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Ilustración: Alfredo Argento.El Ministerio de las Petroleras, que en el organigrama del gobierno de Macri ha sido denominado Ministerio de Energía, ha defendido en la audiencia pública el último esquema tarifario, el cuarto presentado en menos de seis meses. Avisos de las empresas involucradas y declaraciones de funcionarios que hasta hace poco eran importantes ejecutivos de esas firmas son parte de la estrategia de confusión deliberada para tratar de conseguir legitimidad política y social a un cuadro tarifario regresivo. Desde hace varios años, y con más intensidad en estos meses de debate acerca del tarifazo, se ha desplegado en el espacio público una serie de definiciones que colisionan con datos objetivos del sector.
Argentina es un país gasífero que tiene petróleo. Tiene en sus yacimientos gas suficiente para abastecer la demanda interna. La producción estaba recuperándose de la mano de YPF manejada por el Estado. No hubo congelamiento de tarifas en el anterior gobierno. La devaluación incrementa el monto de los subsidios energéticos, y fue el gobierno de Mauricio Macri el que aplicó un fuerte ajuste cambiario a los pocos días de desembarcar en la Casa Rosada. Los países productores no consideran a los hidrocarburos como un commodity, y sí como un activo estratégico. Las petroleras pretenden que sea considerado como un commodity más, y eso es lo que piensa Aranguren. El tarifazo no garantiza que las petroleras aumenten sus inversiones. Las petroleras no estaban contabilizando pérdidas, por el contrario registraban ganancias y ahora ese resultado positivo será todavía más abultado. Con el cuarto esquema tarifario presentado por el gobierno los subsidios no desaparecen, sino que ahora pasan a recibirlos las petroleras pagados por los consumidores.
El despojado accionista de Shell es el más sincero. Juan José Aranguren no oculta cuál es su tarea en el gobierno de CEO, que consiste en que las petroleras ganen mucho más y que ellas definan la política energética. En el foro empresario desarrollado en el CCK les dijo a sus hasta hace poco colegas que “no queremos un vínculo donde el Gobierno decida, queremos que decida el sector”. El está cumpliendo esa misión en el Ministerio de las Petroleras.
El tarifazo beneficia en forma inmediata a cinco grandes petroleras que concentran el mercado de la producción de gas: YPF (extrae el 30 por ciento), Total Austral (26), PAE (13), Petrobras Argentina (6, Pampa-Mindlin), Tecpetrol (3, Techint). Estas cinco firmas reúnen el 78 por ciento del mercado de gas natural en Argentina. El plan oficial es un recorrido alcista del precio de gas en boca de pozo hasta ubicarlo en los valores internacionales promedio en 2019. Como se trata de un mercado no competitivo, y sin un Estado regulando como prometió Aranguren, esas petroleras podrán ejercer su poder en la definición del precio de gas de abastecimiento medio. Esto será así porque podrán disminuir la producción local e incrementar las importaciones, lo que eleva ese precio medio. De esa forma conseguirían un aumento de los ingresos por el gas que extraen de los yacimientos. Esas ganancias extraordinarias serán a costa del bolsillo de los hogares residenciales, comercios e industrias.
La importación hoy equivale al 23 por ciento del total del consumo (no el 30 como publicitan las petroleras) y uno de los grandes jugadores del mercado del GNL a nivel mundial es Shell, que adquirió British Gas Group. No hay que tener acciones de Shell (o simular su venta) para descubrir que la orientación del precio interno al de importación, y crear las condiciones para facilitar las importaciones de gas, beneficia a la compañía anglo holandesa. El especialista en temas energético y vicerrector de la sede andina de la UNRN, Roberto Kosulj, advierte “que el precio del gas nacional tienda a ser similar al del GNL es una decisión peligrosa y contraria a los intereses generales de los ciudadanos”.
No hay gas.
Un informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) ilustra que la recuperación de la producción nacional de gas natural entre el mínimo de 2014 y el primer semestre de 2016 fue del 8,7 por ciento, y un 0,4 por ciento superior a la de 2012, año de la recuperación de YPF e implementación del marco regulatorio en materia hidrocarburíferas del anterior gobierno. Esa recuperación de la producción de gas implicó una fuerte sustitución de gas importado de acuerdo a datos del Enargas. “En 2015 la demanda nacional de gas natural por redes aumentó 1,9 por ciento, la producción gasífera un 3,6 por ciento, mientras que los volúmenes de importación de gas boliviano y de GNL disminuyeron en conjunto 14,6 por ciento”, señala el reporte.
El economista de la ultraliberal Fiel, Fernando Navajas, advierte en un reciente artículo en Ambito Financiero (“Gas: plan oficial ahora gradual pero con errores estratégicos”) que en la definición del precio de gas de boca de pozo por parte del gobierno hay un exceso de 2,30 dólares por millón de BTU medido a los precios de hoy. Navajas calculó que a los volúmenes actuales y suponiendo que los va a pagar toda la demanda equivale a un sobrecosto de 3700 millones de dólares anuales. “Esto es un 0,5 por ciento del PIB estimado para 2019 y una cuenta que se agrega a la ya abultada transferencia al sector por la vía de precios del petróleo más alto que los valores de importación”, indica Navajas. Esto último equivale a otros 4000 millones de dólares por la definición oficial del “barril criollo” unos 20 dólares por arriba de los 45 dólares que cotiza en el mercado internacional. De ese modo, el Ministerio de las Petroleras modificó el receptor y quién paga los subsidios: antes, lo recibía el consumidor (hogares, comercios e industrias) y lo desembolsaba el Estado; ahora, los beneficiarios son las petroleras y los paga el consumidor.
