivos, al encarecer el crédito. La segunda, que Sturzenegger haya pensado en la necesidad de un tipo de cambio real algo más alto para fomentar la competitividad de las exportaciones. Ahora bien, el correlato de este cambio en la política monetaria supuso una nueva y fuerte depreciación del peso, que pasó de poco más de 13 a superar los 16 pesos entre fines de diciembre y fines de febrero. Recién el 18 de febrero, cuando el dólar estaba bien arriba de los 15 pesos, el BCRA comenzó a intervenir activamente en el mercado de cambios. A pesar de ello, la estrategia no tuvo éxito, ya que el dólar siguió subiendo y el BCRA sacrificó más de 1.300 millones de reservas en apenas once días.
De allí que el 1º de marzo el Central volviera a cambiar de estrategia, al subir fuerte las tasas de interés. Desde entonces, el dólar logró frenar su senda alcista y retrocedió hasta por debajo de los 15 pesos. Asimismo, el BCRA dejó de perder reservas (hoy en torno a los 28.000 millones de dólares). Posiblemente, el nuevo cambio de rumbo (al parecer, similar a la de los primeros días de gobierno, aunque con un nivel del tipo de cambio 10 por ciento más alto) se haya debido a un doble motivo: primero, a la percepción por parte del equipo económico de que estaba aflorando una tímida corrida cambiaria. Segundo, a que, pese a las prédicas monetaristas y la aspiración de pesos desde que Sturzenegger reemplazó a Vanoli, se entendió que la nueva suba del dólar estaba trayendo un nuevo recalentamiento inflacionario, a todas luces indeseable cuando comienzan a discutirse las paritarias.
Un punto adicional: en los últimos años, el kirchnerismo había procurado moderar la inflación utilizando varias anclas que repercuten fuerte en los costos de las empresas, como dólar y tarifas/subsidios de servicios públicos. El macrismo quiso levantar tales anclas y ha pretendido usar los salarios (que, a la vez que son fuente clave de la demanda, explican el 45 por ciento de los costos de la economía) en su lugar. Dicho plan quedó de manifiesto en la estrategia de enero y febrero (devaluación, tarifazo y pedidos de paritarias al 25 por ciento), y se mostró especialmente riesgoso: por un lado, políticamente es difícil utilizar a los salarios como ancla, ya que la resistencia sindical es muy fuerte en Argentina. Segundo, que ello implica un desplome de la actividad, la cual ya está cayendo desde diciembre. Vale decir que apostar a la salida exportadora por la vía de la licuación salarial es en estos momentos equivocado, pues el comercio mundial está estancado y nuestro principal socio comercial (Brasil) está sumido en una profunda recesión que hace que sus demandas por productos argentinos esté en caída libre. Quizá alguno de estos puntos también haya incidido en el reciente cambio de estrategia cambiaria.
Una última cuestión: sin reservas en el BCRA, volver a usar el dólar como ancla (y relajar el ancla salarial) es imposible. El gobierno lo sabe: de ahí su interés por resolver el conflicto con los holdouts (que supondría acceso al financiamiento externo), y en el manejo de la tasa de interés como herramienta de política económica.
* Becario Conicet (Idaes-Unsam), profesor en UNQ y miembro de SID-Baires.
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