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Desde París
La “izquierda eficaz” ha vuelto a hacer de las suyas. A años luz de las promesas electorales y los compromisos asumidos ante los trabajadores, el socialismo francés se rindió ante la pareja formada por el poderoso banco Goldman Sachs y el magnate del acero Lakshmi Mittal, al frente de la multinacional Arcelor Mittal. Obreros llorando como niños, un primer ministro desacreditado, un poder que pisoteó sus principios y un montón de sueños rotos es el saldo final de la rocambolesca historia de la batalla en torno de los altos hornos de Florange. La política de esta multinacional del acero ha dado lugar a dos enfrentamientos consecutivos. El primero, con el precedente gobierno conservador de Nicolas Sarkozy. El segundo ahora, con los socialistas que llegaron al poder en mayo pasado. En las dos ocasiones, Arcelor Mittal doblegó al poder político.
Situados en Lorena, la región de producción de acero más importante de Francia, los altos hornos de Florange han sido el teatro de un férreo antagonismo entre el gobierno del presidente socialista François Hollande, el sector más a la izquierda de ese Ejecutivo, y el anglo indio Lakshmi Mittal, cuya empresa, Arcelor Mittal, emplea a 260.000 personas en 80 países. Ante las amenazas de cierre de esa planta propiedad de Mittal y el consiguiente despido de más de 600 obreros, Hollande se había comprometido a salvar tanto la empresa como los puestos de trabajo. El 24 de febrero de este año, en plena campaña electoral, Hollande había dicho ante los metalúrgicos que lo escuchaban hablar parado sobre un camión que cumpliría con su palabra “porque no quiero encontrarme en la situación de ser electo un día por una promesa y luego no poder volver porque no fue cumplida”.
Ese discurso desempeñó un papel importante en la victoria posterior de Hollande (abril-mayo 2012). Con su compromiso, Hollande encarnó la ruptura con la incontenible ola de promesas incumplidas de su predecesor, el conservador Sarkozy. El ex mandatario se vio confrontado al mismo problema en 2008. Dos años antes, Mittal compró por 29.000 millones de euros el grupo siderúrgico europeo Arcelor con la promesa de no despedir personal. Mittal rompió el pacto: cerró la planta de Gandrange y despidió a más de 500 obreros. El entonces presidente Sarkozy intervino personalmente en el enredo y prometió a los obreros que no los abandonaría. Sin embargo, Sarkozy no consiguió que Mittal diera marcha atrás en su proyecto. De allí que la frase de Hollande tuviera tanto peso.
Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, las palabras se quedaron en el altar de la historia. Arcelor Mittal no cambió su rumbo y decidió ahora cerrar dos altos hornos de Florange y despedir a los 630 obreros que trabajan en la producción de acero para el grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën. En ese forcejeo se metió el ministro de la Reactivación Productiva, Arnaud Montebourg, representante del ala izquierda del PS, papá francés de la antiglobalización y lancero de la cruzada contra las multinacionales y su extraordinario poder de sometimiento. Montebourg enfrentó a Mittal sin mediciones discursivas: le recordó que el año pasado repartió 2200 millones de euros en dividendos, acusó al propietario de la empresa de “mentir y chantajear al Estado”, alegó que no quería que “Mittal siga en Francia porque no ha respetado a Francia” y, por último, amenazó con nacionalizar la empresa si Mittal se empeñaba en cerrar las dos plantas de Florange. Las buenas épocas de la confrontación pública entre el socialismo y el gran capital habían salido del recuerdo.
El sindicalismo francés aplaudió a su ministro, el patronato lo fustigó y el jefe del Ejecutivo, Jean-Marc Ayrault, lo desacreditó. Ayrault barrió la idea de nacionalizar la empresa y terminó firmando con Mittal un acuerdo que le deja al grupo todas las cartas en la mano. El pacto abre una salida hacia la tumba de la siderúrgica francesa. Según el primer ministro, el acuerdo establece que Arcelor Mittal se compromete a reubicar a los 630 trabajadores concernidos por los despidos. Sin embargo, Mittal obtuvo que los hornos permanecieran cerrados y, pese a que se comprometió a invertir 180 millones de euros en cinco años para desarrollar el acero en frío, el pacto gobierno-Mittal deja sin efecto un proyecto alternativo considerado como una tabla de salvación por el sector del acero y los miles de empleos que dependen de él: Ulcos. Se trata de un procedimiento para producir acero mediante el cual se dividen por dos las emisiones de gas carbónico. El atractivo del proyecto Ulcos no estaba sólo en el hecho de que debía ser desarrollado por Mittal sino, sobre todo, en las subvenciones europeas que lo respaldan con un total de 260 millones de euros. Sin Mittal no hay Ulcos, sin Ulcos hay menos futuro. Mittal, en suma, hizo y deshizo a su manera. Para los sindicatos, el entierro de Ulcos significa la muerte de la acería en Lorena. Para el gobierno, toda la negociación con Mittal simboliza el triunfo del gran capital contra el mundo obrero. “Nos han metido la cabeza bajo el agua”, dijo con lágrimas en los ojos Edouard Martin, el líder del sindicato CFDT en Arcelor Mittal. El Ejecutivo quedó en pésima postura, doblemente: ante los obreros del acero y ante la opinión pública en general. Edouard Martin le declaró el jueves la guerra al gobierno, al que comparó con el de su predecesor: “La traición prosigue. Creímos haber alcanzado el colmo del cinismo con Sarkozy. Pues no. Aún no habíamos llegado al paroxismo. Ahora tenemos dos enemigos: Mittal y el gobierno”. Mittal tiene como aliado al banco de negocios Goldman Sachs. Esta institución bancaria financió en 2006 la compra de Arcelor. Desde entonces, son dos inseparables aplanadoras de los derechos del trabajo y fieles adeptos a la estrategia de la inversión a corto plazo con jugosas ganancias.
Arcelor Mittal sufrió la crisis de la producción del acero, la cual se desplazó a China (45 por ciento del mercado mundial). En 2007, Mittal facturó ganancias por más de 10.000 millones de euros. El año pasado repartió más de dos mil millones de euros en dividendos, de los cuales casi mil fueron a manos de la familia de Lakshmi Mittal. El traspié de las negociaciones entre el Ejecutivo socialista y la multinacional dejó flotando en la sociedad la sensación de que el patronato y la lógica financiera ganaron una batalla esencial ante un poder político que erigió su legitimidad como escudo contra esas dos fuerzas.
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