Navajas cuestiona que el recorrido de precios oficial para el gas haya incluido el valor del gas oil. Dice que este combustible era un sustituto válido para valores de costos de oportunidad cuando el gas natural no era tan transable como lo es ahora en el mundo. “Al incluir al gas oil en la cuenta, la presentación del Gobierno parece más un ejercicio de manipulación para que los precios del gas tengan que ser más altos, haciendo que en medio de una caída fenomenal de los precios de la energía en el mundo los precios de la Argentina no caigan”. En otras palabras, una manipulación para garantizar ganancias extraordinarias a las petroleras.
El experto en energía Kosulj señala que la suposición de que los bajos precios del gas natural fueron la causa de la declinación de la producción por parte del sector privado no es suficiente. La transferencia de ingresos a los productores de gas ya había sido un hecho desde 2008 con magros resultados y se profundizó también desde 2014 con precios más que razonables. Tarifas más elevadas “no asegura ni autoabastecimiento, ni exploración de riesgo pues estos mayores precios no se hallan atados a compromisos de inversión en exploración y bien podrán acelerar el agotamiento de las reservas”. Insiste con que no existe evidencia empírica respecto a que mejores precios eleven la oferta en el corto y mediano plazo, aunque tampoco se puede negar que es probable que mayores precios logren incrementar dicha oferta. Kosulj indica que la cuestión entonces se dirime por la potestad de los operadores de ejercer poder de mercado en casi cualquier situación de no mediar un acuerdo político en tanto no se trata de un mercado donde la oferta y la demanda de por sí logran precios eficientes. El Ministerio de las Petroleras ya definió que su política es la que el sector defina.
Pese a que forma parte del discurso habitual cuando se habla de tarifas, Kosulj ilustra que en 2014, como desde mayo de 2015 las tarifas de gas sufrieron importantes incrementos. Por ejemplo para los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires los incrementos entre 2008 y 2014 fueron de entre 3 y 7 veces de acuerdo a rangos de consumo según fueran del orden de los 100 metros cúbicos bimestrales o cercanos a los 255 o más. Pero ya en 2008, las tarifas para estos usuarios habían sido incrementadas en 40 y 75 por ciento para los tramos de 200 y de 250 metros cúbicos bimestrales, respectivamente, quedando congeladas sólo las de los usuarios de mínimos consumos. También hubo un aumento en el precio del nuevo gas extraído por las petroleras.
El esquema tarifario del gas que quiere imponer el gobierno es una potente fuente inflacionaria. El primer aumento promedio es arriba del 200 por ciento promedio, con posteriores ajustes semestrales. Es una indexación de una variable clave de la economía que establece un piso elevado a la tasa de inflación. Sin incluir los ajustes al alza previstos en transporte y distribución, la tarifa de gas para hogares, comercios e industrias quedará dolarizada, además de atada al precio internacional. Cualquiera puede suponer una devaluación moderada del 60 por ciento hasta el 2019, como la estimada por el gobierno en el Presupuesto 2017 que incluye proyecciones hasta ese año. O sea, que en pesos, que es la moneda utilizada por los consumidores argentinos, la tarifa de gas registrará una fuerte alza adicional en dólares. Ese escenario se complicaría aún más en caso de una devaluación mayor y de una suba del precio internacional, ambas circunstancias impactarían de lleno en la ecuación tarifaria.
El plan oficial determina como objetivo alcanzar un promedio ponderado de 6,78 dólares por millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos) en octubre de 2019, lo que representa un aumento del 426 por ciento respecto al precio actual. El primer escalón de ese sendero, previsto en octubre de este año, es de 3,42 dólares. El segundo peldaño tendrá lugar en abril de 2017 para ascender a 3,78 dólares. Por lo tanto, con el poder adquisitivo actual se deberá afrontar el próximo invierno un aumento total del 193 por ciento promedio en dólares. “Una burla a la gradualidad en medio de la caída generalizada del salario real. Al ser un aumento en dólares, una devaluación implicaría un aumento adicional en pesos”, señaló el investigador del Conicet Ignacio Sabbatella en un artículo publicado en este diario.
Es un esquema tarifario insostenible social y políticamente porque su dolarización lo hace dependiente de la evolución del tipo de cambio, además de quedar atado al precio internacional. Ese combo resulta ser un potente perturbador de la estabilidad. No se trata de cuánto pagan los hogares (dos pizzas, un par de chupetines o un café por día) por la energía, sino cuál es su nivel de ingresos para pagarla. Esa ecuación hoy hace impagable la cuenta que quiere facturar el Ministerio de las Petroleras.
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