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Los buitres son fondos especulativos que compran a precio de remate bonos de deuda de países o empresas en default/quiebra, o al borde de una crisis, y luego reclaman judicialmente el ciento por ciento más los intereses de sus títulos. La mayoría de esos fondos está radicado en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos. La puja política y legal entre Argentina y los buitres comenzó luego del cese de pagos del 23 de diciembre de 2001 y se profundizó a partir del primer canje de deuda concretado por el país en 2005. Los fondos buitre trabaron embargos por todo el mundo contra 29 bienes del Estado nacional. El último caso fue la retención de la Fragata Libertad en el puerto de Tema en Ghana, pero también lograron medidas judiciales favorables sobre reservas del Banco Central, cuentas de las embajadas, inmuebles de la Fuerza Aérea y hasta el Tango 01, el avión presidencial. En todos los casos, el Estado argentino recuperó el bien embargado sin haber negociado con los inversores especulativos.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó a fines de octubre pasado un reclamo de los fondos buitre donde sostienen que Argentina discrimina a los tenedores de bonos que no ingresaron al canje de deuda de 2005 y 2010 respecto de los que sí participaron. La Corte no se pronunció sobre cómo subsanar el hecho sino que solicitó al juez Thomas Griesa que presente una propuesta. El magistrado estableció que la Argentina debía depositar 1330 millones de dólares en una cuenta de garantía y ordenó al Bank of New York que no canalice los pagos de deuda de diciembre si el país no cumplía con esa decisión. La propuesta de Griesa fue suspendida por la Cámara, que se tomó tiempo para volver a escuchar los argumentos de los buitres, la Argentina y terceras partes involucradas, como el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal y el sistema financiero internacional que, defendiendo sus propios intereses, fortalecen la posición del país. Argentina ofreció a la Justicia norteamericana la reapertura del canje para resolver el conflicto.
Después de la reestructuración en dos tramos –2005 y 2010– con una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos, se normalizó el 92,4 por ciento de la deuda en default. En ese proceso, el peso de la deuda se redujo de 160 a 41 por ciento del PIB. El resto supone un valor cercano a los 11.200 millones de dólares. De este total, el 8,3 por ciento se encuentra en manos de residentes estadounidenses, pero la mayor parte está en poder de fondos buitre. Los buitres que litigan contra Argentina alrededor del mundo son 47, pero los más conocidos son EM Ltd., propiedad de Kenneth Dart, y NML Capital y Elliot Management, de Paul Singer. Además de reclamar legalmente en juzgados permeables provocando situaciones de tensión financiera, el reclamo de esos especuladores afecta a bonistas e incluso pone en riesgo el rol de Nueva York como principal plaza financiera internacional.
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