Viajar en tren suele ser una aventura, aunque también podría decirse que es una tragedia. Las cancelaciones de servicio son moneda corriente; los vagones están en condiciones deplorables y los accidentes, incluso mortales, se repiten sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Por todo esto, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó una demanda contra cuatro operadoras ferroviarias. En el texto de la acusación sostuvo que la mayoría de las líneas metropolitanas somete a sus pasajeros a una “violación de los derechos humanos”.
El ombudsman elevó la querella ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ella acusó a las empresas Ferrovías (Belgrano Norte), Trenes de Buenos Aires (Mitre y Sarmiento), Transportes Metropolitanos (Roca) y la Unidad de Gestión Operativa (San Martín). La única concesión que anuló el Gobierno fue la del ferrocarril Metropolitano, del grupo Taselli, que operaba la ex línea San Martín.
Mediante la fórmula de la “acción de amparo”, Mondino pidió que se condene a las concesionarias “por las flagrantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos que padecen los usuarios de este servicio público”.
La acción judicial está apuntada a que “se brinde a los usuarios un servicio digno y eficiente y se garantice el normal desenvolvimiento y desplazamiento de las personas discapacitadas”.
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