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Igual que al iniciarse el primer mandato presidencial de CFK, la crisis internacional proyecta su sombra sobre los primeros doce meses del segundo, ahora con una marcada desaceleración del crecimiento. A pesar de ello, su gobierno ha profundizado una política de expansión de derechos para los más débiles y de controles para los poderosos, que es el sello distintivo de su proyecto político. En todas las crisis anteriores, la única opción era el ajuste sobre el nivel de empleo o el de los salarios o sobre ambos. Esta vez no ha ocurrido nada de eso. La persistente inflación, consecuencia de las superganancias de los sectores más concentrados de la producción y el comercio que abusan de su posición de mercado, no ha tenido el efecto habitual sobre quienes dependen de ingresos fijos, ya que los salarios pactados en convenciones paritarias y las jubilaciones han crecido por encima de las cifras del Indice de Precios al Consumidor (tanto las voluntaristas del INDEC como las del carrito del supermercado del siempre expresivo Hugo Moyano y las del ojímetro de las consultoras santificadas por las reliquias del Grupo Ahhh...). Al mismo tiempo las medidas activas adoptadas por el gobierno han permitido mantener sin una caída importante el empleo y sólo se ha producido un deslizamiento mínimo, de ocupados plenos a subempleados, mientras no decae la tasa de actividad y no ha dejado de reducirse la desigualdad. Aquellos que no gozan de un trabajo formal han podido compensar en parte la merma con las transferencias directas de la actualizada Asignación Universal por Hijo y los bienes indirectos derivados de la estructura de subsidios que abaratan sus consumos esenciales. Los efectos de la recesión en Europa y el mínimo crecimiento en Brasil son ocultados en forma deliberada por quienes pretenden cargar a la cuenta del gobierno toda restricción, como por ejemplo la demora en actualizar el mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a los ingresos de las personas. Gracias a la deficiencia explicativa oficial, ese legítimo reclamo ha sido desplazado por otro, insostenible, de lisa y llana supresión de la carga incluso sobre los salarios más elevados. Al paro del 20 de noviembre, durante el cual la Capital estuvo vacía por los piquetes que impidieron el acceso, pero el consumo de electricidad no disminuyó porque industria y servicios funcionaron con normalidad, se sumó la convergencia de las centrales que encabezan Moyano y Antonio Caló en una reivindicación de Augusto Timoteo Vandor, “instrumento de la oligarquía en la clase obrera” según la calificación de Rodolfo Walsh en su libro ¿Quién mató a Rosendo?. Esto mide la endeblez moral del sustento organizativo construido por el gobierno en el mundo del trabajo. Vandor sólo puede salir ganando en el cotejo con el artífice de esa recomposición, el agente de Inteligencia infiltrado entre los albañiles Gerardo Martínez. Al mismo tiempo, el Congreso ha puesto en marcha mecanismos de control y disciplinamiento sobre las mayores empresas. La regulación estatal sancionada esta semana para que el Mercado de Valores deje de ser un casino de lujo y sirva para canalizar hacia la inversión privada recursos que hoy se fugan o se autodestruyen, se agrega a la reforma de la carta orgánica del Banco Central, la estatización de YPF, el decreto 1277 de información y regulación del mercado hidrocarburífero y la entrada en vigencia plena la semana próxima de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esta semana se creó también el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y obtuvo media sanción la ley para los trabajadores en casas de familia; la Legislatura bonaerense sancionó la ley de acceso justo al hábitat y declaró inembargable la vivienda única familiar. Además, la presidente recibió al nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien transmitió el apoyo argentino a ese sistema de protección y promoción. Este apartamiento de las tradiciones nacionales explica mejor que cualquier anécdota el gran malestar de los sectores acostumbrados a que las crisis se descargaran sobre los trabajadores, con empleo, desocupados o encarcelados, tal como hoy ocurre en la España suicida.
