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Producción: Javier Lewkowicz
Por Verónica Grondona *
La localización de una entidad de un grupo económico en una guarida fiscal no responde a otra motivación que no sea la de ocultar el origen del dinero, sea porque este proviene de la fuga de capitales, de la evasión, del narcotráfico, la trata de personas, o la corrupción. No son paraísos, excepto que se los evalúe por el hecho de que en algunas ocasiones suelen estar localizados en islas del Caribe.
Una más clara definición es brindada por Tax Justice Network, quien las clasifica y ordena en función de las facilidades que brindan estas jurisdicciones para ocultar el dinero, y por ese motivo las denomina Jurisdicciones del Secreto Financiero (Financial Secrecy Jurisdictions), y las ordena en un ranking en función del tamaño de sus plazas financieras, con el fin de poner en perspectiva cuales son las verdaderamente importantes en el entramado mundial. De esta manera, las principales 10 jurisdicciones por su tamaño y el nivel de secreto financiero (en 2015) que brindan son Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, Islas Caimán, Luxemburgo, Líbano, Bahrain y Emiratos Arabes Unidos. Panamá se encuentra en el número 13, Bahamas en el 25, Uruguay en el 28. No quiere decir que estas últimas no brinden secreto financiero, sino que su peso en la economía mundial no es tan relevante como el de Panamá o el de Suiza.
Las guaridas fiscales o jurisdicciones del secreto, están por lo general vinculadas a grandes países centrales como Estados Unidos o Inglaterra. Y, aun cuando el foco hoy este en Panamá, no hay que olvidar que esta filtración solo exhibe una parte pequeña del problema global. Estados Unidos es por ejemplo un jugador importante que recibe grandes sumas de dinero que se invierten en activos también con un gran secreto detrás.
Magdalena Rua analizó en el documento “Fuga de capitales V”, del CEFIDAR, la relación entre la banca internacional y las jurisdicciones del secreto. En relación a la información acerca de 4001 cuentas bancarias no declaradas en el banco HSBC de Suiza de contribuyentes argentinos, AFIP detectó que las jurisdicciones donde se localizaron las sociedades offshore y trusts que se interpusieron con la finalidad de impedir al fisco el acceso a la información de dichas cuentas bancarias, fueron: Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Suiza, Guernesey, Jersey, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bahamas y España.
Hoy, el rol de estos bancos vuelve a salir a la luz con los Panama Papers, encontrándose el HSBC entre los 10 bancos que más entidades offshore solicitaron para sus clientes. Es decir, el sistema bancario formal trabaja en muchas oportunidades de la mano con estudios legales como el de Mossack Fonseca y con estudios contables en la articulación de las complejas estructuras que se requieren para ocultar y mover el dinero ilícito. Sin embargo, los estudios contables probablemente no denominen de esa manera las actividades que realizan, sino que las clasifiquen como “planificación fiscal agresiva”, y hoy, inclusive ofrecen asesoramiento en la elaboración de “cadenas de valor globales” que no son otra cosa que lo que autores como Seabrooke y Wigan han denominado “cadenas de riqueza globales”.
Ello es así porque las multinacionales y los muy ricos, toman sus decisiones de localización de algunas entidades del grupo en jurisdicciones que proveen beneficios fiscales, o refugios fiscales para entidades de papel, que solo existen en un contrato; y no en función de la realidad económica de las mismas.
Así, un laboratorio puede realizar investigación y desarrollo en Argentina, y en Australia, pero lo hace bajo un contrato que dice que quien dirige la investigación se ubica en las Islas Mauricio. Los derechos vinculados a la investigación desarrollada (la patente) queda así localizada en una jurisdicción de nula o baja tributación. Y cada entidad del grupo que utilice dicha patente, inclusive la argentina y la australiana, terminan pagando a la entidad de las Islas Mauricio por el uso de la misma, reduciéndose de esa manera la tasa efectiva de imposición del grupo transnacional en cuestión.
Y de la misma manera, un grupo argentino que decide invertir en Brasil, localiza un holding en Bahamas al que serán derivados los dividendos del grupo, que quizá no hubiesen sido conocidos nunca por el fisco argentino, o como mínimo habrían gozado de una reducción impositiva.
* Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación.
