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Las víctimas del franquismo y la izquierda española celebraron ayer la vía abierta por la Justicia argentina por los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, un proceso que hasta ahora no tuvo lugar en una España en la que el intento que emprendió el entonces juez Baltasar Garzón quedó trunco porque el magistrado fue inhabilitado. “Es un hecho histórico”, celebraron en Madrid asociaciones de víctimas del franquismo.
La jueza María Servini de Cubría decretó anteayer en Buenos Aires la imputación y la detención –con la correspondiente orden de captura internacional– de cuatro ex policías acusados de practicar la tortura durante la dictadura de Franco. Los reclamados son Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, de 66 años; Celso Galván Abascal, de 78; Jesús Muñecas Aguilar, de 74; y José Ignacio Giralte González, de 72. La decisión es la primera victoria de las víctimas del franquismo.
“Es la primera vez que se exige que alguien responda por lo que ha hecho en la dictadura”, celebró ayer en Madrid Ana Mesutti, una de las abogadas en la causa. “Es una puerta abierta para un futuro esperanzador”, sostuvo Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), uno de los grupos que presentaron querella en Argentina.
La izquierda española se unió a la celebración, y también al pesar porque sea otro país el que investigue lo que sucedió en España. “Aquí el proceso político al franquismo no se pudo hacer y siempre eso deja unas cuestiones pendientes que durarán mucho tiempo”, dijo el dirigente socialista Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno con Felipe González. El líder de Izquierda Unida, tercera fuerza parlamentaria de ámbito nacional, Cayo Lara, cuestionó el papel de su país. “España no puede perder el tren de la historia”, aseguró. Lara habló de una batalla “perdida” hasta ahora y expresó su “sueño” de que un gobierno español “repare” lo que ocurrió durante aquel período de la historia del país.
“No podemos ser el agujero negro de Europa y tenemos que resolver esta situación, porque el olvido mata. La verdad quizás duela, pero el olvido mata”, manifestó por su parte el portavoz parlamentario de la formación catalana Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Alfred Bosch, que celebró que “al menos en Argentina” se está investigando.
Pese a la victoria que es para las víctimas y familiares la orden de detención internacional contra cuatro torturadores, no está claro que éstos vayan a ser arrestados y enviados a la Argentina.
La decisión está en manos del gobierno de Mariano Rajoy. Y hace unos meses, según se quejaron los querellantes, el Ejecutivo del conservador Partido Popular (PP) hizo gestiones para que en el consulado argentino en Madrid se suspendiera una teleconferencia en la que la jueza Servini quería tomarles testimonio. Amnistía Internacional denunció en junio que “el Estado español ha puesto múltiples obstáculos al avance de la causa”.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, rechazó ayer pronunciarse sobre la decisión argentina. “Pienso que eso es un tema que en todo caso tiene que ver con la cooperación judicial y que afecta fundamentalmente al ámbito de la Justicia”, manifestó.
La abogada Mesutti reflexionó sobre ese escollo. “Si las autoridades no proceden a las detenciones, no podemos obligar a las autoridades.” Y, a la vez, advirtió que “quedar como refugio de personas que están buscadas internacionalmente no es una buena imagen” para España.
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