Ese fastidio se hizo explícito en el cacerolazo de papel del Episcopado católico. Su nuevo presidente, José María Toté Arancedo, es uno de los diez hijos de una acaudalada familia de Temperley, cuya propiedad familiar de estilo churrigueresco español tenía un jardín andaluz inspirado en la Alhambra de Granada. La madre de Toté se levantaba al alba para escuchar la primera misa y se bañaba con agua fría, incluso en invierno, “para no mimar al cuerpo” según instruía a sus hijos. Pero el primo Raúl Alfonsín desvió la austera vocación de Toté, quien podría haber sido un sacerdote obrero, y lo impulsó a estudiar en Roma e iniciarse en la molicie de la burocracia vaticana. El mayor de los varones, Ricardo Perucho Arancedo, se encargó de la sociedad familiar, Arancedo Hermanos, que está entre los principales consignatarios de hacienda del país. Dos hermanas del prelado, Marilina y María Amalia, se casaron también con fuertes ganaderos y el primo Roberto Arancedo preside el Mercado de Liniers desde 1992. También encabezó el Centro de Consignatarios de Productos del País. Los directivos de la empresa familiar son muy activos en la política ganadera, en oposición constante al gobierno. Cuenta un viejo amigo de los Arancedo: “Son formadores de precios, a través de aquella vieja práctica de la venta al oído, que Kirchner prohibió en 2006”. El mecanismo consistía en un acuerdo previo entre comprador y vendedor, que después se escenificaba en la subasta y permitía que 55 consignatarios que no representaban más del 20 por ciento de los vacunos que iban a faena impusieran los precios a todo el sector. Dos años después, Toté Arancedo apoyó las “demandas justas” de las cámaras patronales agropecuarias y reclamó a Cristina “revisar aquello que ha motivado el conflicto”. Es recomendable tener presente esta historia al releer el saludo episcopal de Navidad que, según el secretariado de Curas en Opción por los Pobres, “parece más preparativo del 7D, día que la independiente Corte de Justicia fijó para el fin de las cautelares”. Agregan que “para hablar de desocupación, empobrecimiento, hambre, inseguridad remitimos a los datos de la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial o las estadísticas de inseguridad de la Corte. Lo menos que podemos decir es que nosotros, que estamos en los barrios, entre la gente, con los pies en el barro, tenemos una mirada muy distinta de la que presenta el documento episcopal. Y precisamente desde ese barro, queremos saludar por la Navidad adelantada a los pobres de nuestra Patria que reclama justicia e igualdad ante la ley”.
En el último día de sesiones ordinarias del Congreso, se creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La ley, elaborada por una coalición de organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Comisión de la Provincia de Buenos Aires por la Memoria y el CELS, articula un sistema nacional autónomo. Su vértice es el Mecanismo Nacional, con sede en el Poder Legislativo, e incluye al Consejo Federal de Mecanismos Locales, a los mecanismos provinciales ya creados o a crearse y a los entes públicos y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesados en impedir la tortura. Sus facultades de visita, con o sin previo aviso, a los lugares donde haya personas privadas de su libertad, sean cárceles, comisarías, instituciones de menores o psiquiátricas, son amplias (podrá ingresar con teléfonos celulares, computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación; realizar entrevistas confidenciales sin testigos; reunirse con familiares, magistrados y funcionarios judiciales, abogados y médicos de los servicios penitenciarios; citar y pedir explicaciones e informaciones a los funcionarios de los lugares de encierro; supervisar el funcionamiento de los sistemas disciplinarios y de ascensos de las instituciones penitenciarias y promover sanciones por las infracciones que comprueben). Los funcionarios que obstaculicen su tarea pueden recibir penas de hasta dos años de prisión. El mecanismo podrá solicitar datos, información o documentación a cualquier autoridad de todos los poderes en todo el país y acceder a cualquier documento; creará y coordinará dos registros nacionales, de casos de tortura y de hábeas corpus por el agravamiento de condiciones de detención; elaborará normas para todo el país sobre capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación, empleo de la fuerza, requisa y medidas de sujeción; régimen disciplinario, designación de funcionarios, documentación e investigación de casos, régimen de traslados y fortalecimiento de los controles judiciales. También diseñará y recomendará políticas de prevención. La ley fue sancionada por unanimidad, aunque la votación final en la Cámara de Diputados arrojó 137 votos a favor y 48 en contra, porque el artículo del proyecto sobre la composición del Mecanismo Nacional tenía dos redacciones distintas, una por cada Cámara. La media sanción que Diputados le dio en 2011 fue corregida hace dos semanas por el Senado. Pero todos los bloques aclararon que estaban a favor de su creación. Sus integrantes se ampliaron a trece, lo cual incluye seis miembros propuestos por el Congreso, tres por las ONG, tres por los mecanismos locales y uno por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ningún caso podrán ser legisladores o funcionarios con otro cargo, ya que la tarea requiere dedicación exclusiva, y el proceso de designación seguirá las pautas de idoneidad y transparencia diseñadas hace una década para la de los jueces federales (con publicidad de sus antecedentes, período de impugnaciones y audiencia pública), pero aún más exigentes ya que deberán contar con acuerdo de las dos cámaras del Congreso. Otro recaudo que debe asegurar su independencia es el funcionamiento en red con los organismos defensores de los derechos humanos. Su sanción colocará a la Argentina en un lugar de vanguardia en la construcción de institucionalidad para la prevención de la tortura. Creado el mecanismo, comienza la batalla por su implementación.