Por Julia Strada y Hernan Letcher *
“No era obligación declararla”. A pesar de la deliberada estrategia de corrimiento del eje de discusión por parte de Mauricio Macri y del conjunto del elenco de Cambiemos –que prefirió concentrarse en la no obligatoriedad de la declaración de la sociedad offshore en 2007–, a esta altura es ostensible que el trazo grueso del debate reside en los intereses ocultos vinculados a la creación de más de una sociedad offshore en la Islas Bahamas. En efecto, el punto nodal tiene que ver con las razones más profundas para mantener “confidencialidad” en la información –o sobre el movimiento de activos y dinero, considerando que estas sociedades suelen constituirse para tener participaciones en otras sociedades donde se operan los movimientos económicos–. La experiencia indica que las sociedades offshore se constituyen para burlar la ley, y precisamente los paraísos fiscales carecen de transparencia en la información y por ello habilitan un manto de impunidad. De allí resultan las hipótesis sobre la existencia de dinero o maniobras ilícitas.
“Para invertir en Brasil”. Cuando se crea Fleg Trading Limitada en el año 1998, el Grupo Macri ya operaba en Brasil a través de la empresa Socma, y hacia el año 2002 contaba con las concesionarias viales Rodovías das Colinas y Rodovía das Cataratas, la constructora Iecsa GTA y las firmas fabricantes de pastas y galletitas Zabet, Isabela, Bacilar y Adria. “Brasil representa hoy casi la mitad de las ventas de Socma”. (Diario La Nación, 19/12/2002.) En este contexto, la obligada pregunta es: ¿Cuál era la finalidad de la apertura de una sociedad en Bahamas cuyo objetivo era invertir en Brasil, donde ya tenían operaciones?
“Mauricio no es Macri”. Otra clara estrategia de comunicación consistió en despegar a Mauricio Macri de su padre, Franco Macri, atribuyéndole al último la creación de la sociedad y admitiendo que Mauricio fue director aunque “ocasional”. Sin embargo, tal como indica el diario Clarín en noviembre de 1998, mismo año de creación de la sociedad Fleg Trading Ltd. en Bahamas, “Sea cual fuera el futuro del sillón de presidente de Socma, (Franco) Macri hizo firmar a toda la familia un protocolo familiar que garantiza que cualquier decisión de venta de parte o todo el paquete accionario será un tema familiar, nunca individual”, botón de muestra que refleja que la inclusión de Mauricio en las sociedades no resulta un hecho circunstancial, sino que constituye una participación activa junto con la de Gianfranco y Mariano, sus otros hermanos involucrados en Panama Papers.
Una vida en offside. El grupo Macri tuvo a lo largo de su historia negocios cuestionables. En 1982 se benefició con el endeudamiento y estatización de la deuda de Sideco, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Manliba y Dragados y Obras Portuarias y Rszya Producciones, sospechadas además de haber realizado autopréstamos. En 1989 se conoció el cobro de sobreprecios al Estado en el servicio de recolección de basura de Manliba, que les dejó importantes beneficios. A su vez, estuvo involucrado en la estafa de Sevel en el contrabando de autopartes, cuando evadió 55 millones de pesos (en este caso Mauricio Macri fue condenado y luego beneficiado por la corte de Nazareno). En las privatizaciones de los 90 se adjudicó los peajes (beneficiándose del aumento de tarifas posterior) y el Correo (en 2005, al momento de su estatización, tenía deudas por inversiones y pago las obligaciones previsionales ni sociales). Con el fin de la Convertibilidad en enero de 2002, la familia Macri se benefició con la pesificación asimétrica en Socma, Correo Argentino y Sideco, por un guarismo cercano a los 200 millones de dólares.
El negocio de la fuga. El grupo Macri tampoco está exento de la principal herramienta que históricamente quitó excedente del circuito económico a través de la fuga de divisas. Las firmas Socma y Correo Argentino –estando concursada– aparecen en los listados de fuga del 2001. Por otro lado, se estima que el stock de riqueza fugado de Argentina asciende a 373.912 millones de dólares. Aquí no sólo tienen un rol las familias ricas del país sino las empresas multinacionales y los grupos económicos locales, actores en estrecha alianza con la banca transnacional y los “facilitadores” de la fuga como los grandes estudios jurídicos. Que hoy el Estudio Marteau y el HSBC tengan a dos de los suyos frente a la Unidad de Investigación Financiera permite cerrar el círculo. No habrá offside mientras el árbitro no lo vea.
* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
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