En el mismo sentido avanza la propuesta que la Argentina presentó el 16 de noviembre ante el Consejo Permanente de la OEA para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Durante un encuentro en Olivos con el nuevo secretario ejecutivo de la CIDH, el sociólogo mexicano Emilio Alvarez Icaza, CFK le transmitió el respaldo argentino al sistema. Ningún otro mandatario de los 35 países miembros de la OEA lo había recibido. En la presentación dispuesta por el canciller Héctor Timerman, la Argentina defendió la autonomía e independencia del Sistema y, a diferencia de otros gobiernos populares de la región, que consideraron sus actos como intromisión en sus asuntos internos, lo definió como “una herramienta de mejoramiento institucional”. Defendió su universalización, lo cual incluye tanto el pedido a Venezuela para que no se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana como a Estados Unidos para que se someta a ella. Postuló que los estados miembros deben asumir la responsabilidad en el financiamiento del Sistema para reemplazar en un plazo de dos años las contribuciones voluntarias por aportes obligatorios estatales, “definidos en proporción a la cantidad de habitantes”. Este fondo sería administrado por la propia CIDH. El gobierno argentino encomió las recomendaciones que “viene haciendo exitosamente la Relatoría para la Libertad de Expresión” y propuso que todas las relatorías hagan lo mismo. Mientras los estados no asuman el financiamiento completo del sistema, la Argentina propuso que la Comisión Interamericana identifique los temas prioritarios y distribuya entre las relatorías los fondos recibidos de gobiernos y ONG. Sugirió la creación de una relatoría sobre derechos económicos, sociales y culturales y reclamó que el informe anual a la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos no se circunscriba a países determinados (los abonados permanentes son Cuba y Venezuela) sino que se extienda a todos los miembros y repase sus esfuerzos para ratificar instrumentos, tipo y número de violaciones alegadas, cumplimiento de medidas cautelares, decisiones y sentencias. Ese informe se presentaría ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, donde cada país haría conocer su reacción. También pidió una reglamentación precisa sobre medidas cautelares en casos que comprometan la vida o la integridad personal y respecto de los plazos procesales en la tramitación de los casos. Luego de la audiencia con la presidente, Alvarez Icaza declaró que la Argentina “representa un modelo paradigmático de relación con el sistema interamericano”.
El Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y el bloque kirchnerista lograron la sanción de la ley del derecho a la vivienda y a un hábitat digno, que dejó de lado la normativa de la dictadura militar, pese a la reticencia de la agrupación sciolista La Juan Domingo, de los senadores que responden al intendente de Tigre Sergio Massa, de los del GEN y del monobloque radical de Santiago Nino. La regulación estatal del suelo urbanizado privilegia el interés general, la equidad y la inclusión social por sobre el interés individual de los propietarios y desarrolladores inmobiliarios, que elevaron en forma sideral los precios del suelo y obstaculizaron el acceso a la vivienda adecuada por parte de los sectores populares y medios, lo cual redundó en un déficit habitacional para un millón y medio de hogares. El proyecto, elaborado por una red de organizaciones públicas y no gubernamentales, había sido frenado por Scioli a principios de año, luego de varios artículos furibundos en el diario La Nación, pero fue retomado por Mariotto, La Cámpora, Miles y Nuevo Encuentro. Scioli amenazó con vetar los artículos que establecen que los desarrolladores de proyectos suntuarios (barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings, cementerios privados que ocupen predios de más de 5000 m2) cedan el 10 por ciento del terreno para loteos populares, o su equivalente en dinero o en suelo urbanizable en otro lugar y que los municipios declaren obligatorio el loteo o la edificación de terrenos baldíos y construcciones paralizadas y si el propietario no lo hace en cinco años, los expropie. Como el veto parcial no existe y el costo del veto total sería devastador para su proyecto político, terminó por resignarse y anunciar que en la reglamentación defendería la propiedad privada (sic). La oposición de Massa se sustenta en los intereses de su ex jefe de gabinete, Jorge O’Reilly Lanusse, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, con predilección por las tierras públicas. Los dos senadores que le responden (Jorge D’Onofrio y José Luis Pallares) anunciaron que votarían en contra, pero al ver que de todos modos la ley se aprobaría, levantaron la mano en silencio.
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